Los sindicatos destapan el "acoso laboral" que sufren las madres trabajadoras en Correos

La conciliación ha sido una de las materias más mimadas por el actual Gobierno, que en 2019 reguló el Estatuto del Trabajador, que ahora recoge que "las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral". 

"Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años", añade el texto legal. 

Pero la compañía pública más grande del Estado que es Correos, presidida por Juan Manuel Serrano, sigue protagonizando incumplimientos en esta materia, tal y como han denunciado varios sindicatos. 

"Acoso laboral"

La reiteración de incumplimientos parece haber llegado a tal grado que este pasado 5 de mayo el sindicato SIPTCE denunciaba, vía correo electrónico a varios departamentos de Correos, la presunta "situación de acoso laboral hacia las madres trabajadoras por parte de la Gerencia y Relaciones laborales" de la compañía estatal en el área noreste de Cataluña. 

El mensaje, al que ha tenido acceso Elcierreidigital.com, señala que "a raíz de los continuos movimientos contractuales que realiza la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en Cataluña, las personas, en un 100 por cien mujeres con hijos menores a cargo, con hijos discapacitados y/o familiares con posibilidades reducidas de movilidad a cargo, se les niega sistemáticamente el derecho a conciliar la vida laboral y familiar". 

Correos, según el sindicato liderado por Manuel Aguilella, alarga los plazos de autorización hasta el último día, que llega a los 3 meses, al objeto de que desistan en su empeño. "La empresa pública Correos, retuerce la Ley y juega con los plazos, aunque las necesidades familiares sean urgentes", afirman. 

Oficina de la compañía Correos. 

Fuentes sindicales consultadas por Elcierredigital.com señalan que "lo que se puede conceder de forma inmediata se dilata en el tiempo, aprovechando que la Ley establece un mes para que la empresa conteste y que se conoce que se tarda unos dos meses en obtener fecha de juicio, concediendo la conciliación en el límite de este tiempo". 

SIPTCE pone como ejemplo de trabajadoras que han sufrido zancadillas por parte de la empresa como la persona "eventual que ha solicitado un turno de mañana para poder cuidar de sus tres hijos menores de edad ya que su esposo tiene una discapacidad severa". 

O una "trabajadora eventual, madre de un menor de 12 años - 4 años de edad, a la que se le niega el poder conciliar la vida laboral y familiar en una situación complicada". U otra "trabajadora eventual con dos hijos menores a cargo, sin ayuda familiar alguna, en proceso de separación complicado, que ha recibido una negativa por respuesta a pesar de las opciones que ha dado y que son compatibles con la organización de la empresa, como todos los casos anteriores". 

Un caso sangrante

El el seno de Correos golpeó con fuerza la derrota judicial de la compañía en un fallo del Juzgado de lo Social número 1 de Manresa fechado el 3 de junio de 2022. La sentencia nº 116/2022, a la que ha tenido acceso Elcierredigital.com, condenó a Correos por intentar negarse a otorgar un horario laboral favorable a la conciliación a la madre de 4 menores, 1 de ellos con una discapacidad del 33%. 

Juan Manuel Serrano, presidente de Correos.

El fallo estima "la demanda sobre conciliación de vida familiar y laboral interpuesta" por la trabajadora "frente a la empresa Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. reconociendo la adaptación de jornada solicitada". 

Otra sentencia, en este caso del Juzgado de lo Social número 27 de Barcelona, también estimó este año el derecho de una trabajadora radicada en Cataluña a trasladarse a un centro de trabajo de Correos de la provincia de Cádiz.