Las acciones tras el adelanto electoral: La Moncloa aprobó 440 millones en publicidad el día que convocó el 23-J

Tras las elecciones autonómicas y municipales que culminaron con una preponderancia del Partido Popular (PP) en la mayoría de autonomías españolas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió convocar elecciones generales anticipadas para el próximo 23 de julio. Lo hizo tan solo un día después de conocer los resultados de las urnas, el 29 de mayo. Sin embargo, no fue la única decisión que se tomó en el Consejo de Ministros ese mismo día.

El adelanto de lo que sucedió ese día tuvo lugar en febrero. En ese mes, el Gobierno de España anunció que el contrato de publicidad institucional para los dos próximos años —tras finalizar el vigente desde 2021 el 28 de febrero de este año— constaría con un presupuesto máximo de 400 millones de euros sin impuestos. Una cifra que fue aumentada el 29 de mayo de 2023.

El mismo día que se decidía convocar las elecciones generales anticipadas, el gobierno de Pedro Sánchez autorizaba el acuerdo marco para la “compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de campañas de publicidad institucional”. El presupuesto máximo estimado lo cifraban en 440 millones de euros que se dividirán en dos lotes, “según se trate de servicios que incluyan o no difusión en el medio televisión”, cuya publicidad suele ser más cara. Así lo daba a conocer la Moncloa en su página web oficial.

Pedro Sánchez el día que convocó las elecciones generales anticipadas del 23 de julio.

Según medios como The Objective, esto supondría “la adjudicación del mayor contrato de publicidad institucional de la historia”. Este mismo medio afirmaba que el “Gobierno de Sánchez ha sido el que más ha utilizado la publicidad institucional desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero”.

Análisis de los anteriores presupuestos de publicidad institucional

Lo cierto es que la cifra de 440 millones de euros es sorprendente si se analizan los anteriores planes de Publicidad y Comunicación Institucional que están publicados en la web de la Moncloa como parte del ejercicio de transparencia que se debe hacer en estos casos.

En el plan de este 2023 se estimaba un gasto de 145.985.970 euros que se distribuirían en un total de 193 campañas. La mayoría de ellas, en torno a un 27 por ciento, irían destinadas al ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, seguido por el de Cultura y Deporte (alrededor de un 8 por ciento), Interior (6,22 por ciento), Trabajo y Economía (5,7 por ciento) y Sanidad (5,18 por ciento).

Presupuesto de publicidad institucional para el año 2023.

La cifra es ligeramente inferior a la que figuraba en el plan de 2022, en el que figuraba un presupuesto total de 158.348.753 euros. De nuevo, el que se llevaba mayor número de campañas era el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (33,53 por ciento), pero esta vez seguido por el ministerio de Sanidad (9,58 por ciento), Cultura y Deporte (7,78 por ciento) y el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (7,19 por ciento).

En 2022 la cifra aumentó con respecto a 2021, que tenía un presupuesto total de 123.382.342 euros. De nuevo, era el ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico el que se llevaba el mayor número de campañas.

Llama la atención este incremento si se tiene en cuenta el plan de 2020, primer año de Gobierno de Pedro Sánchez tras las anteriores elecciones generales —aunque llevaba en el cargo desde 2018 debido a la moción de censura contra Mariano Rajoy—, de noviembre de 2019, en el que el presupuesto total del plan de publicidad institucional era de 66.059.724. El siguiente año prácticamente se duplicó.

Presupuesto de publicidad institucional del año 2020.

Así, en 2019 el plan tenía un presupuesto de 62.851.905 euros, en 2018 de 71.566.716 euros y en 2017 de 70.177.235 euros.

Los plazos de duración de cada acuerdo marco para la compra de espacios publicitarios son de dos años prorrogables por dos años más, por lo que en cada ejercicio las cantidades pactadas podrían permanecer un máximo de cuatro años. Este aprobado en 2023 podría estar, de tal modo, hasta el año 2027.

Este acuerdo incluye “a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y demás entidades públicas estatales, así como las entidades adheridas conforme al artículo 229.3 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en el ámbito estatal”, según el anuncio de la Moncloa.