Sobreseída definitivamente la denuncia por extorsión contra el expolítico socialista Eduardo Tamayo

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado auto de sobreseimiento, contra el que no cabe recurso, de la causa abierta contra el expolítico Eduardo Tamayo y el exsecretario de Manos Limpias, Miguel Bernard, en la denuncia interpuesta contra ambos por extorsión por el empresario Alfonso Caneiro.

El pasado 14 de octubre los nombres del expolítico, Eduardo Tamayo, y el exsecretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernard, regresaban al foco de la opinión pública a raíz de la aparición de unas investigaciones que situaban a ambos dentro de un supuesto grupo organizado que se encargaba presuntamente de extorsionar a un conocido empresario pesquero de Galicia, Alfonso Caneiro.

Según informaba La Voz de Galicia, mediante una notificación de la Guardia Civil, esta organización, compuesta por seis integrantes, le reclamaba al empresario 400.000 euros por el resultado de una deuda no reconocida. Después de que Caneiro se negara a pagar dicha cantidad fue cuando surgieron las supuestas advertencias, según palabras del empresario.

Uno de los implicados en este caso, Eduardo Tamayo, quien fuera el abogado del empresario durante cuatro años, ya confesó a ElCierreDigital.com su inocencia y aseguró que no había extorsionado a nadie.

Eduardo Tamayo, abogado de Caneiro durante 4 años.

Tamayo afirmó que hizo gestiones comprobando que el gobierno guineano hizo efectivo lo que faltaba de la indemnización en la cuenta de la empresa en el Banco de Sabadell. “Caneiro me dijo que no había cobrado, pero inmediatamente transfirió todo ese dinero a una cuenta de otra sociedad”, de esta forma se defendía el expolítico socialista.

Hasta el momento esta es la versión más aceptada por la Justicia debido a que un juez de Vigo ha validado el testimonio de Tamayo y Bernard y ha decidido sobreseer y archivar las causas de ambos provisionalmente. Pero esta decisión fue recurrida por Caneiro ante la Audiencia Provincial que ahora da la razón a los investigados.

El documento judicial expone que no se puede concluir que haya habido "connivencia" entre los denunciados con el fin de extorsionar a este empresario, quien denunció que estaba siendo amenazado por personas que habían sido socios suyos en distintas empresas. Le exigían, dijo, entregar dinero para evitar que se publicasen informaciones "falsas" que perjudicarían su prestigio profesional y personal, "al relacionarlo con negocios fraudulentos en Guinea". Implicarían también a cargos políticos.

Argumentos para la exculpación

El resultado de las diligencias practicadas lleva al juez a considerar que los comportamientos de los investigados no son de "intensidad suficiente" para encuadrarlos en la violencia o intimidación necesarias para considerar que se ha producido un delito de extorsión. El auto no aprecia "indicios sólidos de criminalidad" ni en los mensajes recibidos por el empresario en los que se le reclamaba la deuda ni en las llamadas de un periodista que también figura en la causa ni en las conversaciones con otro de los investigados en las que este "invita" a buscar un acuerdo.

En el documento del Juzgado de Instrucción número 8 de Vigo se subraya una frase que se usó para implicar en la trama a Tamayo y Bernard. Esta frase decía lo siguiente: “Si no pagas, tú sí que sabrás de mí de forma implacable”. Unas palabras en las que el juez no ve ningún tipo de advertencia y que puede significar que se tome alguna medida judicial.

Alfonso Caneiro, empresario pesquero.

Caneiro también apuntaba a que recibía una serie de presiones a través de un medio de comunicación. Según su versión, este grupo de personas tenían un contacto con un periodista. El cual presuntamente les ayudaba a difundir informaciones sobre este con el objetivo de forzar al empresario a que pague su supuesta deuda.

Con respecto a este tema el juez considera que los contactos con el periodista se pueden descartar pues puede que se deban a un trabajo de investigación para el medio de comunicación en el que trabaja y, en cuanto a las recomendaciones de buscar un acuerdo de otro de los implicados, podrían ser un "consejo prestado a una persona de su confianza". Estos son, agrega, los argumentos para exculparse de los propios investigados.

Sobre otros dos denunciados, el documento manifiesta que "no se ha podido acreditar" que sean "el último eslabón de la trama delictiva" y rechaza que se haya pretendido sustentar la intimidación "en consideraciones sobre su aspecto físico". Contra esta decisión de sobreseimiento y archivo cabe recurso.

Dicho de otra manera, la Justicia considera que el expolítico habría actuado dentro de los mecanismos oportunos que el ordenamiento jurídico le facilita para la reclamación de las legítimas expectativas, el periodista habría seguido los pasos habituales para desarrollar un proceso de investigación y el ex secretario general de Manos Limpias únicamente habría dado un consejo a una persona de su confianza.

Situación judicial

La situación judicial de Tamayo por ahora esta tranquila tras archivarse la causa. Pero el caso no está cerrado ya que cabe la posibilidad de recurso.

Únicamente le quedaría por resolver una orden de búsqueda y captura por parte del gobierno de Guinea. Según cuentan fuentes de la investigación, esto es así debido a que el empresario Alfonso Caneiro en la localidad de Malabo interpuso una denuncia a el expolítico y este no pudo presenciarse en el juzgado.

Por esta razón, siguiendo los parámetros jurídicos establecidos en este país, se decreta una orden de búsqueda y captura contra Tamayo. La cual, según le consta a este medio, tiene pensado resolver una vez que finalice el proceso judicial iniciado en España.

Sin embargo para Bernard la situación es diferente. Aunque ahora ya está cerrada la causa tiene otra abierta, por la que fue detenido y puesto en prisión preventiva en 2016.

Miguel Bernard, ex secretario de Manos Limpias

A el ex secretario general de Manos Limpias se le acusó de realizar supuestas extorsiones impulsadas desde el sindicato con el fin de obtener remuneración económica a cambio de retirar querellas previamente interpuestas. A principios de este año arrancó el juicio por este asunto, en el que la Fiscalía le pedía a Bernard la pena de 24 años de cárcel.