Crisis en VOX: Alianza Cívica presenta una ampliación de la grave denuncia que podría hundir al partido de Abascal

Hace menos de dos semanas, el partido de reciente creación, Alianza Cívica, anunció la presentación de una denuncia contra el partido político Vox en la que se acusaba al partido de Santiago Abascal de presuntos delitos como malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, administración desleal, financiación ilegal y organización criminal. La denuncia iba acompañada de testificales de ex altos cargos del partido y de 19 anexos de prueba documental que probarían los presuntos delitos de los que se acusa a Vox.

Como reacción a esta noticia, Herennia Trillo, presidenta de Alianza Cívica, explicaba en este medio que habían llegado a sus manos aún más pruebas en contra de Vox. Unas pruebas con un grado de importancia tan alto que han provocado que se produzca una importante ampliación de la denuncia inicial.

Tal y como ha anunciado Alianza Cívica en sus redes sociales, el día 25 de mayo se ha presentado la ampliación de la denuncia. Esta ampliación ha permitido aumentar la prueba documental hasta los 63 anexos y cuenta con seis nuevas testificales de afiliados y altos cargos de Vox, que, según Alianza Cívica, “probarían los supuestos delitos”, por lo que han solicitado a la fiscalía que abra una investigación de los hechos.

Presentamos ampliación importante de la denuncia a @vox_es. Presuntas “CAJA B”, donaciones lavadas, fraccionamiento y no identificación de donantes, audios tesorería, tienda oculta VOX...#denuncianavox #SanemosLaDemocracia @HerenniaT pic.twitter.com/8VZcRh2xdw

— Alianza Cívica España (@alianza_civica) May 25, 2021

La ampliación de la denuncia, a la que ha podido acceder elcierredigital.com, divide los presuntos delitos y detalla el lugar en el que supuestamente ocurrieron. El primer presunto delito es el del fraccionamiento y ocultación de donaciones sin declarar y la existencia de una presunta Contabilidad B. En relación a este delito destacan los territorios de Castellón, Valencia o Murcia.

Respecto a Castellón, explican la existencia de una presunta trama por la que Vox adquiría papeletas de lotería que eran divididas en participaciones menores y se vendían a los afiliados mediante canales oficiales del partido por cinco euros, cuatro de la lotería más uno de donación. Con este método, Vox Castellón logró un supuesto beneficio de más de 1.700 euros, dinero que presuntamente dividieron e ingresaron en seis veces para evitar detallar su origen y que se les obligará a devolverlo al no identificar de manera adecuada a los donantes.

En cuanto a Valencia, la ampliación cuenta con las declaraciones de un ex alto cargo que afirma que la organización económica del partido está apoyada en dos contabilidades bien diferenciadas. Una Contabilidad A en la que se registraban las entradas y salidas de dinero declaradas y una presunta Contabilidad B en la que se anotaban las “abundantes” entradas de dinero en efectivo “procedentes de múltiples fuentes”. Según este ex alto cargo, este modus operandi se ejecutaba con el pleno conocimiento de Vox España. Unido a esto, se encuentran las supuestas inconsistencias de la Contabilidad A en los pagos, donativos o tesorería.

En la región de Murcia, un diputado de la asamblea regional detalla la presunta aceptación por parte del partido de donaciones en especie por parte de empresarios hosteleros de la región. Además, este diputado afirma que las mesas informativas eran utilizadas por el partido para el fraccionamiento de donaciones de procedencia dudosa.

Unido a estos presuntos delitos, la ampliación de la denuncia también informa de las supuestas irregularidades en los gastos de mercadotecnia, los materiales y las campañas pagadas a coste de terceros que, presuntamente, tuvieron lugar en Valencia, Alicante y Murcia.

Estos presuntos delitos se detallan gracias, entre otras cosas, a la presentación de un Excel elaborado por un alto cargo provincial que probaría la contabilidad paralela con la que se habría pagado la campaña de 2019, los documentos bancarios que demostrarían el presunto lavado de dinero con donaciones de la Caja B, una tienda con la que Vox supuestamente revendería materiales de promoción a sus propios coordinadores con sobreprecios de más de un 500% o la presunta violación de la Ley de Financiación de Partidos mediante el fraccionamiento de beneficios por venta de merchandising o el presunto intento de financiación por parte de los mismos integrantes del partido.

Merchandising de Vox.

Pese a que estos presuntos delitos tengan un aparente origen regional, Alianza Cívica explica que la coordinación, supervisión y planificación de estas actividades "tenía origen en la dirección nacional del partido", que, supuestamente, tenía conocimiento de las graves irregularidades que rodeaban la gestión de las provincias y que incluso tenían responsabilidad activa al explicar a las sedes provinciales cómo tenían que depositar las donaciones para no verse obligados a declarar los nombres de los donantes o el presunto maquillaje de las contabilidades provinciales al extrapolarlas a las contabilidades nacionales de la formación.

Pero estas no son las únicas pruebas que ha recibido Alianza Cívica, ya que, tal y como detallan en su comunicado, aún no han podido analizar toda la nueva documentación, por lo que no descartan presentar una segunda ampliación de la denuncia inicial si esta nueva información contiene pruebas lo suficientemente relevantes.

Por último, Alianza Cívica ha reconocido la valentía que han demostrado los militantes de Vox de toda España que han enviado pruebas de estos supuestos delitos, poniendo sus principios por delante de las siglas de un partido y ayudando a “parar los abusos" de los políticos que perjudican gravemente al correcto funcionamiento de la sociedad.