25 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

La Audiencia Nacional ha enviado una Comisión Rogatoria a EEUU para seguir el rastro de 4,5 millones de euros del exdiplomático de Rodríguez Zapatero

La trama de exembajador Raúl Morodo en Venezuela y el desvío de millones a cuentas offshore

Morodo en un homenaje al extinto Hugo Chávez.
Morodo en un homenaje al extinto Hugo Chávez.
Después de meses investigando el caso del diplomático español Raúl Morodo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido librar una Comisión Rogatoria a EEUU para hacer un seguimiento a los 4,5 millones de euros que el exembajador de Rodríguez Zapatero recibió del régimen chavista entre 2004 y 2007. Según los investigadores, el dinero procedía de la petrolera estatal venezolana PDVSA y habría beneficiado no solo al embajador, sino también al vicepresidente del extinto Hugo Chávez.

En julio de 2019 se producía en Madrid la sospechosa muerte del inversionista venezolano Juan Carlos Márquez en un despacho de la localidad de Alcobendas, en Madrid. Este hecho marcó un punto de inflexión en la investigación contra el exembajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, por casos de corrupción y blanqueo de capitales de dinero, proveniente de la compañía estatal petrolera venezolana PDVSA.

El fallecido era uno de los miembros clave de la trama investigada e iba a declarar en varios casos de corrupción relacionados con el régimen chavista ante la Audiencia Nacional de España. La red de presunta corrupción con origen en Venezuela que investiga la Justicia española desde hace un año se habría formado durante el periodo que Raúl Morodo ocupó en Caracas (2004-2007) el cargo de embajador del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Morodo accedió al cargo de embajador después de ocupar el puesto de diputado del Partido Socialista. Fue uno de los fundadores del PSP, Partido Socialista  Popular, en la época de Tierno Galván y José Bono. Llegó a ser también bajo el amplio manto socialista rector de la influyente Universidad Internacional Melendez Pelayo, en Santander. Fue durante su largo tiempo en la embajada española en Caracas, cuando  él y su familia entablaron una cercana relación con Hugo Chávez.

Ahora, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido que la investigación no puede mantenerse solo entre las autoridades españolas y por ello, ha pedido librar una Comisión Rogatoria a los Estados Unidos. Esta figura jurídica permite a los jueces de dos países pedirse pruebas durante la investigación de cualquier tipo de delito, aunque se ha popularizado entre la comosión de los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero, como es el caso del que fuera embajador de Rodriguez Zapatero.

Raúl Morodo junto a Hugo Chávez y su correligionario José Bono.

Según la Audiencia Nacional, el hijo del exembajador Morodo, Alejo Morodo, envío desde una sociedad, en la que figuraba como titular, parte del dinero de PDVSA a una cuenta de René Arreaza, quien fue en su momento el coordinador general de Vicepresidencia del Gobierno del extinto Hugo Chávez. Si esta teoría se confirmase, el representante político de Rodríguez Zapatero en Venezuela habría ayudado al desfalco de la principal empresa pública del país suramericano para beneficiar a la vicepresidencia chavista.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 ha emitido una providencia en la que pide a las autoridades norteamericanas que aclaren si existen una cuenta en la entidad JP Morgan Chase Bank a nombre de la estatal PDVSA, que en algún momento haya transferido a Alejo Morodo, hijo del exembajador, 530.000 euros entre el 3 de noviembre de 2010 y el 6 de junio de 2011. Este dinero habría recaído en el Credit Suisse, en una cuenta de la sociedad panameña Furnival Barrister Corp.

Ahora el magistrado ha decidido no solo centrarse en los primeros pagos, sino en investigar otros movimientos de cuentas banacarias realizadas entre el 2013 y 2014, cuando Nicolás Maduro ya era titular de la presidencia de Venezuela. Estos movimientos habrían salido de la cuenta de Alejo Morodo hacia una sociedad llamada MARCH LTD, con cuenta en Intercredit Bank, y que estarían justificados por "prestación de servicios de asesoría jurídica y consultoría internacional".

No obstante, estas operaciones, dos años después de la extracción del dinero de PDVSA, habrían sido firmadas por René Arreaza el asistente del exvicepresidente José Vigente Rangel.

Estos pagos investigados suman una importante cuantía y el magistrado de la Audiencia Nacional quiere saber a quién llegaron y su relación con Arreaza. También quiere que Estados Unidos facilite toda la información sobre esta última persona y su vinculación “a ciudadanos españoles o residentes en España investigados en estas diligencias".

Un año de la detención de Morodo

El 20 de mayo del 2019 y después de meses de investigación la policía encargada de combatir el blanqueo de capitales detuvo al exembajador Raúl Morodo por considerarlo el cabecilla de la trama. No obstante, Morodo, de 84 años, quedó en libertad por su avanzada edad, no así su hijo, Alejo Morodo.

El exembajador habría tenido relación con varios miembros del régimen chavista durante su estancia en el país caribeño. Y en sus contactos con el poder bolivariano se habrían producido encargos luego de realizar falsas contrataciones a nombre de su hijo Alejo.

Morodo no figura como firmante de ninguno de los pagos, pero la investigación lo centra como el principal artífice de la trama, que comenzó justo después de su salida de la embajada española en Caracas. Ese año, el catedrático recibió sospechosas transferencias de su hijo por importe de unos 180.000 euros. Estas transferencias están siendo investigadas por la policía antiblanqueo.

Morodo saliendo de la Audiencia Nacional en 2019.

Alejo Morodo si figura en cambio en los papeles de los pagos desvelados en el año 2015 por El País, como beneficiario de varios pagos de miles de euros por concepto de “asesorías”.

Alejo era el representante de Aequitas Abogados Consultores Asociados SL, una empresa domiciliada en la calle Fortuny de Madrid. Esta empresa sería la beneficiaria de los contratos millonarios de PDVSA, que esta representada por el fallecido Juan Carlos Márquez. En el primer pago, realizado en 2008, un año después de la salida de Raúl Morodo de la embajada en Caracas, recibió 700.000 euros de los cuales 660.000 eran honorarios profesionales y 40.000 por pagos reembolsables.

Los pagos se justificaban por una supuesta asesoría del despacho a la compañía estatal PDVSA en operaciones en España y Portugal. El contrato fue firmado en Caracas. El segundo contrato fue firmado en 2011, esta vez, con la sociedad panameña Furnival Barristers Corp, una sociedad off shore, en la que Alejo Morodo figuraba como el apoderado.

El valor del contrato fue de 526.880 euros. Justo el año siguiente se firmó un nuevo contrato por valor de 1.584.000 euros, otra vez con la española Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL.  Y aunque Morodo hijo fue quien cobró, se sospecha que fue utilizado por su padre, que no pretendía recibir pagos a su nombre.

Zapatero: de atacar a EEUU a lavarse las manos

Hace una semana, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero decía en una entrevista: “Tenemos que hacer que China, y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible”. Las declaraciones se desrrollaron en el marco del V Encuentro del Grupo de Puebla, una asociación de grupos y políticos de izquierda y extrema izquierda latinoamericana.

Zapatero se reunió con el Grupo de Puebla hace una semana.

No obstante, una semana después cambió el tono y se exculpó. Fue durante una entrevista en la Cadena COPE, donde el expresidente declaró que el caso de Morodo y el giro de la investigación sobre su persona, revelado por el diario El Mundo, no le preocupa, ya que “no tenía conocimiento al respecto”.

Zapatero ha pedido que “todas las responsabilidades que se determinen se establezcan con nitidez”. Además, ha explicado que, para él, "Morodo era un embajador más, sin especial relación". Sobre la escala de la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, comentó que “no estaba avisado” y que, a pesar de estar sancionada por España, la situación fue “insólita y exagerada”.

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