La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para Villarejo por mandar a un periodista "suyo" grabar al jefe de Asuntos Internos de la Policía, Martín-Blas

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado cuatro años de cárcel para el excomisario José Manuel Villarejo por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, en relación a la grabación y difusión de una conversación entre el ex comisario jefe de Asuntos internos de la Policía, Martin-Blas, y agentes del CNI dentro del marco del denominado caso "Pequeño Nicolás", que afecta al singular personaje de Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Una pieza que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.

El representante del Ministerio Público considera además que también Gema Isabel Alcalá, la esposa de Villarejo, y un periodista de "Información Sensible", el medio del que ella era titular y responsable, son cooperadores necesarios en la comisión de dicho delito y por ello les reclama una pena de tres años de prisión a cada uno.

En concreto, la Fiscalía sostiene que Villarejo "planeó grabar la conversación que pudiera tener el comisario Marcelino Martín-Blas", entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos, en una reunión programada con agentes del CNI "con el propósito de difundirla posteriormente en 'Información Sensible' y otros medios de comunicación y lograr así obstaculizar, entorpecer o bloquear la investigación en curso sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias", conocido como el Pequeño Nicolás.

Se refiere la Fiscalía a la cita que convocó el comisario Marcelino Martín-Blas el 20 de octubre de 2014 para informar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la investigación en curso en relación a Gómez Iglesias, que había sido detenido una semana antes como presunto autor de delitos de estafa, usurpación de funciones públicas y falsedad documental. Villarejo, de acuerdo a la denuncia de la Fiscalía, habría tenido conocimiento con antelación de la convocatoria en su calidad de comisario adjunto a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.

El excomisario José Manuel Villarejo.  (Europa Press)

El fiscal sostiene que Gema Isabel Alcalá, directora de "Información Sensible", ordenó entonces al único periodista que trabajaba en ese diario digital, que grabara parte de la conversación mantenida durante la reunión que, por intervenir dos agentes del CNI, tenía carácter de "secreto oficial".

Según el relato de la Fiscalía, el periodista C. M. habría llamado desde su móvil al del jefe de Asuntos Internos y "activó algún tipo de aplicación informática o software que permitió captar el sonido ambiente sin que pudiera ser advertido por Martín Blas". Dicha llamada fue realizada a las 17:53:04 horas del día 20 de octubre de 2014 y tuvo una duración de 13 minutos y 9 segundos, tal y como detalla el escrito de acusación.

"Parte de la conversación que estaban manteniendo los funcionarios del CNP y los agentes del CNI -añade la Fiscalía- se transmitió mediante esa llamada por el canal telefónico. El registro definitivo se efectuó por vía aérea, utilizando el acusado C.M., un dispositivo grabador que aproximó a su teléfono móvil. De esta forma se grabó la conversación mantenida entre los funcionarios del CNP y los agentes del CNI", apunta.

Los detalles de la grabación

La grabación, una vez editada, tenía una duración de casi siete minutos pero con un sonido de "muy baja calidad" por lo que sólo ha podido transcribirse parcialmente. La Fiscalía menciona algunas de las frases rescatadas del audio: "Aguantar unos días la intervención, a ver si contrata otro teléfono o no", "él no puede estar sin llamar" o "el teléfono no se ha movido de la calle Maudes".

También quedaron recogidas las afirmaciones: "Vamos a aguantar a ver si localizamos otro teléfono, vamos a intentar nosotros la intervención, casi seguro que nos la deniegan y* llegará un momento que ya no podamos más" y "es decirle a nuestro magistrado, a nuestro juez que ampliamos, que sigue haciendo lo mismo, a pesar de haber pasado por la cárcel y todo el tema".

Dos días después de aquella reunión, el 22 de octubre,  se publicó en "Información Sensible" un artículo que bajo el titular: "El CNI trincó al pequeño Nicolás" donde relataba con "fuentes próximas a la investigación" que el Centro Nacional de Inteligencia "encargó a Asuntos Internos de la Policía judicializar las pesquisas que los espías habían realizado sobre el supuesto estafador".

Un mes más tarde, como recoge el escrito de acusación, el mismo medio publicó otro artículo titulado: "La venganza del pequeño Nicolás: El joven denunciará a Asuntos internos y CNI por "fabricar" pruebas contra él". En el artículo se mencionaba, además, la existencia de una "conversación entre el comisario Marcelino Martín-Blas y unos espías" en referencia a la grabación realizada.

No era la primera vez. Así, el Ministerio Público detalla en su escrito cómo ya durante los días que Gómez Iglesias pasó detenido, el medio de Gema Alcalá difundió varias informaciones "de las que, en ese momento, únicamente tenían conocimiento los agentes de la Unidad de Asuntos Internos que llevaban la investigación y sus superiores en el CNP", como que el "pequeño Nicolás" habría "estafado a los Pujol simulando ser un agente del CNI enviado por la vicepresidenta".

Ésta es la segunda pieza del "caso Nicolay" o "Pequeño Nicolás" que investiga Pilar Martínez Gamo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. El pasado 27 de noviembre la jueza ordenó enviar a juicio a Villarejo, Alcalá y el periodista C. M. por la grabación de Martín Blas tras más de tres años de pesquisas que finalmente han dejado fuera del banquillo a Gómez Iglesias, para quien se han sobreseído las actuaciones por falta de pruebas.

En aquel auto, la jueza propuso juzgar al excomisario Villarejo por ordenar al periodista de su medio "llevar a cabo la grabación" para "conocer su contenido y divulgarlo con fines espurios" y sostiene que hay indicios suficientes como para afirmar que el periodista "capturó y transmitió por canal telefónico" el encuentro "desde el lugar de la reunión a otro terminal receptor, siendo el registro definitivo por vía aérea".

Esta acusación de la Fiscalía choca frontalmente con la declaración del propio perjudicado, el comisario Marcelino Martín-Blas, que negó en sede judicial haber recibido ninguna llamada antes ni durante esa reunión.

El juez interviene todas las empresas de Villarejo

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado nombrar un administrador judicial para gestionar el entramado societario que habría levantado el excomisario José Manuel Villarejo a fin de blanquear fondos fruto de sus actividades. Con esta decisión, se pondrán bajo tutela también las cuentas bancarias y las participaciones sociales a su nombre y el de su socio, Rafael Redondo, quienes quedan además despojados de sus cargos orgánicos en todas las mercantiles.

En un auto con fecha 5 de febrero, García Castellón adoptó esta decisión instado por la Fiscalía Anticorrupción para salvaguardar el patrimonio intervenido a Villarejo, estimado en torno a veinte millones de euros, y evitar la "pérdida irremisible" de su valor de cara a una responsabilidad civil en caso de condena que sólo por los delitos de blanqueo que se le imputan podría superar los 78 millones de euros.

Además, se nombra administración, según explica el juez, porque "se han revelado las implicaciones internacionales y la posible desviación de fondos a paraísos fiscales extraños a la acción de la justicia española", hecho del que el juez avisa en el auto pues las sociedades que ordena administrar son "el elemento más visible de la organización", que tendría "ramificaciones internacionales" de las que aún se desconoce "su contenido y alcance".

Según razona el auto, "Villarejo controla un complejo entramado societario y de cuentas bancarias vinculadas y afectos a su persona, que son utilizadas instrumentalmente para la comisión de los delitos que son objeto de investigación". Se trata de sociedades que constituirían "una típica estructura circular de participaciones que dificulta la identificación de su titularidad real y cuyo capital social es superior a los dos millones de euros".

El juez subraya que muchas de las empresas de dicho entramado presentan "una conexión directa con diversos paraísos fiscales o territorios considerados no cooperantes", que Villarejo utilizaría para "retornar desde el exterior los fondos recibidos por sus ilícitos servicios contratados con sus clientes privados", así como para "invertirlos en activos patrimoniales plenamente alejados de su origen delictivo".

Entramado criminal

En este "entramado criminal", expone el magistrado, estarían "inmersas" las sociedades vinculadas al Club Exclusivo de Negocios y Transacciones (CENYT), Cenyt Consultoría Organizacional S.L., Zoelick SL, Lextor SL, Global Sinapsis Investment SL, Inversiones Estratégicas Sensibles SL, CPD Real State Sl y Autocobermar SL, que manejaban un patrimonio "desproporcionado y no justificado".

Los socios actuales de Cenyt son Global Sinapsis Investment e Inversiones Estratégicas Sensibles, cuyo titular real es Villarejo y en la que continuaba hasta ahora ocupando el cargo de presidente y consejero, siendo también secretario y apoderado Rafael Redondo. "La actividad de dicha sociedad es puramente instrumental e imposible distinguir otro objeto social distinto que la propia actividad delictiva", señala el juez.

Caso distinto es CPD Real State -inmuebles- y Autocobermar -un parking en Marbella--, porque su objeto social es la gestión del patrimonio inmobiliario que ha venido siendo adquirido por el grupo, es decir, "en estas existen bienes pero la organización no existe o es mínima, quedando reducida a la gestión patrimonial del capital social obtenido por las primeras", explica.

Con todo, el juez entiende que "el caso de ambas mercantiles tampoco es reconocible otro sustrato organizativo que aquel puramente instrumental" y su fin es "la gestión de un patrimonio que tendría un origen manifiestamente espurio", así que ordena que se administren para al menos, asegurar "el decomiso del valor" de las ganancias "inicialmente obtenidas".