23 de julio de 2019
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FIN DE SEMANA

Hace seis años que el Tribunal de Cuentas condenó a los Gil, que no recurrieron al Supremo, pero el consistorio alega que todavía "no los ha evaluado"

El Ayuntamiento de Marbella del PP no ha ejecutado aún la sentencia para cobrar los 108 millones que la familia de Jesús Gil debe desde 2013

Exclusiva La familia Gil Marín al completo.
La familia Gil Marín al completo.
Han pasado ya seis años, pero nadie ha ejecutado la sentencia condenatoria del Tribunal de Cuentas. Otro escándalo más que afecta a la familia de Jesús Gil, condenada a pagar 108 millones de euros por desfalco a los ciudadanos de Marbella. Este Tribunal embargó a los cuatro hijos de Gil y Gil 150 propiedades mediante una sentencia de 2013, pero el Ayuntamiento marbellí del PP todavía no ha ejecutado la sentencia sobre estos bienes embargados a la espera, argumentan, "de que sean evaluados".

Diecisiete años han pasado desde que se juzgó en la Audiencia Nacional el caso Saqueo I a la ciudad de Marbella. A consecuencia de esta investigación, en 2011 el Tribunal de Cuentas, a petición del Ayuntamiento marbellí, dictó el embargo de 150 propiedades de Jesús Gil, que había sido alcalde de esta localidad malagueña entre junio de 1991 y abril de 2002. Tras su muerte, en mayo de 2004, sus hijos heredaron esas propiedades y todas las obligaciones de pago del padre. La actual alcaldesa del Partido Popular (PP) es María Ángeles Muñoz Uriol, conocida familiarmente en Marbella como Titín, que a día de hoy no ha hecho nada por revertir este desfalco.

María Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, del Partido Popular.

Esta primera sentencia del Tribunal de Cuentas de 2011 decretó el embargo de 43 locales comerciales, 6 viviendas, 5 parcelas y 96 plazas de garaje, todo propiedad de algunas de las empresas de los Gil, como Club Financiero Inmobiliario,  Miramco y las Promotoras Alhambra y Acazaba. Debido a esta sentencia del órgano de Cuentas, la familia Gil, al haber aceptado la herencia de su padre, fallecido en mayo de 2004, adquirían también la obligatoriedad de pagar 108,3 millones de euros, que fue la cantidad estimada por este Tribunal que Jesús Gil había desviado en transferencias desde las arcas municipales a sus empresas privadas entre 1994 y 1999.

Primera página de la sentencia del Tribunal de Cuentas.

Junto a los cuatro hijos de Jesús Gil y GIl, Jesús, Miguel Ángel, Óscar y María Angeles, declarados "responsables directos solidarios de dicho alcance", también hubo cinco culpables más. Entre ellos, concejales y miembros del gobierno municipal en la etapa de Gil -como el exteniente de alcalde Pedro Román Zurdo, los concejales Marisa Alcalá, Rafael González y Antonio Luque o Julián Muñoz, que fue alcalde después de Gil-, como quedó de manifiesto en sentencia de 12 de abril de 2011.

Todos recurrieron en apelación ante el Tribunal de Cuentas esta sentencia que los declaraba responsables. Pero, el 11 de abril de 2013, la misma fue ratificada de nuevo en todos sus extremos por el Tribunal de Cuentas.

A los cuatro hermanos Gil se les reclamó 81.191.869,73 euros "más los intereses devengados hasta la completa ejecución de esta sentencia", en total 108 millones de euros, que seis años después el Ayuntamiento marbellí, a cuyo frente está la popular María Angeles Muñoz, todavía no ha ejecutado la sentencia. En la misma causa, el exteniente de alcalde de Gil, Pedro Román, fue condenado a devolver 56.519.224,79 euros.

Recurso de Pedro Román

Fue, curiosamente, Pedro Román el único encausado en el desfalco que, de manera inexplicable, recurrió en casación ante el Tribunal Supremo, así como el Ayuntamiento de Marbella como perjudicado. Nunca lo hicieron los cuatro hermanos Gil Marín, para quienes la sentencia al no recurrir en casación ya era firme, según los expertos consultados por elcierredigital.com.

Finalmente la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo falló el 25 de febrero de 2016, donde estimaba solo el recurso de Pedro Román y, por tanto, le exoneraba de responsabilidad alguna al exteniente de alcalde, con el voto particular en contra del magistrado José Díaz Delgado, por entender que Román formaba parte de la corporación municipal cuando el Ayuntamiento de Marbella fue sometido a la fiscalización del Tribunal de Cuentas de Andalucía. 

No era la primera vez que el Tribunal de Cuentas atendía la petición de embargo del Ayuntamiento marbellí, ya que unos meses antes este consistorio de la Costa del Sol también había pedido que se embargasen las acciones de diez compañías vinculadas a la familia Gil, entre ellas AMZ SA, Presidencia del Club Atlético de Madrid SL y Promociones Futbolísticas SA.

Pero cuando se procedió al embargo se dieron cuenta que las mencionadas sociedades estaban prácticamente vacías de activos y que se había producido un posible alzamiento de bienes. Paralelamente, Miguel Ángel Gil Marín ocupa actualmente el puesto 192 de las personas más ricas de España, con un patrimonio estimado de unos 240 millones de euros.

Pedro Román, exteniente de alcalde de Marbella.

Las dos últimas sociedades mencionadas y vinculadas a la familia Gil fueron ya investigadas en su día por la Fiscalía Anticorrupción. Las dos, en teoría, tenían como objeto social “escuelas y servicios de perfección del deporte”. Pero la realidad era otra muy distinta. En octubre de 2006 la sociedad Promociones Futbolísticas se encontraba en fase de liquidación y, según sentencia del Tribunal Supremo del año 2004, “era una sociedad meramente instrumental que hacía de caja única”. El Fiscal Anticorrupción de entonces, José Grinda, ya calificó, en abril de 2007, a esta sociedad de “ficción, un instrumento del fallecido señor Gil”.

Todo indica que se pudo producir presuntamente un escape de activos dentro de estas sociedades, vaciándolas de cometido alguno y transfiriendo sus activos a otras mercantiles radicadas en paraísos fiscales del Reino Unido; por ejemplo, a través de Brompton Manor. A esta sociedad, la Audiencia Nacional le embargó, en diciembre de 2009, unas 164.981 acciones del Atlético de Madrid para hacer frente a los numerosos debitos de la familia Gil con la Justicia.

Las investigaciones de Anticorrupción desvelaron que Promociones Futbolísticas, en la que María Ángeles Gil Marín -la hija del ex alcalde-, actuaba como administradora, vendió en el año 2006 las acciones del club rojiblanco a Brompton Manor, en una operación que tenía como objeto ocultar la verdadera titularidad de las participaciones y evitar con ello que fueran embargadas por el “Caso Saqueo I”.

Una herencia envenenada

Los problemas jurídicos de los hijos de Jesús Gil comienzan con el fallecimiento del que fuese exalcalde de Marbella y expresidente del Atlético de Madrid en mayo de 2004, pero las causas judiciales que afectan a sus herederos aún siguen vivas y su auténtico patrimonio continúa siendo una incógnita… aunque, según declararon oficialmente sus hijos en noviembre de 2004, “el patrimonio neto provisional” de Jesús Gil tras su muerte era de 625.007 euros y  sólo en metálico había 854 euros, algo difícil de creer.

Tras una investigación profusa sobre los bienes y propiedades de la familia Gil, escondidos tras sociedades tapaderas, el Tribunal de Cuentas descubrió que existían 43 locales comerciales, 6 viviendas, 5 parcelas y 96 plazas de garaje, todo registrado a nombre de sociedades de los Gil, como Club Financiero Inmobiliario, Miramdo, Promotora Alcazaba, Promotora Alhambra, Vegángeles, etc …que están ubicadas en Madrid, Chinchón (Madrid), Puente del Arzobispo (Toledo), Marbella (Málaga),Torremolinos (Málaga). Falta todavía por investigar los bienes de la familia Gil en el extranjero, que según fuentes judiciales son múltiples.

Jesús Gil junto a sus hijos durante un congreso.

Todas las actuaciones que realizó en su día el Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Gil y Gil en Marbella estuvieron condicionadas por múltiples limitaciones, como carencias de documentos, libros, cuentas y retrasos en su entrega, lo que puso de manifiesto la escasa colaboración del gilismo con la Justicia. El gran canal de escape de Gil y Gil, por donde huía el dinero, lo constituían las 31 sociedades mercantiles de capital municipal en Marbella, de las que las autoridades marbellíes sólo comunicaron la existencia de 25, y cuyas carencias documentales eran mayúsculas.
 
Por ejemplo, la deuda de estas sociedades mercantiles municipales con la Hacienda Pública, según los datos facilitados por la Agencia Tributaria, ascendía en el año 2000 a 2.904 millones de las antiguas pesetas. Además, “algunas de estas sociedades recibieron terrenos como consecuencia de ampliaciones de capital o entregas del Ayuntamiento, constatándose diversas irregularidades en la valoración y enajenación de los mismos. Además, Eventos 2000, S.L. adquirió en 1993 un Hotel para posteriormente venderlo, operación que queda fuera de su objeto social”.
 
Unos años después el Ayuntamiento de Marbella logró amortizar en sucesivos pagos hasta 13 millones de euros de esta deuda con Hacienda y la Seguridad Social, gracias a los 40 millones de euros que ingresó con la venta de los bienes incautados a Juan Antonio Roca, el gran urdidor de toda la trama Malaya de corrupción urbanística en la Costa del Sol. Pero el Ayuntamiento todavía debe 218 millones de euros de los 279 originales que debía en 2006, así que los 108 millones de euros que debe la familia Gil sería una inyección importante de liquidez para el municipio. Desde el Ayuntamiento explicaron que con los 40 millones recaudados "tras realizar un proceso de consulta entre los vecinos del municipio, llevará a cabo proyectos como la construcción de la primera residencia pública para mayores, una nueva Escuela Oficial de Idiomas, el nuevo Conservatorio de Música y Danza de San Pedro". Asimismo, el municipio incorpora "fincas con un elevado valor simbólico en la recuperación del dinero que fue esquilmado de las arcas municipales como "La Caridad", propiedad de exasesor ubanístico y principal cerebro de la trama de corrupción destapada en el caso Malaya, Juan Antonio Roca".
 

Modus operandi de Gil

El modus operandi quedó reflejado en un denso informe del Tribunal de Cuentas, de unas 200 páginas, donde se afirmaba que “con carácter habitual, las sociedades mercantiles municipales efectuaban pagos con talones al portador o en metálico por importes elevados”, contraviniendo la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Además, la mayoría de los documentos acreditativos de las operaciones del Ayuntamiento y de las sociedades mercantiles municipales estaban constituidos “por fotocopias o facturas que no explicitan suficientemente los servicios prestados o bien sólo acreditan el recibo de los fondos por el perceptor, sin acompañar otros documentos que avalen la contraprestación realizada”.

El Ayuntamiento de Marbella.

La táctica de Gil y Gil consistía en recurrir habitualmente a fórmulas de fraccionamiento y aplazamiento de pago a sus acreedores mediante la aceptación de letras de cambio; así como “conceder diversas subvenciones a entidades privadas, sin que quede acreditado el uso dado a los fondos públicos”. De este modo, “con carácter general, se expiden órdenes de pago a justificar a nombre de concejales y de personas ajenas al Ayuntamiento. Algunos libramientos no quedan justificados en el plazo de tres meses”. Así, en el periodo investigado, quedaron sin justificar órdenes de pago expedidas a favor de concejales por importe total de 87,3 millones de pesetas (525.903 euros).

Ahora la pelota está en las manos de los actuales responsables del Ayuntamiento marbellí, que todavía no han ejecutado nada de esta sentencia seis años después. El consistorio confirmó mediante comunicado a elcierredigital.com que "aún no se ha ejecutado la sentencia, ya que el Ayuntamiento tiene aún pendiente de la evaluación de los bienes de la herencia que responden a la ejecución de la sentencia en la que se condena a Jesús Gil y Gil a 108 millones de euros, una vez que la herencia ha sido aceptada por los herederos".

La sentencia definitiva del Tribunal de Cuentas es de 2013 y al no haber recurrido los Gil en Casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, se da por ejecutable. Nuestro periódico comienza una exhaustiva investigación de que se esconde detrás de este nuevo escándalo que salpica otra vez a la familia de Jesús Gil y Gil y a determinados políticos de la Costa del Sol, que parecen amparar presuntamente la corrupción.

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