Los terroristas del 11-M: Así viven dieciséis años después del mayor atentado terrorista de nuestra historia

Hace 16 años Madrid fue el escenario del mayor atentado de la historia de España. Fue tres días antes de celebrarse unas elecciones generales. Entre las 07:36 y las 07:40 horas estallaron diez bombas en cuatro trenes de cercanías. El sistema utilizado fue mediante mochilas llenas de Goma 2-Eco. Durante los dos días siguientes los dos principales partidos políticos del momento, el Partido Popular, que en el momento de los atentados estaba en el poder, y el PSOE, se acusaron mutuamente de mentir sobre la autoría del atentado.

Miles de velas permanecieron en el exterior de la estación de Atocha durante semanas tras los atentados.

Fue el día 13 cuando Telemadrid recibió una llamada que permitió localizar en una papelera junto a la Mezquita de la M-30 un vídeo en el que Al Quaeda se declaraba autora del atentado. Un hombre con acento marroquí, que afirmaba ser Abu Dujan al Afgani y se autodenominaba portavoz militar de Al Qaeda en Europa, reivindicaba su autoría.

El terrorismo islámico, que ya se había convertido en el peligro público número 1 después del 11-S en Estados Unidos, entró en la realidad española con un saldo de 193 muertos. El proceso judicial que le siguió estuvo lleno de dificultades y de algunas campañas encabezadas por medios de comunicación que lanzaron teorías alternativas que nunca pudieron demostrar.

Hubo 28 imputados de los cuales solo 10 resultaron condenados en 2007 por la Audiencia Nacional. La Fiscalía, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctima del 11-M, varias víctimas particulares y los 21 acusados presentaron recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional. Los de los acusados iban dirigidos a la absolución; los de la Fiscalía y los afectados a incrementar las penas de algunos condenados y obtener la condena de algunos acusados que habían sido absueltos. Finalmente, en julio de 2008 el Alto Tribunal ratificó la sentencia de la Audiencia Nacional.

Actualmente, hay ocho personas que siguen cumpliendo condena en las prisiones españolas por su implicación en la mayor masacre de la historia de España.

Rachid Aglif, alias El Conejo, se encuentra recluido en la prisión de Castellón, prisión a la que fue trasladado en 2018. En 2022 cumplirá los 18 años a los que fue condenado por pertenencia a banda armada y depósito de explosivos. 

Abdemaljid Bouchar, bautizado en su día por la policía como El Gamo tras escapar de una primera detención a la carrera, se encuentra interno en el centro penitenciario de Texeiro (A Coruña), donde también está interno uno de los autores materiales de la masacre de Atocha, Jamal Zougam.

Jamal Zougam Achab, marroquí, de Tánger. Primogénito del muecín de la mezquita del barrio tangerino de Markas Al Halid. Regentaba el locutorio “Nuevo Siglo” de la calle Tribulete, nº 17, en el barrio madrileño de Lavapiés, de donde salieron los teléfonos para el atentado. Su primer trabajo en España, a principios de los noventa, fue de frutero en el conocido mercado de San Fernando, situado en la misma calle Tribulete. Siempre ha mantenido importantes conexiones con la célula española de Al Qaeda e, incluso, fue uno de los primeros “empresarios” marroquíes que captaron dinero en Lavapiés para ayudar a la célula islámica. Inicialmente vivió de alquiler en la calle Amparo, pero luego abandonó este popular barrio para ubicarse junto a su madre y sus dos hermanas en una vivienda de la calle Sequillo, en la barriada de Ascao. Se le considera autor material del 11-M y está en la prisión de Soto del Real a  42.000 años de cárcel.

Hassab El Haski, se encuentra interno en la cárcel de Villena (Alicante). Fue acusado de ser uno de los cabecillas del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), aunque en el juicio solo se pudo probar que estaba al corriente de los preparativos de los atentados. El 3 de junio está previsto que abandone la prisión, pero está siendo investigado junto a Zougam por pertenecer al llamado Frente cárceles. Una operación anti yihadista tuvo lugar en octubre de 2018, a través de la cual se desmanteló una red de radicalización en la que participaban 25 reclusos musulmanes, la mayoría encarcelados por actividades terroristas, en 17 distintos centros penitenciarios españoles. Al tener prohibido el uso de teléfonos móviles y de Internet, se comunicaban a través de correo postal. 

El Haski fue entregado a Marruecos el pasado 4 de junio tras cumplir su pena de 14 años en España, y permanece actualmente en la cárcel de Salé, ciudad vecina a Rabat. En 2009, El Haski fue entregado a Marruecos de forma temporal durante seis meses por autorización de la Audiencia Nacional para ser juzgado en el país magrebí por su supuesta implicación en los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca.

Mohamed Bouharrat cumple condena en la cárcel de Valladolid. Le cayeron 12 años por pertenencia a banda armada.

El minero José Emilio Suárez Trashorras cumple la pena en la prisión pontevedresa de A Lama, junto a otro de los considerados como autor material del atentado, Otman El Ganoui. Trashorras, asturiano, es uno de los dos españoles detenidos en relación con el 11M. Fue detenido en Avilés el 18 de marzo. Extrabajador de una mina de explosivos denominada Caolines de Merillés. Es el presunto suministrador de los detonadores y los explosivos utilizados por el “comando Lavapiés” en la matanza del 11M. Fue incapacitado laboralmente por una enfermedad mental y poseía ya antecedentes penales. Está casado desde el pasado 14 de febrero con Carmen María Toro, guardia de seguridad de un hipermercado de Avilés, y goza de una pensión estatal por invalidez laboral. Ingresó en la prisión de Alcalá-Meco el 23 de marzo. Fue imputado como coautor.

Otman El Ganout, Marroquí. Trabajaba como albañil en la finca de Morata de Tajuña para construir el zulo donde ocultar los explosivos. Estaba a las órdenes directas de Jamal Ahmidan, alias “El Chino” y era un hombre de confianza del jefe de la célula de Al Qaeda en España, Abu Dahdah. Está imputado por un delito de colaboración y pertenencia a banda terrorista.

Y, por último, Antonio Toro, a quien el Tribunal Supremo le impuso una pena de cuatro años por su implicación en los atentados que ya ha cumplido, pero seguirá en la cárcel hasta 2022 por diferentes condenas por tráfico de drogas, está preso en el centro penitenciario de Boxe, en Lugo. Asturiano, de 27 años, portero de discotecas, cuñado y socio del minero Suárez Trashorras, con el que compartió un negocio de coches de lujo en la localidad asturiana de Piedras Blancas. Fue quien puso en contacto al minero Suárez con los terroristas del “comando Lavapiés”.

Tenía ya antecedentes por robo de explosivos y tráfico de drogas. Fue detenido en la llamada Operación Pipol, junto a su cuñado, en el verano de 2001 al incautárseles 80 kilos de hachís, tres de cocaína, 18 cartuchos de Goma 2, 90 detonadores y dos pistolas. Por este hecho ingresó en la prisión de Villabona (Asturias), donde cumplió condena desde el 27 de julio al 20 de diciembre de 2001. Durante este periodo coincidió allí con el marroquí Rafá Zuher, detenido involucrado en la consecución de los explosivos. Toro Castro volvió a la cárcel durante un mes, también por tráfico de drogas, el 16 de junio de 2003. Fue detenido en relación al 11-M en la localidad de Avilés el 28 de marzo de 2004. 

El “frente de cárceles” yihadista

Según ha venido informando desde en su día Elcierredigital.com, dos de los terroristas autores de la masacre de Madrid del 11 de marzo de 2014, Jamal Zougan y Hassan El Haski, integraban supuestamente el "frente de cárceles" yihadista que neutralizó la Guardia Civil en distintas prisiones españolas el otoño pasado.

La operación permitió desarticular un grupo de 25 internos, que, según los investigadores, estaba muy organizado y estructurado y tenía ya objetivos concretos, ya que había amenazado a determinados funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

El cabecilla era Mohamed Achraf, cuyo verdadero nombre es Abderraman Tahiri, preso que cumple condena por liderar una célula desarticulada por la Policía Nacional en 2004 en la Operación Nova y que planeaba atentar contra varios objetivos emblemáticos de Madrid, entre ellos la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o la estación ferroviaria de Príncipe Pío.

Fotografía tomada en el Palacio de la Aljafería (Zaragoza) por M.B., de Marruecos, en prisión y acusado por delitos de terrorismo 

Pero en el grupo, según informó en su día Elcierredigital.com, también estaban Jamal Zougam, condenado a más de 40.000 años de cárcel por los atentados del 11M, y Hassan El Haski, otro condenado por el 11M que debe ser extraditado a Marruecos tras cumplir su condena de 14 años en España.

La operación, denominada en clave por la Guardia Civil como “Escribano”, se desarrolló en 17 prisiones españolas. En concreto, Teixeiro, Estremera, Villena, Algeciras, El Puerto de Santamaría III, Ocaña I, Zuera, Mansilla de las Mulas, Soto el Real, Huelva, Murcia II, Mallorca, Valencia, Albolote, Córdoba, Las Palmas II y Villabona.

Precisamente, Mohamed Achraf, desde prisión, era quien dirigía desde prisión este grupo disperso por todas esas cárceles, con planes concretos de radicalización y captación de otros reclusos, pero también de actuación contra objetivos concretos.

Contaban con su propia iconografía y eslogan y estaban perfectamente estructurados, con órdenes precisas de actuación en los patios y métodos de formación y de entrenamiento.

Se trata de la primera operación de estas características llevada a cabo en Europa contra un entramado afín al Daesh (Estado Islámico) cuya actividad se ha desarrollado íntegramente en el ámbito penitenciario español.

Tal y como ha venido informando Elcierredigital.com las cárceles españolas son hoy en día uno de los principales focos de adoctrinamiento yihadista: hasta 257 presos están bajo especial seguimiento y control.