La guía de la corrupción y las tramas urbanísticas en los últimos cuarenta años en España (I)

La imagen de las estructuras de poder en España se ha visto muy perjudicada por los casos de corrupción que han ido saliendo a la luz en los últimos años. Pero las tramas políticas y urbanísticas mediante las cuales partidos políticos, presidentes, ministros y empresarios se han visto beneficiados llevan azotando al país en democracia desde hace más de 40 años. En elcierredigital.com repasamos los casos más importantes en esta serie que comienza por la década de los 80.

Caso Flick

Entre 1980 y 1985 el consorcio industrial alemán Flick contribuyó a la financiación y desarrollo de sindicatos y partidos políticos españoles. Desembolsó unos 3.000 millones de pesetas a PSOE, UGT, Instituto de Administración Municipal, Fundación Pablo Iglesias y la antigua Alianza Popular entre otras formaciones.

Caso Sellberg

El socialista Alonso Puerta, teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid en la época de Tierno Galván, denunció entre los años 1981 y 1983 que la empresa Sellberg pagó comisiones al PSOE a cambio de la concesión de las contratas municipales para la recogida de basura en Madrid.

Caso Casa de la Moneda

En este caso se produjeron varios fraudes en diferentes etapas. Entre 1983 y 1985 Francisco Balaguer y Lara, director de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y Guillermo Piera, subdirector, cobraron más de 25 millones de pesetas en comisiones por la concesión irregular de contratas de papel para fabricar billetes, etiquetas de tabaco y bebidas alcohólicas.

En 1991, César Ramírez, presidente de la Casa de la Moneda, adjudicó importantes contratos a Servicios Documentales Filatélicos y Numismáticos, empresa vinculada al propio presidente y a Enrique Sarasola, amigo de Felipe González. Un año más tarde, Francisco Herrera, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, denunció que el PP intentó recalificar los terrenos donde estaba ubicada la Casa de la Moneda para recalificarlos y hacerlos zona residencial, aprovechando que tenía la alcaldía de la capital.

Caso Barreiro

José Luis Barreiro, exsecretario general de Coalición Galega (CG) y vicepresidente de la Xunta en el Gabinete tripartito (PSOE, PNG Y CG), fue denunciado por conceder de forma irregular la comercialización de la Lotería Instantánea a una empresa que aún no estaba constituida en el momento de la concesión. La Lotería Instantánea tenía prevista una facturación anual de 20.000 millones de pesetas.

Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia absolvió del delito de prevaricación a Barreiro. La sentencia le exoneró de ser un delincuente, pero los hechos sembraron la polémica sobre su capacidad como administrador.

Caso Iberia

La empresa Mc Donnell Douglas pagó 1.600 millones de pesetas a un grupo de presión vinculado al PSOE para ganar a su competidora Boeing el concurso de renovación de la flota de acciones de Iberia. La adquisición de los aparatos ascendía a unos 500.000 millones de pesetas.

Caso Costa de Doñana

Varios diputados de IU-Convocatoria por Andalucía denunciaron a Jacinto Pellón, presidente de la sociedad estatal “Expo 92”, Jesús Bores, abogado, y Francisco Palomino, cuñado de Felipe González, de tráfico de influencias e información privilegiada al adquirir parcelas en unos terrenos por los que iba a pasar el desdoblamiento de la autovía Sevilla-Huelva con motivo de la Expo.

Caso Casinos

Jaime Sentís, director financiero de Casinos de Cataluña, denunció que desde esta empresa se habían desviado 600 millones de pesetas para Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido que dirigía Jordi Pujol. La causa fue archivada por los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, quienes lamentaron los “fallos alarmantes” en la instrucción del caso.

Caso Naseiro

Fue un caso de corrupción del Partido Popular. El Juez Manglano dictó un auto de procesamiento contra varios miembros del Partido Popular, entre los que se encontraban su tesorero Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis Perales, diputado por Valencia y también antiguo tesorero del partido.

En noviembre de 1989 la Policía intervino el teléfono de Rafael Palop, hermano de un concejal del PP del Ayuntamiento de Valencia, con el propósito de llegar hasta una organización de narcotraficantes y se topó con una trama que otorgaba licencias urbanísticas a cambio de comisiones económicas que, presuntamente, iban a parar al PP.

Rosendo Naseiro junto a Ángel Sanchís 

El caso llegó al Tribunal Supremo en 1992, donde quedó archivado porque las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico y, por tanto, su utilización en el presunto delito de financiación ilegal tenía supervisión judicial.

Caso Interlhorce

El italiano Giovanni Orefici consiguió, gracias a las mediaciones del Ejecutivo socialista, la empresa textil Interlhorce. El empresario realizó la operación a través de las sociedades Benorbe y Benservice. La venta de la empresa andaluza estaba valorada en 2.ooo millones, pero Orefici nunca llegó a realizar ese desembolso.

Caso PRIM

El Partido Regionalista Independiente de Madrid se abstuvo en una moción de censura contra el socialista Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, y permitió que el PSOE siguiera en el Gobierno regionalista. A cambio, Nicolás Piñeiro y Luis Ortiz, diputados del PRIM, recibieron una subvención para su partido.

Caso Juan Guerra

La revista Época descubrió que Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno, que ejercía de asistente del Ejecutivo andaluz, utilizó su puesto para ir haciendo favores a sus amigos. Juan Guerra cobraba los favores sobre la recalificación de terrenos y otras gestiones administrativas de manera millonaria.

Juan Guerra fue condenado a dos años de prisión

Ese tráfico de influencia de Juan Guerra le costó la vicepresidencia a su hermano Alfonso Guerra. Juan fue jugado en seis ocasiones, en todas ellas por tráfico de influencias, y en la última vista fue condenado a dos años de prisión y al pago de 50 millones de pesetas.

Caso Prenafeta

El secretario general de la Presidencia catalana, Lluis Prenafeta, fue acusado de aprovecharse de su cargo para conseguir contratos millonarios de las empresas familiares.

Caso Tragaperras

En marzo de 1990 se destaparon una serie de irregularidades cometidas por la Dirección del Juego del País Vasco. Los consejeros vascos habían otorgado más de 2.500 licencias irregulares y el dinero conseguido por esa prevaricación fue desviado al PNV. Ese negocio, montado por personas afines al PNV, reportó unos 7.000 millones de pesetas de beneficios. En febrero de 2001, el caso llegó a la Audiencia Provincial de Vizcaya, órgano que determinó que habían pasado más de cinco años desde que se produjo la denuncia y archivó el caso por “prescripción del delito”.

Caso Sadesa

El socialista Pablo Recio, exconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, preparó un documento poco antes de cesar en su cargo para que todos los contratos y relaciones entre la Consejería de Saud y las empresas suministradoras de material sanitario fueran canalizados a través de Sadesa. En esta empresa figuraban como socios el propio Recio y Fernando Feijoo, exdirector general de Industria de la Junta. El valor sanitario servido anualmente ascendía a unos 20.000 millones de pesetas.

Caso Uteco

Después de que en 1982 el Banco de España decidiera intervenir la Caja Rural de Jaén, se descubrió la existencia de operaciones con avales no contabilizados y la utilización de recursos ajenos para financiar a la aceitera Uteco y a la Cooperativa Provincial Agrícola. Del mismo modo, se reveló una irracional política crediticia de concentración de riesgo que llevó a la entidad ahorradora a un caos financiero.

Caso Caja Ronda

La Caja de Ronda concedió al PSOE 311 millones de pesetas en créditos que luego declaró como “fallidos” y financió el 40% de los gastos de la campaña socialista para las elecciones andaluzas de 1986. Braulio Medel, presidente de la entidad financiera, consiguió presidir la Confederación Española de Cajas de Ahorro gracias al apoyo socialista.

Caso Blasco

Rafael Blasco fue consejero de Obras Públicas de la Comunidad de Valencia con el PSOE y fue acusado por cohecho en el caso Calpe, además de ser investigado por apartar a posibles postores de una subasta irregular de terrenos en Paterna (Valencia), valiéndose de información reservada. Nueve años más tarde, en 1999, Blasco formó nuevamente parte del gobierno de la Generalitat, pero en esta ocasión con el PP.

Caso Casa Grande

Carlos Collado, presidente socialista de Murcia, se vio involucrado en el desvío de más de 1.500 millones de pesetas en la compra de la multinacional General Electric Cartagena.

Caso Hormachea

Juan Hormachea, líder del partido Unión para el Progreso de Cantabria (UPCA, posteriormente integrado en el PP), fue acusado de malversación de fondos y prevaricación en la concesión de obras durante su mandato.

En los próximos días, elcierredigital.com publicará más entregas relacionadas con los casos de corrupción y tramas urbanísticas que más impacto han causado en España en las últimas décadas.