21 de enero de 2021
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FIN DE SEMANA

El sindicato ACAIP-UGT denuncia que ni Muface ni la sanidad pública se hacen cargo del coste de las PCR a los trabajadores de la cárcel valenciana

Se contagian por COVID 52 presos en Picassent pero no realizan las pruebas a los funcionarios

El centro penitenciario de Picassent.
El centro penitenciario de Picassent.
Ya son 52 los presos de la cárcel de Picassent contagiados de COVID-19 pero ahora, nadie quiere hacerse cargo de realizar las PCR a los funcionarios que han estado en contacto con esos internos. Ni la Sanidad Pública ni la mutua de funcionarios, Muface, quiere asumir el coste de esas pruebas, según denuncia el sindicato ACAIP-UGT.

Según datos facilitados por el centro penitenciario de Picassent, en Valencia, de momento son 52 internos los afectados, todos procedentes del módulo 14 de la Unidad de Preventivos.

El primer caso se detectó a comienzos de esta semana, cuando un interno que realiza tareas de limpieza en las dependencias de los funcionarios de ese módulo empezó a manifestar síntomas. Al realizarle la correspondiente prueba, dio positivo.

El compañero de celda de este interno había regresado recientemente de un permiso de salida, sin embargo, después de estar 10 días en cuarentena, se le realizó una prueba con resultado negativo. Pese a ello, en un primer momento, se pensó que sería la fuente de contagio. Sin embargo, vista la magnitud del brote, es necesario seguir rastreando el origen del mismo, aunque parece poco probable localizarlo.

No es descartable que en las próximas horas se conozcan nuevos positivos, según se vayan conociendo resultados de nuevas pruebas realizadas a otros internos, ya que en las últimas semanas ha habido comunicaciones de internos de este departamento con internos de otros módulos y además, varios ocupantes del módulo afectado salen a realizar trabajos fuera del mismo.

Sin embargo, según  denuncia el sindicato ACAIP-UGT "pese a la gravedad del brote, los trabajadores que han estado en contacto directo con los internos de ese módulo se ven atrapados en un “limbo” administrativo".

Añaden que "Instituciones Penitenciarias alega que no les corresponde a ellos realizar pruebas diagnósticas, MUFACE (que es la responsable de la asistencia sanitaria de los funcionarios públicos) dice que sólo es competencia suya si presentan síntomas, y que en caso de no presentarlos, es un problema de salud pública, y que debe ser la sanidad pública quien se encargue de realizar esas pruebas".

Pero obviamente la sanidad pública no quiere saber nada del tema, puesto que los funcionarios públicos no forman parte de su ámbito de cobertura.

Patio de la cárcel de Picassent.

La situación es calificada por ACAIP-UGT de "indignante, que los trabajadores públicos tengan que “buscarse la vida” literalmente para ver si están contagiados o no, porque nadie quiere hacerse responsable, teniendo que sufragar ellos mismos en muchos casos el coste de las pruebas diagnósticas".

Por este motivo, el sindicato afirma que va a solicitar de forma inmediata la Convocatoria urgente del Comité de Seguridad y Salud laboral de Instituciones Penitenciarias del centro penitenciario de Picassent. Asimismo, solicitará que, hasta que se conozca el alcance real del brote, se suspendan en el centro todas las actividades en las que participen internos de más de un departamento.

Aseguran que además de estas reclamaciones, requerirán la suspensión de los permisos de salida de los internos y los traslados de internos desde este centro a otros. "Finalmente ha sucedido lo que nos temíamos, que el virus entrara de forma descontrolada en el centro, poniendo de manifiesto las enormes carencias sanitarias de personal que sufre", resume el sindicato.

 

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