Anticorrupción dice que "los hechos denunciados no son competencia de esta Fiscalía Especial" y los traslada a este órgano judicial de la capital
La investigación sobre las residencias llega a la Fiscalía de Madrid: Fernando Simón y Pilar Aparicio acusados de homicidio imprudente
La denuncia presentada el lunes 25 de mayo ante la Fiscalía Anticorrupción hacía referencia a una serie de hechos ya adelantados por elcierredigital.com en lo que se refiere a la gestión por parte del Ministerio de Sanidad sobre el COVID-19 en las residencias de mayores de toda España.
El escrito, que obra en nuestro poder y de diez folios de extensión, solicitaba a Anticorrupción que investigara tanto a Fernando Simón Soria, director del CCAES, como a la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio Azcárraga, por sus actuaciones en referencia a la crisis del Covid-19 en estas residencias de mayores, lo que podría llevar aparejado los delitos de "prevaricación de los funcionarios públicos" y "homicidio imprudente".
Ahora la Fiscalía Anticorrupción ha decidido mandar ese escrito a la Fiscalía de Madrid porque, en palabras de la Teniente Fiscal Belén Suárez, "los hechos denunciados -homicidio imprudente, entre otros- no son competencia de esta Fiscalía Especial".
La decisión de Anticorrupción.
En la misma denuncia se explicaba que en el portal del Ministerio de Sanidad "se publican los documentos técnicos elaborados por el CCAES, dependiente de la Dirección General de Salud Pública, donde se dan instrucciones y normas a los profesionales con objeto de prepararlos para dar respuesta al brote, además de recomendaciones para el manejo de los pacientes y así como señalan los procedimientos para la prevención y el control de la infección".
La denuncia se refiere a que "hemos encontrado en el portal web del Ministerio de Sanidad, ya señalado, tres documentos que no indican la composición del equipo que los redactó. Esto solo se puede entender que es con objeto de ocultar los nombres de las personas que los elaboraron. En todo caso, dichos documentos llevan exactamente el mismo formato que los documentos creados por el CCAES, que como sabemos depende de la Dirección General de Sanidad".
El ilícito penal recogido en la querella presentada este lunes 25 de mayo.
Al menos dos de esos tres documentos iban dirigidos al colectivo de las residencias de ancianos. "Dichos documentos traerán consigo que más de diecinueve mil de nuestros ancianos, alojados en residencias, equivalente al 66,26% del total de todos los fallecidos en España murieran de soledad en sus habitaciones transformadas en "celdas" por mor del Ministerio de Sanidad. Las residencias se convirtieron en auténticos centros de la muerte, a modo de centros de exterminio geriátrico (...)".
Pilar Aparicio Azcárraga.
El escrito presentado ante la Fiscalía Anticorrupción acusa a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y a Pilar Aparicio Azcárraga, directora general de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, de "los presuntos delitos de prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos y de homicidio imprudente". El relato de los hechos recoge el documento "Recomendaciones a residencias de mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19" de fecha 5 de marzo de 2020, publicado por elcierredigital.com.
También recuerdan el documento titulado "Guía de Prevención y Control frente al COVID-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial" de fecha 24 de marzo de 2020, también publicado por nuestro periódico. "Por esa fecha, 25 de marzo, conocemos el caso de una anciana residente, que asiste al Hospital Universitario Infanta Cristina, de Parla, para ser tratada de hemodiálisis. Observa el médico de urgencias que presenta un cuadro compatible con COVID-19 que ante la situación de saturación la dirección del Centro ordena no permitir el ingreso de la mujer, que fallecerá tres días después en la residencia. Un ejemplo de las miles existentes de actuación criminal que entendemos se deberían investigar".
La hoja final de la denuncia ante Anticorrupción, que recoge el supuesto ilícito penal, sostiene que: "El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, elaboró dos planes de contención que no evitaron los fallecimientos masivos. El primero del 5 y el segundo del 24 de marzo, con el objeto de impedir sacar a los ancianos infectados de las residencias para recibir atención hospitalaria, siendo encerrados en sus dormitorios, "con buena ventilación y la puerta cerrada" a modo de celda, a esperar una muerte indigna en soledad".
Una página de uno de los documentos citados en la querella.
Y continúa: "Estas dos instrucciones emitidas desde el CCAES que dirige Fernando Simón Soria, impidieron, no solo llevar a los ancianos al hospital, sino que también los familiares pudieran llevárselos consigo. Con lo cual el enfermo infectado no tenía más remedio que quedarse, sí o sí, en la residencia".
Finalmente califica los posibles delitos de "prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos y del homicidio imprudente". Esta denuncia se suma a una querella que ya se presentó contra Simón, aunque la anterior siguió el camino de los Juzgados ordinarios el pasado 22 de mayo.
