17 de septiembre de 2021
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FIN DE SEMANA

ESTÁN ACUSADOS DE EJERCER COMO PRESUNTOS TESTAFERROS PARA EL DICTADOR GUINEANO TEODORO OBIANG Y DE HABER ESPIADO A PERIODISTAS Y ABOGADOS

Una juez de Canarias abre juicio oral al clan ruso de los Kokorev por blanqueo de capitales en el tráfico ilegal de armas

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega envía a juicio a los seis acusados del caso Kokorov, acusados de un delito de blanqueo de capitales con origen en las comisiones obtenidas a través de los contratos de compraventa de armas y material militar de doble uso con el Gobierno de Guinea Ecuatorial.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega Serrano, ha decretado la apertura de juicio oral contra el denominado clan Kokorev, acusado de una trama de blanqueo de capitales "en el comercio corrupto del material militar de defensa y doble uso" con el Gobierno de Guinea Ecuatorial, liderado desde 1978 por el dictador Teodoro Obiang.

La jueza impone a los seis imputados unas cuantiosas fianzas que suman en total 881 millones de euros. La más elevada, de 321 millones de euros, se fija para el presunto líder de la red, Vladimir Kokorev, un ciudadano de nacionalidad rusa afincado desde hace años en Las Palmas de Gran Canaria. Para su mujer Julia y su hijo Igor, la jueza ha impuesto fianzas de 200 millones de euros.  Para el abogado y asesor grancanario Juan Arencibia, a quien se acusa de planificar el entramado financiero, la cuantía es de 135 millones, mientras que para las hermanas de éste, Margarita y María Luisa, presuntas colaboradoras, se establecen quince y diez millones. 

Blanqueo de capitales del trafico ilegal de armas 

El caso Kokorev se abrió en en el año 2009, cuando la Asociación Pro Derechos Humanos presentó una querella después de que una subcomisión del Senado de los Estados Unidos detectara transferencias por un importe de 26,4 millones de euros desde la llamada cuenta del petróleo del Gobierno de Guinea Ecuatorial a la empresa Kalunga, propiedad de la familia Kokorev.

Teodoro Obiang. 

Se destapó entonces un complejo entramado de sociedades instrumentales en paraísos fiscales mediante las cuales, según la Fiscalía, Vladimir Kokorev, su esposa Julia y sus hijos Igor y Vladimir movieron 679 millones.

En concreto, según Anticorrupción, Kokorev actuó en connivencia con funcionarios y militares de alto rango del país centroafricano, varios de ellos familiares del presidente Teodoro Obiang, para la venta ilegal de armas y material militar de doble uso, con contratos a los que imputaban un sobrecoste de entre el 30 y el 40% que después se repartían en comisiones. Para lograr su propósito, los investigados constituyeron un complejo entramado societario, con más de 45 empresas, para introducir en el cauce legal el dinero obtenido de forma presuntamente corrupta. 

En este sentido, señala la Fiscalía, Kokorev se sirvió de la participación "fundamental y decisiva" de Juan Arencibia, que fue contratado por el ciudadano ruso en 2004 para que le asesora. Según se desprende del informe, el abogado canario "ideó" el  "sofisticado e interminable" entramado de sociedades instrumentales para borrar el rastro de las comisiones obtenidas a través de los contratos de venta de buques militares, helicópteros, ametralladoras o munición.

Captura del vídeo de la visita de altos cargos militares de Guinea a un taller de helicópteros en Ucrania.

Estas conclusiones se derivaron tras la instrucción policial llevada a cabo por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Judicial, que incautó en los registros practicados a la familia Kokorev abundante material informático donde se hallaban todas las presuntas negociaciones clandestinas llevadas por Vladimir y sus testaferros con los generales y mandatarios de Guinea Ecuatorial.

Espionaje a periodistas y abogados

Por otra parte, la investigación ha acreditado que Vladimir Kokorev contrató por 140.000 euros a la empresa madrileña de comunicación Consultores Quantumleap (CQL) para borrar de internet las noticias relacionadas con sus actividades delictivas, así como para publicar informaciones favorables al Gobierno guineano de Teodoro Obiang y publicar un libro en el que se contradijera la versión periodística, judicial y policial. 

También entre la documentación incautada al presunto grupo criminal se hallaron tres extensos informes elaborados por la consultora que dirigía el ya fallecido Jesús Timoteo Álvarez sobre el prestigioso abogado Manuel Ollé, que presentó la querella contra Obiang en representación de la Asociación de Derechos Humanos de España, y sobre los periodistas Antonio Rubio, de El Mundo, y José María Irujo, de El País. 

Penas de entre ocho y cinco años de cárcel 

La Fiscalía Anticorrupción interesó unas penas de ocho años de cárcel y 240 millones de euros de multa para el empresario Vladimir Kokorev; cinco años y 150 tanto para su esposa como para su hijo; cinco años y medio para el abogado Juan José Arencibia y cinco años y un mes para sus dos hermanas. Estos tres últimos deberían afrontar multas de cien, diez y siete millones de euros respectivamente, según estima el Ministerio Público.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APHDE), autora de la querella que dio origen a la causa, pide penas de entre seis y nueve años de prisión y multas que suman 660 millones de euros, tres más de las que solicita en total Anticorrupción.

No obstante, cabe señalar que los cargos sobre los que la Justicia española puede exigir responsabilidades a los Kokorev están limitados al delito de blanqueo de capitales por las condiciones que Panamá puso en 2015 para extraditarlos, cuando fueron arrestados en ese país.

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