Tensión en el Parlamento de Canarias por los escándalos de Podemos sobre la insalubridad en centros de mayores

Ambiente de tensión entre los grupos políticos parlamentarios durante la Comisión de Derechos Sociales celebrada en el Parlamento de Canarias, al presentar este martes ante los diputados regionales las conclusiones definitivas respecto a un informe extraordinario de 68 páginas sobre deficiencias en centros asistenciales de mayores, -tales como la presencia de "chinches, ratas y roedores en algunas instalaciones"-,  elaborado por la oficina del Diputado del Común, presentado por el defensor del pueblo canario, Rafael Yanes, quien se ha ratificado en este documento, versado en el "rigor" y "honestidad", de su equipo, suscrito por María Milagros Fuentes, Adjunta de protección de los derechos de las personas mayores,  Nieves Rosa Pérez, Trabajadora Social de la Diputación del Común y Juan Jesús Pérez , Administrativo de la Diputación del Común.

Este informe extraordinario, desvelado en su totalidad por El Cierre Digital, que apunta a "condiciones insalubres" en algunos centros de mayores en el archipiélago canario, fue entregado por el Diputado del Común al Parlamento de Canarias en octubre de 2020, tal como marca la ley, sin embargo, casi un año después, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Unidas Podemos), junto con la presidenta de la Comisión de Derechos Sociales en la cámara parlamentaria, María del Río (Unidas Podemos), han reconocido ante el resto de los grupos políticos parlamentarios "su ignorancia" respecto a este documento, que denuncia graves deficiencias en los centros asistenciales citados, así como no les ha quedado más remedio que "pedir perdón" ante la Cámara a la ciudadanía canaria, y principalmente, a los afectados por las irregularidades sanitarias sufridas en estos centros de mayores.

En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Mixto, la diputada regional Vidina Espino, ha solicitado "la dimisión de María del Río", al llevar seis años en sede parlamentaria por lo que "no podría alegar desconocimiento sobre el funcionamiento de las comisiones", ha manifestado. Todos los grupos políticos presentes sin excepción, PSOE, Unidas Podemos, ASG, NC, CC, PP y Grupo Mixto, han pedido perdón a los ciudadanos canarios por no haber llevado antes el informe del Defensor del Pueblo ante esta comisión de Derechos Sociales.

El diputado del Común exige inspecciones 

La Comisión de Derechos Sociales en el Parlamento de Canarias, presidida por María del Río, ha comenzado con un profundo análisis del Diputado del Común, Rafael Yanes, quien ha avalado las visitas realizadas durante 2019 a 25 centros asistenciales de mayores por su equipo, visitas de las que nace este informe extraordinario, "en cumplimiento de sus funciones, entregado en sede parlamentaría en virtud del artículo 57 del reglamento autonómico, bajo un informe constructivo con recomendaciones dirigidas a mejorar este colectivo de dependencia, defender a los más débiles de esta sociedad, con la intención de que sea útil,  para garantizar los derechos de estas personas, por eso, lo hemos entregado con humildad a disposición de esta comisión para llevar a cabo iniciativas. Aunque los datos son de visitas que corresponden al año 2019, y este informe fue entregado en 2020, sin embargo, es un documento de actualidad tal como vemos en los medios de comunicación  y en la sociedad", ha informado Yanes.

El Diputado del Común, Rafael Yanes. 

"El valor de nuestro informe es dar luz a un problema que preocupa, que tal vez no estaba en el debate político, pero tiene protocolos muy importantes, como servicios de asistencia, salud e higiene, terapia ocupacional, entre otros, pero reitero que la mayoría de los 232 centros asistenciales para mayores cumplen con sus 7.769 trabajadores con vocación y dedicación, es una minoría la que incumple y ahí está el valor de este informe, que confirma chinches en habitaciones, cucarachas en cocinas y roedores en los centros, por lo que tenemos la obligación de exponer, aunque solo sea uno, pues este centro en concreto no había tenido una sola visita en los últimos tres años, pero también existen otros centros sin ser visitados en cinco años y diez años, e incluso encontramos centros de 10 y 20 plazas de día sin ninguna visita o inspección", ha manifestado el defensor del pueblo canario en sede parlamentaria.

Solamente hay cinco inspectores en Canarias 

El Diputado del Común, durante sus dos intervenciones en sede parlamentaria ha alegado que entregó este informe extraordinario ante el Parlamento de Canarias por "lealtad institucional", para que posteriormente la Cámara tome la iniciativa y lo envíe al Gobierno, haga las modificaciones presupuestarias correspondientes, por lo que nuestras presencia no era necesaria, pero a la vista de que no nos llamaron, incorporamos este informe sobre centros asistenciales de mayores al informe anual".

Además, durante esta comisión, Yanes ha señalado que "en 2021, solo se han realizado 33 inspecciones en ocho meses, por lo que serían necesario cuatro años y medio para visitar todos los centros de mayores en Canarias, pues con los cinco inspectores que tenemos en la actualidad, cada centro podría ser visitado cada cuatro años y medio, por tanto, se necesitan más medios humanos para llevar a cabo esta función de inspección".

En respuesta a cuestiones de los grupos parlamentarios, el Defensor del Pueblo ha explicado al grupo mixto, representado por Vidina Espino (ExCiudadanos), que "en relación a un plan de inspección, nosotros no somos inspectores, no revisamos si se corrigieron las deficiencias, pero sacamos una foto de la realidad, no es una crítica sino para sacar importantes recomendaciones".

Pero también, Yanes ha matizado que respecto a las inspecciones, "los datos en relación a otras comunidades son notables, como en Castilla-La Mancha, Castilla-León y Andalucía, que cuentan con un inspector por cada 16 residencias, en Valencia tienen un inspector por siete residencias, uno por cuatro centros en Baleares, mientras que en Canarias existe un inspector por cada 46 residencias. No son suficientes, es necesario dar más medios a la Consejería de Derechos Sociales para que se haga un mayor cumplimiento, así como también ha señalado la diputada del PSOE, Teresa Cruz Oval, sobre un plan de inspección plurianual, tal como igualmente aporta la Agrupación Socialista Gomera (ASG), y el diputado por Nueva Canarias (NC), Luis Campos, de manera constructiva, dado que este informe no es una crítica, sino nuestra disposición a colaborar con la consejería desde siempre, con la que  hay una comunicación muy asidua".

Discreción con la Fiscalía

Finalmente, el Diputado del Común ha citado la página 49 de este informe extraordinario que señala "Reconocer el problema es el primer paso para crear la solución", por lo que Yanes ha solicitado el incremento de inspectores basándose en la Adicional Quinta de la Ley de Servicios Sociales, además porque "así lo piden las residencias que cumplen que no quieren verse salpicadas, además de los familiares y trabajadores que nos envían correos para subsanar las deficiencias, y la Defensora Nacional de Paciente y la Fiscalía".

En cuanto a la Fiscalía, el Defensor del Pueblo ha señalado en el Parlamento canario que "si advierten respecto a la situación de los centros asistenciales de mayores con alguna comunicación a este órgano judicial, lo llevan desde la discreción para asegurar la independencia judicial, por lo que no dan cuenta  desde el Diputado del Común a los políticos de las acciones con la justicia".

Rifi-rafe de la consejera de Podemos

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha perdido los papeles en la comisión parlamentaria, al insultar a la diputada del Grupo Mixto, Vidina Espino, al llamarla "tránsfuga", pues al principio de esta legislatura, pertenecía al Grupo Ciudadanos en el Parlamento de Canarias. Santana en un arranque de "soberbia política" ha tachado a Espino de  "irresponsable" y le ha espetado "usar como arma política" el informe del Diputado del Común, que finalmente, ha calificado de "muy valiosa la comparecencia del Defensor del Pueblo".

Santana ha reconocido que "esta consejería desconocía este informe, pero habíamos actuado con el incremento del número de inspectores, la subida de financiación para invertir en las infraestructuras en estos centros,  pero no hay que llamar al alarmismo, pues la mayoría de nuestros centros dan un servicio de calidad en nuestra tierra, aunque hay corregir las cosas que se hacen mal'. Además, ha anunciado que ha logrado una partida presupuestaria con el Ministerio de Derechos Sociales de 122 millones, de los cuales, 74 millones de euros, serán destinados a los centros de mayores, y a la ampliación de plazas, que son tan necesarias".

Piden la dimisión de la presidenta de la comisión

La representante del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha solicitado durante la comisión la dimisión de la propia presidenta, María del Río, quien ha reconocido su "ignorancia" respecto al informe del Diputado del Común, pero sin embargo, a pesar del escándalo sobre las condiciones deplorables en algunas residencias de mayores de Canarias, se ha limitado a "culpar la herencia recibida desde los anteriores gestores del Grupo de Coalición Canaria (CC)".

María del Río. 

Del Río no ha dimitido, sino que su alegato político más bien ha ido dirigido hacia la crítica "por el negocio de la privatización de los centros de mayores", mientras que la portavoz de CC en esta comisión parlamentaria, Cristina Valido, se ha basado en censurar "la liquidación de las actividades externas con los mayores ejercitadas desde el programa ANSINA por animadores socioculturales durante su mandato en el Cabildo de Tenerife", algo que el actual gobierno socialista ha eliminado, ha dicho Valido.

La defensa política de CC en el parlamento ha consistido en la afirmación del gobierno de que "la mayoría de las residencias de mayores funcionan bien, por tanto la herencia que ha recibido el actual gobierno canario conformado en un pacto PSOE-NC-ASG-Podemos por parte de Coalición Canaria sería positiva".

El PP insiste en la vigilancia 

El portavoz del Partido Popular (PP), Poli Suárez, ha agradecido el informe del Diputado del Común, y ha insistido en "la vigilancia de los centros asistenciales de mayores", matizando que "debemos abordar esta situación como si se tratase de nuestros propios padres, detectar los incumplimientos, plagas de ratas, cucarachas chinches, que sirva de atención y restablecer por humanidad la prioridad, que es que todas las residencias de Canarias cumplan con la normativa vigente".

Suárez, ha subrayado que "pese a este informe, no se puede generalizar, pues las visitas fueron a 25 residencias, se hicieron doce requerimientos y contestaron,  las plagas constan en dos centros, no debemos provocar alarma social en los familiares que tiene personas en estos centros que no tienen nada que ver con este informe, aunque el actual equipo de gobierno lleva dos años al frentes, y debería ser tiempo suficiente pues la excusa de la herencia recibida se agota".

El PP ha denunciado las carencias en dependencia, al existir 26.000 canarios enredados en la "maraña socio-sanitaria, con un déficit de 12.000 plazas, una lentitud extrema", por lo que Suárez ha exigido soluciones inmediatas desde los populares, y a su vez, "establecer un estatuto para la protección de las personas mayores, por una vejez activa y saludable para evitar la soledad no deseada, pues nuestros mayores no se merecen esta indignidad".