08 de agosto de 2020
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EDICIÓN VERANO

Ha pactado con la Fiscalía una condena de dos años y un día, mientras los tres imputados ligados al PSOE de Aragón han resultado absueltos

Ingresa en prisión Ricardo García Becerril, considerado cabecilla de la trama del caso Plaza-PSOE en Aragón

El exgerente Ricardo García Becerrril.
El exgerente Ricardo García Becerrril.
Ricardo García Becerril, exgerente de la sociedad pública Plaza, se presentó este pasado martes en la cárcel zaragozana de Zuera para cumplir la condena de dos años y un día de prisión, así como 726 días de trabajos comunitarios, que le impuso la Audiencia Provincial de Zaragoza por el juicio del caso Plaza-PSOE. Así, ya han ingresado en prisión los dos cabecillas de la trama de corrupción que salpicó al PSOE de Aragón. Hace unos días lo hizo José María Jordán en una prisión madrileña.

El exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, había llegado llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que inicialmente pedía para él 23 años de cárcel por cohecho, malversación, tráfico de influencias y fraude, entre otros delitos. García Becerril pagó parte de la responsabilidad civil a la que fue condenado con tres casas que tenía en Salou y en Zaragoza y con una nave industrial. Ese pago contribuyó a rebajar notablemente su condena a dos años y un día de prisión.

García Becerril es el segundo de los 23 condenados que ingresa de motu propio en prisión, tras hacerlo José María Jordán, exdirectivo de la empresa Acciona, que se presentó en una cárcel madrileña a mediados del pasado mes de  enero para empezar a cumplir la pena de dos años y un día de cárcel, por delitos continuados de prevaricación, de malversación de caudales públicos, cohecho y falsedad en documento mercantil.

Además de García Becerril y Jordán, los únicos que pidieron perdón por sus acciones a lo largo de la última sesión del juicio por las numerosas ilegalidades que destapó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, fueron condenados otras 21 personas. En su mayoría ejecutivos, técnicos o trabajadores vinculados a las obras de urbanización del gran complejo logístico de Zaragoza, así como de empresarios y proveedores.

A todos ellos se les impuso un total de 17 años de prisión, cuando inicialmente se enfrentaban a 175 años. Además, gracias a los pactos alcanzados, salvo los dos mencionados cerebros del entramado, ningún otro acusado llegará a entrar en la prisión de Zuera.

El juicio demostró que hubo un saqueo de más de 147 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Se calcula que hasta el momento la Justicia ha logrado recuperar 61 millones de euros de dinero público gracias a los acuerdos con los acusados.

Cabe recordar que como resultado de las negociaciones se retiraron las acusaciones penales contra ocho de los encausados, si bien varios de ellos fueron declarados partícipes a título lucrativo y tuvieron que desembolsar importantes cantidades en concepto de responsabilidad civil. Entre estos últimos se incluyen la mujer y una de las hijas del exgerente de Plaza Ricardo García Becerril.

Además, los tres únicos imputados que decidieron no pactar con la Fiscalía Anticorrupción, el exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA, Carlos Esco, y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría, resultaron finalmente absueltos.

A casi todos los imputados se les acusaba, en mayor o menor medida, de los delitos de malversación en las obras de urbanización de la plataforma logística Plaza. Sin embargo, la Fiscalía llegó finalmente a pactos con todos ellos, rebajando las penas a cambio de que los acusados devolvieran el dinero.

Los pactos de 20 acusados con la Fiscalía

El caso Plaza fue el mayor juicio por corrupción instruido en Aragón, tras dos aplazamientos consecutivos en los que la Fiscalía aprovechó para pactar con la mayoría de los acusados. Entre ellos, se encontraba también el exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, Ricardo García Becerril, uno de los principales ideólogos de la trama.

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Ricardo García Becerril, exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza, considerado como el 'cerebro' de la trama 

Al reconocer García Becerril muchos de los cargos que se le imputaban, el exgerente de la plataforma ha visto reducida considerablemente su pena de cárcel, que de los 23 años que se le pedía en un principio, finalmente cumplirá solo dos años y un día, el tiempo mínimo exigido para su ingreso en prisión.

Su mujer, Elena Plante Lacoma, y una de sus hijas, Patricia García Plante, también implicadas en la trama, se han beneficiado igualmente de los pactos con la Fiscalía, que ha retirado su acusación contra ellas. Inicialmente se pedía para ellas nueve y once años de cárcel por malversación, blanqueo y cohecho.

Del mismo modo, los fiscales José Grinda y José de La Rosa han retirado la acusación contra Ramón Margalejo, Francho Blasco Escolano, María Luisa Roca Sánchez, Manuel Miguel Colonques y José Luis Albendea Zafra. Aún así, algunos de estos investigados fueron considerados responsables a título lucrativo.

Otro de los cerebros de la trama de corrupción, José María Jordán Rando, el que fuera gerente de la UTE Acciona-MLN, ha reconocido también algunos de los delitos por los que se le acusaba, viendo así reducida de forma sensible la petición de prisión de 10 años y 9 meses a dos años y un día, que ya cumple en una prisión madrileña.

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Agapito Iglesias, encausado en el juicio por el Caso Plaza

Fuera de los acuerdos con el Ministerio Fiscal se quedan tres de los encausados. Se trata de Agapito Iglesias, Carlos Escó y Miguel Ángel Floría, que resultaron absueltos logrando que el PSOE de Aragón no saliera dañado políticamente del proceso.

Acciona pagará 60 millones de euros

Aunque las condenas de prisión distan mucho de los 191 años que pedía la Fiscalía Anticorrupción al inicio de la causa, el punto clave en este macro pacto ha sido la recuperación del dinero malversado.

Junto con la cantidad que ingresará el Estado con el decomiso de los bienes y propiedades de los encausados, Acciona, una de las dos empresas que conforman la UTE que llevó a cabo las obras en la plataforma logística, deberá pagar 60 millones de euros al Gobierno de Aragón. De hecho, ya ha abonado 15 millones de euros para responder por los delitos cometidos por sus dos empleados.

El resto de la responsabilidad civil subsidiaria, hasta llegar a los 147 millones de euros, se realizará por el procedimiento del arbitraje judicial.

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