Movilización de los funcionarios de Prisiones: Se concentran hoy para pedir la Ley de Función Publica Penitenciaria

Según el comunicado remitido por los sindicatos convocantes, “este acto supone el reinicio de las movilizaciones de los trabajadores penitenciarios que llevan más de 4 años en conflicto con la administración por la dignidad y el respeto que se merecen, y para mejorar sus condiciones laborales, que llevó a la primera huelga general en el sector en otoño de 2018”.

Acerca de esto Joaquín Leyva, portavoz de ACAIP-UGT explicó a elcierredigital.com que “Todas estas reivindicaciones comenzaron en 2017 y las paramos debido a que la administración concretó que se podían desarrollar en una futura Ley Penitenciaria, sin embargo, ahora el borrador no recoge nuestras principales reivindicaciones y además está totalmente bloqueado, con lo cual no queda otro remedio que iniciar de nuevo las reivindicaciones anteriormente paralizadas”.

Asimismo, Leyva declaró que “El objetivo principal de esta concentración es conseguir que se reactive la negociación, ya que nuestro principal interés es que la Ley de Función Pública Penitenciaria salga adelante reflejando las necesidades principales que se reclaman para los trabajadores penitenciarios”.

Joaquín Leyva, portavoz ACAIP-UGT.

En el escrito cuenta que “tras un año perdido por culpa de la doble convocatoria electoral y la falta de gobierno, y un inicio de 2020 condicionado por la pandemia de la COVID 19, en julio de ese año se inició el grupo de trabajo en el que sindicatos y administración pretendían acercar posturas y sacar adelante un texto legislativo que reconociera las especificidades del sector, y una mejora laboral y retributiva del colectivo".

“Después de varios meses de trabajo el ministro del interior, Grande Marlaska, dio un impulso a esta negociación en diciembre, aseverando que, tras cumplir con los compromisos con policía nacional y guardia civil, era el momento de prisiones, estableciendo de plazo el primer trimestre de 2021 para tener desarrollado el texto” añaden estas asociaciones.

Sin embargo, denuncian que “agotado el plazo autoimpuesto por el ministro, la administración penitenciaria tiene paralizada la negociación desde el pasado 24 de febrero. El último borrador presentado no recoge aspectos claves para que las organizaciones convocantes de esta concentración puedan avalarlo. No establece plazos concretos para llevar a cabo las mejoras más significativas, ni va acompañado de una memoria económica en la que se reflejen mejoras retributivas para los trabajadores penitenciarios”.

Leyva manifestó a este medio, “Entendemos que en una negociación tiene que haber contrapartidas, pero hay unas líneas rojas que no podemos pasar. Y lo que no puede ser es que el borrador que presenta la administración no recoge ni el plazo temporal ni la memoria económica de la ley”.

Además, la nota detalla que el ministro del interior ha remitido una carta a las organizaciones sindicales firmantes en la que indica que: “es necesario disponer del criterio de los Departamentos que tienen atribuida la competencia para poder tramitar un texto que regula aspectos básicos en materia de Función Pública, esto es, los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda”. Y expresa que debido a que el estado en que se encuentra este estudio sigue sin aclararse, ni la consideración de los aspectos más relevantes y necesarios para que los sindicatos puedan aceptar el texto, las organizaciones convocantes mantienen la concentración prevista para el día previsto.

Fernando Grande-Marlaska, ministro de interior.

El portavoz de ACAIP UGT declaró que “La ley es necesaria porque hay que modernizar la institución, ya que los funcionarios de prisiones estamos regulados por leyes preconstitucionales, por lo que más de 40 años después hay que modernizarlo y adaptarlo al sistema penitenciario de hoy en día y al perfil del delincuente actual”. Además, denunció que “los funcionarios de prisión hoy por hoy no son reconocidos como agentes de la autoridad y es algo que hay que reconocer para que los incidentes que se producen en prisión puedan tener una consideración penal”.

El comunicado concluye explicando que “el conflicto colectivo en prisiones se inició con el gobierno del Partido Popular y la situación ha seguido sin avances con el gobierno del PSOE primero y de los socialistas con Unidas Podemos después. Son ya 4 años y 3 gobiernos que desde la oposición muestran su apoyo y cuando tienen capacidad para resolver el problema no lo hacen. Por este motivo, ACAIP-UGT, CIG y CSIF, no quieren que se instrumentalice su protesta por parte de ningún grupo político y han declinado la participación de los mismos en el acto del día 22”.