Dos presos condenados a cinco años de prisión por agresión a funcionarios de la cárcel de Picassent

Sobre las 10,30 horas del 6 de diciembre de 2016, cuando dos de estos internos salían de sus celdas, se pertrecharon e hicieron fuertes en una sala que hay antes de llegar al patio al que tenían que salir. Consiguen hacerse con un trozo de cristal de una ventana y una pata de una silla afilada en forma de punta de hacha.

Uno de los internos llevaba enrollada en el brazo una colchoneta de hacer deporte, y el otro se anuda en un brazo un jersey, debajo de la cazadora que llevaba, preparados para hacer frente a los funcionarios de servicio.

Comienzan a proferir insultos y amenazas a los funcionarios, a grandes voces, de forma que otros internos del módulo puedan escucharlos. Dado lo peligroso de la situación, los funcionarios deciden intervenir para poner fin a la misma, y cuando intentan entrar en la sala, los internos se abalanzan sobre ellos de forma violenta. Uno de ellos, incluso, intenta utilizar la pata de una silla para golpear en la cabeza a uno de los funcionarios.

 La cárcel de Picassent por dentro.

A consecuencia de estos hechos resultaron dos funcionarios lesionados. Uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital con la mano muy hinchada. Otro presentaba múltiples contusiones, sobre todo en la cara y en las rodillas, y tuvo que permanecer 18 días de baja laboral.

En la mañana de este martes se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal  6 de Valencia el juicio por estos hechos. Finalmente se ha alcanzado sentencia de conformidad, leída “in voce” por la que se condena a cada uno de los dos internos (A.J. H. S. Y L. E.) a dos años y medio de prisión por un delito de atentado y a indemnizar al funcionario que estuvo de baja médica con un total de 1.100 euros.

Esta sentencia reafirma lo que desde ACAIP-UGT se viene denunciando, "la falta de condiciones de seguridad de ese módulo para albergar a este tipo de internos.
La estructura de este departamento está muy lejos de reunir las características de los centros más modernos, y, dado su reducido tamaño provoca gran sensación de claustrofobia y estrés tanto a internos como a trabajadores", según el sindicato.

Dada la más que probable declaración de insolvencia de los dos internos, el trabajador tendrá que reclamar a la Administración penitenciaria que se haga cargo de dicha indemnización, que no se abona de oficio.

Esa indemnización automática, junto con el reconocimiento explícito de la condición de agentes de la autoridad y la mejora de las condiciones de trabajo y retributivas de los funcionarios penitenciarios es uno de los aspectos que incluía el proyecto de Ley de la Función Pública Penitenciaria, que actualmente se encuentra “paralizado” de forma unilateral por la Administración penitenciaria.