La agonía de Thembekile Molaudzi, un inocente condenado a cadena perpetua por robo y asesinato de un policía

En junio de 2015 el Tribunal Constitucional revocó su propio fallo con respecto a Thembekile Molaudzi y ordenó su liberación inmediata. Este hombre, de origen sudafricano, estuvo once años en la Prisión Central de Pretoria, más conocida como Kgosi Mampuru, después de que fuera condenado a cadena perpetua por cuatro cargos, entre los que se incluyen robo y asesinato.

“Nadie ha sentido la agonía y la angustia que he pasado, he soportado horrores casi más allá de la imaginación humana”, escribió Molaudzi en una carta en el año 2012 dirigida al Comité de Conducta Judicial.

“Esto (su condena) es un sorprendente fracaso de nuestro sistema legal y ninguna persona en este país está preparada para enfrentarse a esa realidad. Muchas noches me quedo despierto pensando qué puedo hacer para obtener ayuda. No cometí un crimen, el crimen se ha cometido contra mí. ¿Debería cruzarme de brazos y pudrirme en la cárcel por un crimen que no cometí?”, concluía el manuscrito.

Su súplica cayó en vano hasta que apareció el alcaide Levi Maphakane. Si no hubiera sido por esta persona, Molaudzi, ahora de 41 años, podría encontrarse todavía tras las rejas de la cárcel.

Thembekile Molaudzi sonríe tras salir de prisión

“Deliberamos demasiado sobre su caso y yo realicé mi propia investigación informal”, recordaba en 2015 Maphakane. “Tuve acceso a sus archivos, familiares y amigos y del otro acusado, quienes me dijeron que había sido condenado injustamente. He trabajado como alcaide durante 21 años. Thembekile es el único interno cuya historia me he creído”, expresaba el alcaide.

Once años de lucha

Después de que perdiera once años de su vida en prisión, Molaudzi salió de la prisión de Kgosi Mampuru II llevando solo las correspondencias que había acumulado durante su estancia en la cárcel mientras intentaba demostrar su inocencia. Este ex convicto luchó contra las adversidades contra todo momento, en las que se incluyen torturas, confinamiento y una batalla de ocho años para obtener su libertad.

La pesadilla de Thembekile comenzó en 2002 cuando el policía de Mothutlung, Dingaan Makuna, fue asesinado durante un intento de secuestro. Ocho hombres fueron detenidos, incluido Molaudzi. Durante las ruedas de reconocimiento faciales, la hija de Makuna, que presenció el asesinato de su padre, eligió a cuatro sospechosos, entre los que no estaba Molaudzi.

La única evidencia que implicaba a este hombre inocente era una confesión retractada de un acusado a quien un jurado al completo del Tribunal Superior del Noroeste (NO) describió más tarde como un “mentiroso imprudente”.

Durante una investigación caracterizada por un trabajo de detective de mala calidad, no se encontraron armas, no hubo testigos, ni declaraciones de testigos, ni huellas dactilares, ni alguna evidencia tangible que no vinculara a Molaudzi con el crimen. Todos los acusados ​​se declararon inocentes, pero fueron condenados, algunos, a años en prisión y otros a cadena perpetua por la juez Mónica Leeuw, que más tarde fue juez del NO.

Thembekile Molaudzi conduce un taxi

Nada más entrar, Molaudzi empezó a pasar por una serie de agravios producidos por los guardias y se quejó ante el entonces ministro de servicios correccionales, Nosviwe Mapisa-Nqakula, el comité de parlamentario sobre servicios correccionales y al jefe de prisión. Todo ello, en vano.

Después estar un año en una prisión, fue enviado a la penitenciaria de Kokstad y allí “nos torturaron con escudos de choque y me pusieron en régimen de confinamiento durante cuatro años”, explicaba hace cuatro años Thembekile.

Un proceso tortuoso

Cuando Molaudzi intentó a acceder a las posibilidades de acceder a un nuevo juicio con el fin de apelar su caso, el proceso le resultó un tanto tortuoso. Primero, el abogado del bufete “Legal Aid” de la localidad de Mafikeng, al noroeste de Sudáfrica, que representó a este exconvicto, afirmó que su oficina se había incendiado y había perdido todos los registros. Después, otro abogado de Asistencia Legal tampoco defendió de manera adecuada a Thembekile.

Tres años después de entrar en prisión, el condenado pudo acceder a sus registros del Estado, por lo que su familia y los familiares de otros dos acusados por el crimen pudieron recaudar 18.000 rands (1.084 euros) para pagar abogados privados con el fin de que encontraran archivos faltantes en el registro.

Dos años más tarde se consiguieron todos los registros, pero, desafortunadamente, faltaban más de la mitad de los archivos de la prueba de asesinato que tenía 1.023 páginas, incluida la evidencia más crucial.

Aquello provocó que Molaudzi comenzara a acudir a cualquier persona que se le ocurriera: el ministro de justicia y desarrollo constitucional, el Protector Público, la Comisión de Derechos Humanos de la SA, la Comisión del Servicio Judicial, el Comité de Conducta Judicial y el comité de cartera parlamentaria sobre servicios correccionales. De nuevo, sus esfuerzos resultaron inútiles.

Pese a tener una educación básica, Molaudzi decide comenzar a estudiar la Constitución, la Ley de Procedimiento Penal e incluso asesorar a otros reclusos por sus derechos.

Thembekile Molaudzi junto a su mujer y su hijo

Para mayo de 2012, Molaudzi se sentía deprimido, enfadado y frustrado. Ni siquiera el psicólogo de la prisión podía ayudarlo. Su larga batalla por obtener sus registros y apelar su caso hizo sacar lo mejor de él y envió una carta al Comité de Conducta Judicial acusando a la juez Leeuw de “conducta poco ética”.

“Soy un ciudadano patriota de Sudáfrica que cumple cadena perpetua por el crimen que no cometí”, escribía Molaudzi. “No puedo apelar o revisar mis registros porque hay partes esenciales de ellos que incluyen ilegalidades, irregularidades y parcialidad o se han omitido deliberadamente. (...) Con toda la información ante el tribunal, es imposible entender cómo se llegó a este veredicto. Cumplir cadena perpetua por el crimen que no cometí es una terrible experiencia”, ponía en la carta.

Armado de fe y coraje, Molaudzi siguió adelante, reforzado por una abrumadora necesidad de demostrar su inocencia y reunirse con su esposa, Paulina, y su pequeño hijo, Mark. “Cuando fui a prisión, mi hijo tenía tres meses, ahora tiene 12. A veces ponía mi cabeza en mis manos y lloraba”.

Wits Justice Proyect

Cuando Molaudzi descubrió que su expediente había desaparecido de la estación de policía de Mothutlung, se quejó ante el Ministro de Arte y Cultura, Emmanuel Nkosinathi “Nathi” Mthethwa y el expediente se volvió a materializar misteriosamente. Mientras tanto, el alcaide Mphakane, al presenciar la angustia que vivía Molaudzi, decidió coger el asunto con sus propias manos y contactó con “Wits Justice Proyect” (WJP)

“El WJP recibe regularmente solicitudes de ayuda de los reclusos cuyos archivos faltan”, decía el coordinador del proyecto WJP, Nooshin Erfani-Ghadimi. “Es un problema con serias implicaciones para los derechos humanos”. Después de numerosos intentos fallidos de acceder al expediente y a los registros de Molaudzi, el WJP solicitó la intervención de los Abogados por los Derechos Humanos (LHR).

Con la ayuda del asistente legal del LHR, Louis van der Merwe, Molaudzi recibió sus registros en una semana. Una vez más, faltaban trozos sustanciales de la evidencia crucial.

Thembekile Molaudzi sonríe a la salida de la prisión

“La paginación de los registros de la corte fue incorrecta y los alegatos comenzaron en la página incorrecta”, explicaba Van der Merwe. Finalmente, a instancias de LHR, la juez Leeuw ordenó que los archivos de Molaudzi se volvieran a transcribir. Molaudzi ya estaba en condiciones de apelar su caso, un derecho constitucional básico que había llevado ocho largos años y una lucha monumental para lograrlo.

Continúa la travesía de Thembekile

Después de aguantar lo que parecía una demora intolerable en espera de juicio, envió una carta al presidente del Tribunal Supremo y presidente de la Comisión del Servicio Judicial, Mogoeng Thomas Reetsang Mogoeng. “El juicio que no llega y mi encarcelamiento continuo están exacerbando mi terrible experiencia y sirven para castigarme por el crimen que no cometí”, escribía el por entonces prisionero.

Cuando se desestimó su apelación, Molaudzi fijó su mirada en la Corte Suprema, asistida por un abogado de Asistencia Legal. “Después de que esta solicitud fuera rechazada sin razón, Legal Aid dijo que no podían ayudarme más".

Sin ceder, Molaudzi decidió hacerlo solo. Acordó con un ex recluso para que le ayudara a presentar una apelación ante el Tribunal Constitucional. Según esta sentencia, no se plantearon problemas constitucionales, la apelación impugnó las conclusiones de hecho de la corte y su caso “no tenía perspectivas razonables de éxito”.

Thembekile Molaudzi en un mitin 

 A estas alturas, Molaudzi creía que había agotado sus opciones legales. Víctima de un error judicial, solo podía rezar para que una solicitud posterior del Tribunal Constitucional por parte de otros dos acusados, Boswell Mhlongo y Alfred Nkosi, que también habían protestado durante mucho tiempo sus condenas injustas, le abriera más posibilidades legales.

Entra en escena el abogado Donrich Jordaan

Sus oraciones fueron respondidas cuando el Tribunal nombró al abogado Donrich Jordaan para representar a los hombres que habían sido asistidos con su solicitud por un “abogado de la prisión, un interno que estudia leyes tras las rejas”.

La vida de Molaudzi podría haber tomado un giro muy diferente si no hubiera sido por la intervención de Jordaan. Nigel Carpenter, un importante defensor estatal comprometido con la búsqueda de la justicia, demostró una ventaja adicional. Tanto Carpenter como Jordaan le dijeron a la Corte que la única evidencia que implicaba a Mhlongo y Nkosi eran declaraciones extrajudiciales de un acusado, que ambos defensores sostenían que eran inadmisibles e inconstitucionales.

A la izquierda Donrich Jordaan junto a otro de los acusados

Cuando Carpenter le dijo al tribunal que un “quinto acusado” no identificado había sido condenado de manera similar y merecía el mismo destino legal, la vida de Molaudzi cambió de rumbo en un instante. Aunque Molaudzi no participó en la apelación del otro acusado, el Tribunal desestimó su solicitud, por lo que Jordaan acordó representarlo de forma gratuita. Dos semanas después, el Tribunal revocó la condena y sentencia de Mhlongo y Nkosi y ordenó su liberación inmediata.

Desafortunadamente para Molaudzi, esto no significó una salida inmediata de prisión. Cuando se supo que era el “quinto acusado”, Thembelike se vio envuelto involuntariamente en complicados argumentos legales con respecto a la doctrina de la llamada “cosa juzgada”.

Dado que la solicitud de los reclusos ya había sido escuchada y desestimada por el Tribunal Constitucional en 2013, el Tribunal necesitaba resolver si tenía jurisdicción para volver a escuchar el asunto. Algo que tardó tres meses. La sentencia de junio de 2015 anuló la condena de Molaudzi. En ella se declaró que su caso “demostró circunstancias excepcionales que exigen flexibilidad por parte de la Corte”.

“No estoy haciendo frente”, dijo Molaudzi al WJP mientras esperaba al juicio algunas semanas antes de su liberación. “Tengo cambios de humor terribles. He pasado por una terrible experiencia. No estoy realmente enfadado, solo estoy traumatizado. Me llevará mucho tiempo curarme, no soy normal y no puedo pensar normalmente en este momento. Necesito un psicólogo”.

Thembekile Molaudzi disfruta de su libertad

Cuando finalmente se emitió la “orden de liberación” de Molaudzi, este sudafricano pudo volver a sentirse libre, después de que le arrebataran once años de su vida por un crimen que nunca cometió.