09 de agosto de 2020
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EDICIÓN VERANO

El término "maltrato institucional" lo acuñaron los miembros del CGPJ hace tres años durante la elaboración de la guía de buenas prácticas

Víctimas de violencia de género denuncian el continuo maltrato por parte de las Instituciones del Estado

Hace ya tres años, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consciente de la situación de desconfianza y malas prácticas judiciales que sufrían la victimas de violencia de género, decidió de acuerdo al punto 51 del Pacto de Estado de Violencia de Género elaborar un manual o guía de buenas prácticas para evitar las situaciones en las que se pone en duda la versión de las mujeres que han sufrido violencia y lo que se vino a denominar el "maltrato institucional".

Ese fue el nuevo término acuñado. Los autores del manual de buenas prácticas fueron los magistrados María José Barbarín Urquiaga, Mª Auxiliadora Diaz Velázquez, Gemma Gallego Sánchez, José María Gómez Villora, Vicente Magro Servet, Almudena Nadal Siles, Ricardo Rodríguez Ruiz y María Tardón Olmos. Todos apuntaron que el objetivo del manual era que las  víctimas de violencia de género  no sean "revictimizadas" por el poder judicial y que se sientan respaldadas, perciban sensibilidad y comprendidas con arreglo al sistema legal vigente, que  la administración de Justicia no sea causa de una segunda victimización.

Las víctimas de violencia de género suelen ser victimas también de las Instituciones. 

Sin embargo, tres años después, aún queda mucho por hacer porque en la mayoría del país nada de esto se cumple, según denuncian numerosas víctimas que por miedo o precaución no se atreven siquiera a poner su nombre en la queja o denuncia.  

El primer contacto con la víctima es clave

Uno de las principales quejas tiene que ver con el primer contacto que la víctima de violencia de género tiene con la Administración de Justicia. Según el manual, este delicado momento “no puede conllevar un rechazo de los encargados de recibir a las víctimas cuestionando que sea cierto lo que está contando. El objetivo es evitar  una segunda victimización  y el peregrinaje de la mujer  por sucesivos interrogatorios y maltratando así de nuevo a las mujeres  esta vez por parte del sistema judicia”. Es lo que el manual denomina "maltrato institucional”.

El magistrado Vicente Magro Servet hizo hincapié en que el objetivo de este manual es ser  un recordatorio de cómo los profesionales tienen que atender a las víctimas cuando acuden a los tribunales.

Los menores son utilizados por los maltratadores para hacer más daño a la madre. 

Otro tipo de maltrato institucional es el que tiene que ver con las decisiones judiciales relacionadas con mujeres. Es conocido y ha sido ampliamente publicado en estudios jurídicos y en medios de comunicación, el sesgo tradicional de la justicia  en cuanto a las decisiones que afectan a las mujeres. Por ejemplo, cuando se trata de decisiones que afectan a los hijos, a la conciliación, dedicación... en casos de custodia, en ocasiones, las madres que trabajan muchas horas fuera de casa suelen ser penalizadas “por no poder dedicar bastante tiempo a los hijos”.

Existen numerosos ejemplos que ilustran este extremo. Por ejemplo, el de madres profesionales altamente cualificadas  que han sido tachadas en sentencias como “malas madres” por dedicar tiempo y esfuerzo a su desarrollo profesional.  En el caso de procedimientos de familia, en causa de divorcio, es muy común  que les sean retiradas las custodias de sus hijos. Esto provoca, por un lado, el miedo a divorciarse y las lleva a soportar en muchas ocasiones violencia de género, y por otro conlleva para ellas el estigma social de ser una "mala madre"  a las que le despojan de sus hijos.  En estos casos estas víctimas de género se convierten también en víctimas del sistema judicial, es decir en  víctimas institucionales.

Testimonios de cinco víctimas de "maltrato institucional"

Los siguientes testimonios pertenecen a cinco mujeres que han pedido no ser reconocidas pero que ilustran el problema del “maltrato institucional”. Los datos aportados son reales, pero para evitar esta identificación se presentan con su profesión y localización territorial. Se trata de una ingeniera gallega, una cirujana catalana, una farmacéutica andaluza, una investigadora madrileña y una  experta en economía analítica que es de Asturias.

El CGPJ elaboró su guía de buenas prácticas para los jueces de violencia de género, pero ha valido de poco. 

Únicamente una de ellas denunció violencia de género y pidió orden de alejamiento. No se la concedieron y por distintas errores judiciales no le aplicaron la condición de víctima de género. En uno de esos errores corrió serio riesgo de haber sido asesinada. Su agresor la localizo y fue a buscarla al hotel de protección al cual la había derivado la policía junto a su hija pequeña. Esta mujer no se arrepiente de haber denunciado, pero siente que no ha valido de nada, solo que la ha expuesto doblemente, ante su agresor y la sociedad.

El porcentaje entre estas profesionales en cuanto a que no denuncian la violencia de género que sufren es más elevada de la media, el 70%. Ello es debido a las consecuencias profesionales que les reportan, por lo que son mas vulnerables. Recordemos, por ejemplo a la cirujana madrileña asesinada en agosto del 2019, la palentina María del Pilar de 48 años, que no denunció y acabó siendo asesinada a golpes y cuchilladas.

Todas ellas, profesionales, con condiciones de económicas, sociales y psicológicas óptimas perdieron a sus hijos. A todas, la justicia les usurpó la custodia, según denuncian en sus procedimientos, y tuvieron que batallar años. Sólo una consiguió recuperar la custodia de sus hijos, seis años después. A todo esto debe sumarse lo que se denomina  Síndrome de Alienación Parental (SAP), un conjunto de síntomas que son consecuencia del uso de diferentes estrategias por parte de un progenitor, en las que ejerce influencia en el pensamiento de los hijos con la intención de destruir la relación con el otro y  que provoca maltrato infantil, muchas veces unido a violencia de género, debido a que lo que está degradando esla figura materna, con insultos, humillaciones y vejaciones ante los menores. La consecuencia de esta Síndrome (SAP) implica la ruptura absoluta del vinculo filiar madre e hijos.

Las vícitmas denuncian que a los hombres no les exigen justificar su conciliación para reclamar la custodia, a ellas sí. 

-Ingeniera (gallega), hijos: una niña. Se la retiraron cuando la menortenía 3 años, hoy tiene 8. No la ha recuperado y sufre profunda depresión, ha destruido su carrera.  Ha renunciado a múltiples trabajos en el extranjero para no perder el contacto con su hija las dos tardes semanales (ocho horas) todo lo que la puede ver, con su hija.

-Cirujana (catalana), hijos: una preadolescente Se la retiraron cuando tenía 12 años, en la actualidad tiene 19. No tiene contacto con ella. 

Su hija presenta un profundo Síndrome de Alienación Parental y la rechaza culpándola de abandonar a su padre y dar prioridad a su carrera profesional. Su exmarido llego a presentar en el proceso judicial prestigiosas publicaciones científicas en las que había participado como prueba de que no era buena madre. A él, cirujano igualmente, pero menos prestigioso que su ex esposa, no se le exigió ningún tipo de documento sobre su profesión y su conciliación para reclamar la custodia.

-Farmacéutica (andaluza) hijos: un niño. Se lo retiraron cuando tenía dos años, hoy tiene ocho. Sigue luchando por recuperar la custodia. Abandonó su profesión de directiva de una multinacional farmacéutica y es autónoma en una pequeña tienda para evitar viajar y vivir en el mismo pueblo en el que su hijo reside con su padre. Es decir, sacrificó su vida profesional para intentar recuperar a su hijo. Fue acusada por su exmarido de tener un trabajo muy intensivo que la convertía en mala madre. El juez, igual que al resto retiró la custodia y la separóo de su hijo. 

-Investigadora (madrileña) hijos: dos niñas, cuando perdió la custodia tenían 6 y 12 años. En breve cumplirán 9 y 15. La pequeña sufre trauma emocional por la separación de su madre, la mayor está en tratamiento psiquiátrico debido al proceso judicial. Pero no quiere ver a la madre, la rechaza culpándola de abandonar a su padre y dar prioridad a su carrera profesional. A pesar de que su madre es víctima de género, ella está alienada totalmente apoyando tesis contrarias a los derechos de las mujeres y convencida de que su padre es la víctima.

Su exmarido alegó en el proceso judicial que la madre daba prioridad a su carrera y que psicológicamente no estaba capacitada para ser madre. Su declaración fue considerada prueba fiable (pero no aportó ningún tipo de prueba medica) como prueba de que no era buena madre. A él, también profesional, no se le exigió ningún tipo de documento sobre su profesión y su conciliación. El juez, igual que al resto, retiró la custodia de sus hijas y las desahucio de su hogar para que viviesen con su padre y su abuela paterna, en unas condicionales muy inferiores a las que vivían. 

-Experta en economía analítica (asturiana) hijos: tres, dos varones y una niña. En la actualidad todos ellos son ya mayores de edad. Su exmarido alegó en el proceso judicial también que ella daba prioridad a su carrera porque estaba inmersa en proyectos europeos de destacado calado investigador. El juez, igual que al resto, retiroó la custodia y la separó de sus hijos.

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