Indignación en la Policía Nacional tras el anuncio de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana

La Ley de Seguridad de Ciudadana que aprobó el Partido Popular de Mariano Rajoy está más cerca de desaparecer. Este jueves, el Gobierno de coalición anunciaba el cierre de un acuerdo para la reforma de la también conocida como 'Ley Mordaza', aprobada en 2015 con las críticas de la oposición, que tildó la medida de "antidemocrática". 

Desde entonces, su derogación ha sido un mantra habitual para las filas del PSOE. "Se criminaliza la disidencia ideológica bajo la idea de que esa disidencia altera el orden público y la seguridad ciudadana, como en otras épocas se hizo con leyes como la Ley de Peligrosidad y rehabilitación social" o "su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera, no la seguridad, sino la tranquilidad pública", señalaban los socialistas, aunque durante la etapa más dura del confinamiento echaron mano de esta ley para proponer 1.089.917 multas. 

Pese a todo, según informaban desde Unidas Podemos, este jueves se terminaron de cerrar los puntos pendientes para su modificación. A falta de conocer las propuestas del PNV, el partido ponente de la reforma de la 'Ley Mordaza', afirma que en la nueva legislación "no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes" de policías cuando éstas "no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los agentes o sus familias". 

Despliegue de furgones de la Policía Nacional. 

Una medida, la supresión de la prohibición de grabación y difusión sin autorización previa de imágenes de policías en su trabajo diario, que preocupa especialmente al Sindicato Unificado de Policía (SUP), que señala que "supone un peligro evidente para la integridad física de los agentes y de sus familias".

Por ello, manifiestan su "rechazo rotundo" al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, en un momento, explican, "tan complicado como el actual, en medio de una pandemia y de un incremento de agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". 

Más contundentes se muestran desde JUPOL, que califica la decisión de "despropósito inadmisible". En su opinión, "toda actividad policial se considera siempre con una presunción de culpabilidad y con la sombra de la duda por parte de ciertos sectores de la sociedad", por lo que la eliminación de esta medida supone "una nueva falta de respeto a todos los policías en el ejercicio de sus funciones". Su derogación, según explica su portavoz, Pablo Pérez, "vulnera completamente el derecho a la intimidad y el derecho a preservar la imagen y la identidad como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". 

Manifestaciones espontáneas

Otro de los puntos que pretende abordar el pacto acordado por Unidas Podemos y el PSOE versa sobre la garantía del derecho de manifestación y solo deberán comunicarse aquellas "de eventos previstos y previsibles". La no comunicación de este tipo de manifestaciones serán sancionadas como falta leve, mientras que no será necesario informar sobre aquellas que se celebren por imprevistos que provoquen su inmediatez. 

"Permitir que se celebren manifestaciones 'espontáneas', sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, atenta directamente contra las libertades del resto de ciudadanos, y vuelve a poner en situación de peligro e indefensión a los policías que se vean obligados a intervenir" explican desde el SUP, que exige se retiren estos cambios concretos del proyecto de derogación de la Ley.

Consideran que esta situación "ahonda en la situación de desamparo institucional que sufren los policías por parte de sus responsables políticos". También, que "crea más inseguridad jurídica en los policías, lo que puede llevar a coartar su operatividad en la complicada situación de pandemia y rotura del principio de autoridad por la que está pasando nuestro país" .