Entra en vigor la Directiva de la Unión Europea que protege a los denunciantes de corrupción

“La nueva Directiva va a suponer un paso muy importante para que los ciudadanos de cualquiera de los países de la UE se sientan legalmente protegidos para denunciar aquellos casos de corrupción o actividades delictivas que puedan conocer. Y en España hemos de pasar del concepto chivato, demasiado vigente en el pasado, al de denunciante, como ciudadano cumplidor de sus deberes éticos y sociales” ha manifestado Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España.

La iniciativa de esta medida se comenzó a plantear debido a una denuncia de irregularidades tras el escándalo Luxleaks de 2014, en el que un exempleado de PricewaterhouseCoopers fue condenado en Luxemburgo por filtrar una gran cantidad de documentos que revelaban exenciones fiscales para empresas multinacionales. 

Pero no es una excepción, sino que son numerosos los casos de corrupción o irregularidades en organismos españoles y europeos donde los propios denunciantes han sufrido represalias por tratar de sacar a la luz asuntos turbios que representantes públicos pretenden esconder o seguir cometiendo con impunidad. 

Con esta nueva directiva, la Unión Europea quiere lograr que estas prácticas no vuelvan a repetirse, persiguiéndolas por ley y haciendo que todos los Estados miembros estén obligados a proteger a las personas que se arriesgan para denunciar corrupciones. Las medidas aprobadas por el organismo europeo establecen unos canales protegidos de denuncias y prohíben cualquier represalia contra quienes se atrevan a sacar a la luz irregularidades en empresas privadas y organismos públicos.

En este sentido, la Comisión Europea destaca que los denunciantes tienen un papel fundamental en la investigación y sanción de quienes incumplen las leyes, así como su ayuda a los periodistas a obtener información indispensable para hacer su trabajo.

La nueva Directiva de la UE quiere garantizar la protección de los denunciantes de corrupción

Pero, pese a su aportación social, los denunciantes sufren persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud. Según la encuesta Global Business Ethics de 2016, un 36% de los trabajadores que hicieron públicas las irregularidades manifestaron haber sufrido algún tipo de represalia.

Pero no solo la corrupción repercute sobre la salud de los whistleblowers, sino que las actividades ilegales tienen consecuencias en el erario público. Un estudio realizado por la Comisión Europea en 2017, estimó que la falta de protección de estos denunciantes solo en el campo de la contratación pública le ha causado a la Unión Europea en su conjunto, pérdidas de entre 5.800 y 9.600 millones de euros.

Garantizar la confidencialidad

Los mecanismos de la Directiva incluyen el establecimiento de canales de denuncias, tanto internos como externos a las organizaciones, donde estará garantizada la confidencialidad de los denunciantes.

De este modo, se considera un proceso de denuncias en tres niveles, comenzando por la denuncia a través de procedimientos internos de la organización. En caso de que la primera vía no funcione, el siguiente nivel es el de las autoridades competentes y, si no se toman medidas en este sentido o si hay peligros inminentes para el denunciante, entonces se prevé la utilización de los medios de comunicación.

La Directiva de la Unión Europea estima la protección de los denunciantes que informen sobre todo tipo de asuntos, que comprenden los relacionados con las compras públicas, los servicios financieros, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la seguridad del transporte, la protección ambiental, la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria, la salud de los animales, la salud pública, la protección a los consumidores, la protección y la seguridad de los datos y sistemas de información, y las regulaciones tributarias e intereses financieros de la UE.