10 de agosto de 2020
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EDICIÓN VERANO

El régimen bolivariano de Venezuela pretende controlar los comicios que se celebrará en diciembre de 2020 para seguir en el poder

Maduro prepara elecciones a su medida, se apropia de la oposición y usa el coronavirus para reprimir las protestas

Tres de los cuatro grandes partidos opositores quedan en manos del régimen
Tres de los cuatro grandes partidos opositores quedan en manos del régimen
"Vamos a votar por una nueva Asamblea Nacional al servicio de las mayorías y del país", aseguró Maduro esta semana después de que el Tribunal Supremo, controlado por él, estableciera nuevas autoridades electorales, también afines al chavismo. Horas después, los dos mayores partidos opositores pasaban al gobierno, también por sentencia del Alto Tribunal. Venezuela reinicia una segunda cuarentena por el primer gran brote y se prohibe cualquier reunión en las calles.

Venezuela se encamina a elecciones parlamentarias, al menos, eso aseguro Nicolás Maduro que buscará recuperar el control del poder legislativo después de la aplastante derrota del año 2015. Solo hay un inconveniente, desde aquella oportunidad, todas las elecciones han estado dirigidas y protagonizadas por el régimen, los grupos antichavistas han quedado siempre al margen. Ninguna votación ha tenido reconocimiento internacional hasta que en 2019 asumió la presidencia encargada Juan Guaidó, aceptado por buena parte de la comunidad internacional como el único presidente “legítimo”.

No obstante, un año después del choqué de presidentes, el régimen no ha hecho más que apretar las tuercas y maximizar su persecución contra la oposición. Este año, se cumplen cinco años de legislatura y el parlamento debe ser renovado. En medio del enredo legal, Maduro esta preparado para rehacer unas elecciones de él contra él.

Para ello ha utilizado al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por él para suspender a los cuerpos directivos de los partidos opositores y reemplazarlos por chavistas o leales al chavismo, que se presentarán a las elecciones de este año como "la oposición". 

Las diputadas de Voluntad Popular, el único no "expropiado" rechazaron la sentencia contra PJ y AD.

La medida ha sido rechazada por la oposición, la Unión Europea, Estados Unidos, países latinoamericanos e incluso por otros partidos cercanos al régimen como el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Con esta medida, Maduro pasaría a controlar casi la totalidad de los partidos políticos de Venezuela y podría presentarlos en las elecciones con los candidatos que él decida. 

Se trata de una estratégia ya usada por el régimen con el también histórico partido COPEI y la pequeña agrupación Min-unidad. Las directivas de estas formaciones fueron cambiadas a dedo por el Supremo chavista y contra la opinión de los afiliados. Ambos partidos políticos se presentaron como "oposición" pero con candidatos abiertamente chavistas en las elecciones del 2015. 

Fuentes del Ministerio de Exterior aseguran a elcierredigital.com de que las medidas tomadas por el Supremo de Maduro eliminan progresivamente la posibilidad de una salida negociada del chavismo. Aunque España no quiere dar declaración oficial al respecto, desde Exteriores explican que apoyarán cualquier acción de política exterior tomadas desde la Unión Europea.

Por su parte, Estados Unidos ha sido más contundente, el encargado de negocios en Venezuela James Story ha asegurado que, quienes "usurpen" el liderazgo de la oposición perderan visados y propiedad en EEUU. El funcionario aseguró que no se descarta "otro tipo de sanción". 

Mientras la crisis social y económica que vive Venezuela se incrementa a causa de la pandemia de coronavirus, el régimen utiliza medidas sanitarias para aplacar a la crítica. Durante el pasado fin de semana y ante la posibilidad de nuevas protestas contra las medidas tomadas por el Supremo, el portavoz del chavismo Jorge Rodríguez declaró que se "radicalizará" la cuarentena. Según datos del régimen, los últimos 5 días se han duplicado los contagiados.

Papeletas de partidos de oposición, pero sin opositores

Lo que inició con la elección "fraudulenta" de los directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE), la instiución encargada de las elecciones, y que fue desconocida por España y sus aliados, se ha transformado en un nuevo intento de eliminar totalmente a la oposición democrática.

Las expropiasiones de partidos políticos de oposición, ahora en manos de Maduro, comenzaron con la semana pasada con una denuncia presemtada por el hasta ahora opositor Bernabé Gutiérrez ante el  Tribunal Supremo. El tribunal, leal al chavismo, suspendió a toda la directiva del histórico partido Acción Democrática, el más antiguo del país y que sería el equivalente español del PSOE.

Desde 2007, Primero Justicia ha pasado a ser el mayor partido opositor.

El tribunal otorgó a Gutiérrez la presidencia “ad hoc” del partido y la potestad de utilizar su emblema para las elecciones parlamentarias que convocará Maduro. Horas después, la dirección del AD suspendió a Gutiérrez de su militancia por “traicionar la posición del partido”. “La noticia cayó como una bomba en un país más ocupado en sobrevivir que en la política”, explica Luis Palacios, miembro del partido opositor Voluntad Popular.

Pocas horas después, el tribunal repitió el proceso de forma exprés, pero esta vez contra el mayor partido opositor, el socialcristiano, Primero Justicia, que pasa a manos de José Brito un exdiputado opositor que ahora simpatiza con el régimen. En 24 horas, el supremo de Maduro había entregado la dirección del segundo y tercer partido político más grande del país al gobierno.

Contreras explica que “en la noche del miércoles, se supo que otro diputado comprado por Maduro pidió hacer lo mismo contra el partido Un Nuevo Tiempo, otro de los principales de la oposición. Aunque aún no hay sentencia, es casi seguro que repetirán la operación”. Según considera el constitucionalista estas acciones “obedecen a un intento del régimen para montar unas elecciones disfrazadas de legitimas en las que los partidos de oposición ya no son ilegales, pero estarán controlados por personas cercanas a Maduro”.

Acción Democrática es el partido más antiguo del país y gobernó varias veces durante la época democrática.

Estas acciones han sido rechazadas casi de forma inmediata por el Grupo de Lima, conformado por la mayoría de países de centro y sur América, así como por Francia, Canadá y Estados Unidos. En elcierredigital.com hemos intentado contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores para saber del posicionamiento oficial del ejecutivo de Pedro Sánchez, pero no hemos obtenido respuesta.

El árbitro electoral electo “ilegalmente”

La semana pasada, su el Tribunal Supremo, controlado por el dictador, anunció la nueva dirección del Consejo Nacional Electoral, facultad exclusiva del parlamento. La decisión ha sido rechazada por países como Colombia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania; sin embargo, el régimen chavista está decidido a hacer unas nuevas elecciones y para acallar a la crítica pretende utilizar a los partidos de oposición para dar “legitimidad al proceso”.

El nuevo poder electoral estará presidido por exmiembros del partido de Maduro.

El abogado constitucionalista, Pedro Contreras explica a elcierredigital.com que el proceso de selección de los rectores electorales se ha hecho a través de la “mesa de diálogo” en la que está el gobierno y algunos partidos de oposición minoritarios, pero controlados por adeptos al chavismo. Esta especie de oposición madurista “pidió hace un mes que el Tribunal Suprema declarara omisión legislativa en cuanto a la elección del órgano electoral. Para elegirlos hacen falta dos terceras partes, pero entre los diputados exiliados, presos, en paradero desconocido o directamente comprados por el chavismo, ya no hay suma mayoritaria”, explica el constitucionalista.

Esto habría servido para nombrar a Indira Alfonzo, magistrada y abiertamente chavista como nueva presidenta del consejo electoral.

Todo es culpa del Supremo “ilegal” controlado por Maduro

En el año 2015, el parlamento pasó al control de la coalición Mesa de la Unidad Democrática que aglutinó a toda la oposición. Dos meses antes, en las últimas elecciones celebradas en Venezuela reconocidas como “libres” por la comunidad internacional, el frente antichavista logró una aplastante victoria, llevándose dos tercios del parlamento. Según explica la periodista venezolana María Sanz el chavismo fue “literalmente barrido”, incluso, “zonas en las que siempre había predominado la devoción a Chávez, quedaron sin ninguna representación oficialista”.

Maduro junto Gladys Gutierrez que pasa del tribunal chavista a la cabeza del consejo electoral.

Sanz explica que después de que la oposición asumiera el mando el 5 de enero de 2016, el chavismo comenzó a maniobrar para desconocer los resultados electorales. “Realmente el problema llegó unos días después de las elecciones, el gobierno obligó a dimitir a todo el Tribunal Supremo y el parlamento que mantenían controlado eligió nuevos magistrados”, explica la periodista. Un proceso desconocido por la Europa y la OEA. Entre los nuevos magistrados se encontraban miembros del partido oficial, que se autovotaron en el parlamento de la anterior legislatura.

Pedro Contreras, abogado constitucionalista, explica que, con la mayoría lograda por la oposición en el año 2015, el parlamento tenía la potestad constitucional para elegir la fiscalía, el contralor, defensoría del pueblo y la cabeza del poder electoral, que deben ser electos por dos terceras partes del legislativo. Contreras y Sanz concuerdan en que los problemas jurídicos comenzaron con la “ilegal” elección del nuevo tribunal supremo, conformado por chavistas.

“El supremo controlado por Maduro, a través de su sala Constitucional (Versión equivalente al Tribunal Constitucional) ha despojado al parlamento de todas sus competencias. Sumando más de 100 sentencias en contra de la Asamblea Nacional”, explica el constitucionalista.

Durante el primer mes, suspendieron a todos los diputados representantes de la región indígena de Amazonas, 3 opositores y uno favorable a Maduro. Según explica Pedro Contreras después de unos meses sin respuestas para repetir las elecciones en la región indígena, el parlamento que había acatado inicialmente la sentencia, procedió a incorporar a los diputados suspendidos por el tribunal. El Supremo chavista rompió su silencia para declarar al legislativo en “desacato”. “Algo inusual e incomprensible, porque un poder público no puede estar en desacato, solo las personas o empresas pueden. Tampoco había ocurrido algo similar, así que muchos constitucionalistas nos hemos inclinado a denominar esto como un choque de poderes”, asegura Contreras.

El constitucionalista explica que: “de aquí vinieron las decenas de sentencias, hasta despojar casi del todo al parlamento de sus funciones”. Como hemos contado en elcierredigital.com durante los años siguientes, el parlamento intentó mantener su operatividad, respaldó las protestas más importantes de la historia reciente del país, participó en negociaciones auspiciadas por Zapatero y finalmente nombró a Juan Guaidó su actual presidente, como encargado de la presidencia de la república ante el vencimiento del periodo de Maduro.

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