Ángel Carromero, el testigo incómodo de Pablo Casado que rompe el PP

Tras conocerse este jueves el presunto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, para investigar su posible cobro de una comisión por intermediar en un contrato público, la guerra interna del PP ha explotado. Todo ello ha venido seguido de la dimisión del coordinador general de la Alcaldía de Madrid, Ángel Francisco Carromero Barrios, que ocupaba este puesto desde septiembre de 2019 con un sueldo de 92.967,12 euros brutos al año.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, –del que Carromero era mano derecha– ya había apuntado esta mañana hacia su figura alegando que si se demostraba "alguna actividad irregular" en la polémica situación sería "cesado de inmediato".

En un mensaje de voz al que elcierredigital.com ha tenido acceso, el dueño de Mira Detectives, Julio Gutiez, ha aclarado que "algunas empresas vinculadas al Partido Popular" pidieron sus servicios para el espionaje a Ayuso. Y añadió: "Nos negamos porque el trabajo que me querían encargar era ilegal por los datos que solicitaban". Dicha petición venía de subordinados de Álvaro González, presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) –dependiente del Ayuntamiento de Madrid y la única que está fuera del control de fiscalización de los organismos públicos–.

Ángel Carromero, el que fuera hace una década condenado en Cuba por protagonizar un accidente de tráfico con dos muertos, ha sido señalado por el equipo de la presidenta como el gran instigador de la trama de espionaje. La dimisión de Carromero, muy cercano desde sus inicios en política a Génova y a Pablo Casado, despierta las dudas sobre si ha tenido algo que ver en este caso de espionaje.

El estrecho vínculo entre Pablo Casado y Ángel Carromero

El 28 de mayo de 2005 Pablo Casado –entonces, con 24 años– era elegido presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid. Durante esta época de liderato para Casado en este grupo, el político concilió sus apoyos a la oposición cubana –que entonces regía Oswaldo Payá– con envíos de dinero mediante correos humanos. Uno de estos correos dinerarios que envió el ahora presidente del Partido Popular fue a través de su compañero de Nuevas Generaciones, Ángel Carromero, que viajó a Cuba bajo su orden. Este viaje sería el inicio de su etapa más difícil y dura.

El 22 de julio de 2012 el líder de la oposición anticastrista, Oswaldo Payá, fallecía a causa de un accidente automovilístico, en la localidad de Bayamo, de un vehículo que conducía Carromero por las carreteras de la isla caribeña. Desde ese momento, Carromero pasó a ser uno de los objetivos de control de los Servicios Secretos cubanos, dirigidos por los hermanos Castro, que recogieron varios vídeos de sus actuaciones diversas en el país caribeño. 

Antecedentes penales de Carromero

En calidad de acusado en el "caso Oswaldo Payá", Ángel Carromero fue sentenciado y condenado por un Tribunal cubano por homicidio involuntario a cuatro años de prisión el 15 de octubre de 2012. La ejecución de la condena se produjo en una prisión cubana y el 29 de diciembre del mismo año, el Ministerio de Asuntos Exteriores Español,  controlado por el popular José Manuel García-Margallo, consiguió que el preso Carromero fuera trasladado a una cárcel española para cumplir la pena.

Tras su regreso a España –orquestado por Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid–, fue internado en la prisión de Segovia hasta que le fue otorgado el tercer grado penitenciario por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el 12 de enero de 2013. Sólo tenía que ir a dormir al centro de régimen abierto Victoria Kent, de lunes a jueves, hasta que le pusieron una pulsera telemática y no volvió jamás a la cárcel. Lejos de conformarse con la suerte de haber podido cumplir condena en España, Carromero solicitó al Gobierno el indulto, basándose en una condena impuesta por otro gobierno, cosa que no logró.

Ángel Carromero siendo custodiado por policías cubanos.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó en marzo de 2013  el indulto y explicaba que "practicada la liquidación de condena, aparece que estuvo (Carromero) en prisión provisional desde el 23/07/2012 hasta el 28/12/2012 iniciando el cumplimiento de la pena el 29/12/2012, fecha en la que fue trasladado a España para cumplir la pena impuesta por las autoridades judiciales cubanas, en virtud del artículo 13 del Convenio entre el Reino de España y la República de Cuba (...)".
 
La misma Sala informaba que "desde su traslado a España se encuentra en tercer grado" y añadía una crítica: "El Centro de Inserción Social Victoria Kent informa sobre una conducta correcta, y respecto a la prueba del arrepentimiento, refiere como no ha mostrado o manifestado ningún signo en tal sentido referente a los hechos condenados en sentencia".
 
El dictamen del Tribunal para negar el indulto a Carromero estaba apoyado en un informe de la Dirección General de Tráfico, que exponía que "El solicitante del indulto ha acumulado en los últimos años (2009-2012) seis sanciones administrativas por incumplimiento reiterado de las más elementales normas de circulación y, a la fecha de comisión de los hechos, ya había sido acordada con carácter provisional la pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir" y en la conclusión dictada por la Audiencia, que recogía que "Este Tribunal, en su misión meramente informativa, estima del estudio del presente expediente que NO encuentra razones de justicia, equidad o conveniencia para conceder el indulto interesado a favor de Ángel Francisco Carromero Barrios".

La Audiencia Nacional se pronunció negativamente sobre indultar a Carromero.

La importancia de esta condena para la vida política de Carromero es que, según el artículo 136 del Código Penal, tuvo antecedentes penales hasta octubre 2018. La condena concluyó en 2016. Se suscribió un memorándum con el gobierno cubano para el cumplimiento de una pena en el extranjero en territorio español. Y aunque el artículo 136 del Código Penal señala en su apartado D que los antecedentes penales para una condena "igual o superior a tres años" se cancelan a los cinco años, a Carromero se le aplicó el apartado B de dicho artículo 136 que señala que la cancelación de los antecedentes penales se efectuará "a los dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes". Como tal, se le aplicó así a su condena en Cuba, trasladada a España por homicidio imprudente.

Los antecedentes penales de Ángel Carromero le impidieron ejercer actividades relacionadas con menores en la función pública, como ser consejero de Educación o director general de Juventud. Tampoco pudo ostentar cargos directos relacionados con la Justicia o la Seguridad. Sin embargo, Ángel Carromero acabó siendo el coordinador general de la Alcaldía de Madrid de Martínez-Almeida.

Profesional de la política

Ángel Francisco Carromero Barrios se afilió con tan solo 18 años a las Juventudes del Partido Popular (PP) en el distrito madrileño de Salamanca, el barrio más conservador de la capital. Desde entonces, ha hecho carrera en esta formación a la sombra de su "protector" Pablo Casado. Así, cinco años más tarde ya se había convertido en un liberado político, gracias al amadrinamiento de la entonces lideresa madrileña Esperanza Aguirre. Poco a poco consiguió ser uno de los hombres más fieles de Pablo Casado en las Nuevas Generaciones del PP, un órgano que entonces controlaba el hoy presidente popular.

Carromero no compaginó muy bien del todo su carrera política con su época de estudiante, aunque su biografía oficial específica que se licenció en Derecho por la Universidad Católica de Ávila y cursó un módulo de Finanzas y Relaciones Internacionales en la Fordham University, de Nueva York.

Sin embargo, no siguió con su trayectoria académica y comenzó a vivir profesionalmente de la política. El 15 de enero de 2009, con 23 años, se convirtió en asesor de la concejala del PP en el distrito madrileño de Moratalaz, Begoña Larraínzar, con un sueldo de 46.625 euros al año. Con anterioridad, había sido consejero técnico de la Junta Municipal de La Latina, entre diciembre de 2008 y junio  de 2011, además de vocal vecino del PP en la Junta Municipal del distrito de Salamanca, hasta enero de 2009.

Antes de ser asesor municipal, Carromero era dueño de un gimnasio que abrió en el verano de 2009 en el distrito madrileño de Salamanca, donde vivía. Entonces ejercía como administrador único de la sociedad Lostic Investment S.L., que traspasó a su madre en marzo de 2010.

Ángel Carromero siempre junto a Pablo Casado, en esta ocasión también con Ana I. Pérez, Cristina Cifuentes.

Sólo pocos días después de salir de la cárcel, en febrero de 2013, se instaló de nuevo como asesor del grupo municipal del Partido Popular en el Consistorio madrileño con un sueldo de 53.589,06 euros anuales. Fue la entonces alcaldesa, Ana Botella, esposa de José María Aznar y primer edil de la capital de 2011 a 2015, quien le dio cobijo y lo volvió a situar en la primera línea de la política de la formación conservadora en Madrid.

Así, en octubre de 2013 fue elegido por unanimidad Secretario General de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular en Madrid, el segundo puesto de mayor poder tras la presidenta Ana Isabel Pérez. También se le criticó que continuara en el puesto tras haber cumplido los 32 años, el 12 de noviembre de 2017, edad máxima para formar parte de esta organización juvenil del PP. 

Ángel Carromero enseña la fotografía del coche siniestrado en Cuba.

Pero Carromero saltó a la fama nacional por el accidente de circulación que sufrió en Cuba y que acabó con la vida de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Ángel Carromero, que conducía, y el dirigente de la Juventud Cristiano Demócrata de Suecia, Aron Modig, que también viajaba en el coche solo resultaron heridos.​

El gobierno de Cuba acusó entonces a Carromero de estar en la isla para financiar ilegalmente a la oposición con fondos del Partido Popular (PP) y otros partidos conservadores europeos. Carromero corría el riesgo de ser procesado como extranjero involucrado en actividades políticas ilegales, con penas de hasta 20 años de cárcel, según el artículo 91 del código penal cubano que recoge "sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte".