La Ley 'trans' y la de alquileres aumenta la tensión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dentro del Ejecutivo

La holgada aprobación de los Presupuestos Generales del Estado poco antes de las Navidades prometía un 2020 despejado políticamente para el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez y conformado por el PSOE y la coalición Unidas Podemos del vicepresidente segundo Pablo Iglesias.

Pero el año ha arrancado con una constante tensión interministerial que no parece haber sido rebajada a pesar de los 'agradables' resultados obtenidos en las elecciones autonómicas catalanas por los dos partidos progresistas.

El triunfo del PSC-PSOE y el sorprendente resultado de En Comú Podem, que mantuvo escaños a pesar de que casi todas las encuestas le pronosticaban desplome, no parece haber apaciguado los ánimos internos del Ejecutivo central.

Dos leyes sociales y sendos aplazamientos

En la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras asociaciones sobre la vivienda sentó peor que mal una decisión de hace unos días de José Luis Ábalos, ministro de Transportes y hombre de confianza de Pedro Sánchez dentro del PSOE.

Ábalos, según adelantó el periódico '20 Minutos' y confirman fuentes socialistas a Elcierredigital.com, decidió aplazar el proyecto de la 'ley del alquiler', que regulará el precio del mismo tal y como se hace en varias capitales europeas, hasta que pasasen las elecciones catalanas.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Foto: Flickr. 

Según voces autorizadas dentro de Unidas Podemos, Ábalos no quiso "eclipsar" con polémicas la campaña de Salvador Illa y pudo anteponer los "intereses electoralistas" de los socialistas antes de abrir un 'melón' con muchas aristas como son los alquileres.

Y es que en La Moncloa son conscientes, señalan las mismas fuentes, de que la derecha política y mediática "pretende que el darwinismo campe a sus anchas en vivienda y siga asfixiando a millones de españoles en medio de una pandemia".

La negociación de la 'ley trans', aplazada

El PSOE también ha hecho valer su peso dentro del Gobierno al conseguir aplazar la negociación la próxima semana de la vanguardista 'ley trans', que permitirá que cualquier persona, a partir de los 16 años, pueda cambiar su nombre y sexo en el registro civil con una declaración expresa.

Sánchez e Iglesias en el Congreso. Foto: Flickr. 

Algunas voces socialistas preferirían que esa edad se 'retrasase' hasta los 18 y el debate, aplazado finalmente, promete tensiones porque algunos medios están señalando que Unidas Podemos ha filtrado borradores para presionar a sus socios de Gobierno.

Juan Carlos Monedero, imputado

Pablo Iglesias no pasa por sus mejores momentos después de que una de las personas de su máxima confianza, Juan Carlos Monedero (que acaba de asumir la presidencia del Insituto 25M, de Podemos), haya sido imputado por los contratos que vincularon a la formación morada con la empresa Neurona en la campaña electoral de las generales de abril de 2019.

Un informe policial asegura que Monedero fue el autor de una factura falsa que justificaba que recibió 26.200 euros de la consultora Neurona. Esta empresa sudamericana lanzó una filial en Sevilla poco antes de los citados comicios, realizó un pagó a Monedero en enero de 2018 y fue contratada por Podemos para realizar vídeos y publicaciones en redes en abril de 2019 a cambio de 363.000 euros.

Monedero se defiende

Juan José Escalonilla, titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, cree que Monedero cobró una comisión a cuenta del contrato que recibió Neurona por parte de Podemos.

Pero este asunto, que llevará al politólogo a declarar ante el juez el próximo 15 de marzo, podría tener escaso recorrido judicial porque el juez no aporta un escrito de conclusiones respecto a esta pieza sobre Monedero y ni siquiera ha requerido al fundador de Podemos los trabajos que supuestamente realizó para Neurona.

Cabe recordar que Neurona trabajó para el Gobierno boliviano de Evo Morales y ha contado con la colaboración de Monedero durante muchos años. Monedero se ha defendido en el medio en el que colabora, Público: "Nadie sabía que las elecciones generales se iban a celebrar en abril de 2019, se precipitaron al no apoyar ERC los presupuestos. Esa teoría no se sostiene por ningún lado", asegura.

No es la primera polémica que protagoniza Monedero, que fue sancionado a seis meses de empleo y sueldo por la Universidad Complutense al haber compatibilizado sus tareas como profesor y consultor, y además, tuvo que realizar una regularización de Hacienda de 200.000 euros por un cobro de 425.000 euros a Venezuela a través de una empresa en vez de hacerlo vía IRPF.