16 de octubre de 2021
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FIN DE SEMANA

El Convenio Bilateral firmado por ambos reinos establece que nuestro país correrá con los gastos de las acciones de devolución de los 'menas'

Repatriación de menores a Marruecos: España financia el círculo vicioso de la migración

Entrada de migrantes a Ceuta el pasado mes de mayo.
Entrada de migrantes a Ceuta el pasado mes de mayo.
La Justicia examina con lupa la fórmula jurídica elegida para devolver a Marruecos a los 700 niños y adolescentes que entraron irregularmente en Ceuta en mayo de este año, tras la denuncia de diversos organismos que indican que se incumple la ley. Mientras, España financia este despropósito, tal y como establece el convenio bilateral de 2007, en el que además se indica que nuestro país favorecerá "el desarrollo socioeconómico de las regiones de fuerte potencial migratorio".

El debate político y social, así como también el embrollo judicial, generado en torno a las devoluciones de menores a Marruecos no amaina. Los tribunales continúan examinando con lupa la fórmula jurídica elegida para devolver al país vecino a los 700 niños y adolescentes que entraron irregularmente en Ceuta en mayo de este año mientras la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Defensor del Pueblo y multitud de organizaciones y expertos señalan que las repatriaciones, que se iniciaron el viernes 13 de agosto, vulneran al menos dos normas.

La primera, la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, que fue ratificada por España en 1990. Su artículo 12 prescribe que el menor tiene que "ser escuchado" en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado”.

La segunda, la Ley de Extranjería del año 2000, que exige un informe previo de los servicios de protección de menores, así como de la Fiscalía, en los procedimientos de repatriación de menores. En este sentido, desde la organización Save The Children advierten que "cualquier repatriación colectiva" de menores migrantes es una práctica "ilegal", al no analizar caso por caso la situación de cada niño. "Resulta esencial que, tras la llegada al territorio, las autoridades realicen una evaluación del interés superior de cada uno de los menores para determinar cuál es la solución duradera que mejor responde sus necesidades y su bienestar".

Tras desatarse el escándalo con las primeras devoluciones, el Ministerio del Interior sostuvo que el acuerdo bilateral de 2007 entre España y Marruecos establece un procedimiento alternativo al contemplado por la Ley de Extranjería y su reglamento. En realidad, el convenio recoge que todas las acciones en materia de retorno se efectuarán “con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”.

España financia las repatriaciones 

No debemos olvidar que estamos hablando de seres humanos, niños en definitiva, que en muchos casos vienen a España engañados, en busca de un futuro más amable, pero que una vez dejan sus hogares atrás lo único que encuentran es el desdén de instituciones y administración. Muchos vagan a su suerte por las calles de Ceuta, muchos otros serán repatriados, y algunos de ellos lo volverán a intentar. Lo confirma el sindicato JUPOL, que señala que "hay un número que escapó que pensamos que está tratando de dar el salto a la Península, bien en los bajos de un camión o colándose como polizones en alguno de los barcos".

Ciudadanos marroquíes cruzando a Ceuta en mayo de este año. 

Quizá, los que lo vuelvan a intentar serán devueltos a Marruecos de nuevo. Un coste, el de las repatriaciones, que asume España. Así lo establece al menos el artículo séptimo del convenio bilateral entre España y Marruecos, en el que se indica que "la parte contratante española asumirá la financiación de las acciones de protección y de repatriación de los menores de edad no acompañados y colaborará en la cofinanciación de las acciones de prevención, en particular favoreciendo el desarrollo socioeconómico de las regiones de fuerte potencial migratorio".

El gasto de España en Marruecos

Aunque desconocemos el importe exacto dedicado a este punto concreto, sí son públicos los datos relativos al importe económico desembolsado por España y destinado a Marruecos.

Desde que Pedro Sánchez ocupa la Moncloa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 90 millones de euros a la lucha contra la inmigración irregular. En concreto, el 19 de julio de 2019 se aprobó una ayuda de 30 millones de euros para "contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en sus actividades de lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos"; otros 31 millones en mayo de 2020, en plena crisis por la pandemia de coronavirus, y 30 millones más, que fueron aprobados coincidiendo en el tiempo con la crisis actual.

No son los únicos desembolsos. A ellos hay que sumar las compras públicas de vehículos policiales y material para el país vecino y que suman en los dos últimos años 35 millones de euros. Una cantidad que se destinó a la compra de 750 vehículos, quince drones, decenas de escáneres, radares y el equipamiento técnico necesario para el control de fronteras. Además, se compraron otros 90 quads por valor de 1,4 millones y en diciembre de 2020 se destinaron otros 8,6 millones a la adquisición de 130 vehículos todo terreno.

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