24 de julio de 2021
|
Buscar
EDICIÓN VERANO

Un acuerdo velado del Ejecutivo del PSOE y la Conferencia Episcopal permite no conocer el numero total de las propiedades a cambio de pagar el IBI

El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a 'resucitar' la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia española

Monseñor Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno, en junio de 2020.
Monseñor Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno, en junio de 2020.
A pesar de que era una de las banderas del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, Sánchez no ha hecho pública la lista de bienes inmatriculados de la iglesia católica española. Mientras en todo el país asociaciones, particulares e instituciones locales o autonómicas exigen acceso a esa información para tomar acciones legales de recuperación, crece la sospecha de la existencia de un pacto entre Gobierno y Conferencia Episcopal Española.

El Gobierno español ha publicado una lista con miles de propiedades inscritas por la Iglesia entre 1998 y 2015. Pero es mucho menos de lo que PSOE y Unidas Podemos pactaron en su acuerdo de coalición. Ambos partidos se comprometieron a hacer las "modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia". 

El poner orden en los bienes inmatricualados de la Iglesia fue uno de los objetivos del Ejecutivo, el primero en coalición desde los años de la II República. Sin embargo, la crisis del coronavirus vino a cambiar el orden de prioridades. Por otro lado, el gobierno de la Iglesia nacional vivía sus propias batallas internas que cristalizaron en un viraje de la Conferencia Episcopal, siendo elegido presidente Juan José Omella, considerado el hombre de confianza del Papa Francisco en España y un hombre bien visto por el Gobierno de Pedro Sánchez

Las relaciones Estado-Iglesia nunca han sido sencillas en España. Desde la llegada al Gobierno de la nación del PSOE de Sánchez, en junio de 2018, Moncloa decidió delegar las relaciones institucionales con la confesión mayoritaria en Carmen Calvo. Desde ese momento, los momentos de tensión y acercamiento se han alternado en las relaciones entre el Ejecutivo y la Conferencia Episcopal. Un punto de fricción fue todo lo que tuvo que ver con la exhumación de Francisco Franco y la búsqueda de un lugar para el enterramiento secundario de los restos del dictador. 

Otro punto de fricción ha sido conseguir que la Iglesia pagase el IBI (Impuesto sobre los Bienes Inmuebles) para aquellas propiedades no dedicadas al culto, que son las únicas exentas de pagar este impuesto. Ni más ni menos que lo que ha ocurrido en otros países como Francia o Italia. 

La Mezquita-Catedral de Córdoba. 

Fue en ese momento cuando el Gobierno exigió a la Conferencia Episcopal que hiciera pública la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia en virtud de la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 en su artículo 206 llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar y que otorgaba facultades casi notariales a Obispos para poder registrar propiedades. 

Antes de esto, el Colegio de Registradores facilitó un informe a Pedro Sánchez, en agosto de 2018, recién llegado a La Moncloa, en que se hacía inventario de los bienes registrados a nombre de la Iglesia desde 1998. La lista ascendía a 30.000 propiedades, aunque lo cierto es que en ella aparecían inmuebles que sí son considerados lugares de culto, como ermitas, catedrales o iglesias. Pero también frontones, casas parroquiales, casas de maestro y parcelas de todo tipo, donde no se celebran actos litúrgicos.

Por su parte, en julio, el Gobierno recibió la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica en 2018, en una reunión mantenida entre el subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Antonio Hidalgo, y el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello García, que estuvo acompañado por el vicesecretario general para Asuntos Generales, Carlos López Segovia y el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal.

Juan José Omella. 

En el transcurso del encuentro, se concretó que a partir del mes de septiembre, se iniciarían los trabajos de las comisiones técnicas entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española que se acordaron constituir en la reunión mantenida el pasado 24 de junio, entre la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella. 

Sospechas de un pacto Iglesia-Estado

Aunque septiembre de 2020 se puso como fecha para que el Gobierno intentara llegar a algún acuerdo con la Iglesia sobre el pago del IBI y la posible devolución de algunos bienes, lo cierto es que los meses han pasado sin que nada se sepa. 

El Gobierno de Sánchez, haciendo caso omiso de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, no ha hecho pública todavía la lista de bienes inmatriculados. La coordinadora Recuperando, que unifica a varios colectivos patrimonialistas, mostraron el pasado mes de agosto su preocupación porque el Gobierno intentase llegar a un acuerdo con la Conferencia Episcopal y hacer una especie de ‘cambio de cromos’. Es decir, que el clero pagase el IBI a cambio de que no se tocasen los bienes inmatriculados.

“Tememos que el Gobierno central esté negociando en secreto con la Iglesia una salida en falso al escándalo inmobiliario de las inmatriculaciones”, explicaban desde Recuperando a Religión Digital.  “No aceptaremos que el ejecutivo de Pedro Sánchez deje en manos de administraciones locales y particulares las eventuales reclamaciones judiciales una vez que se haga público el listado de los bienes apropiados por los obispos”, aseguraban.

 “Todas las inscripciones son nulas de pleno derecho y resolver el asunto de forma individualizada en los tribunales, como pretende la Iglesia, sería inviable por su alto coste y el monumental embrollo administrativo que supondría. Esa opción representaría, de facto, la amnistía registral de casi todos los inmuebles inmatriculados”, advertían en su entrevista a Jesús Bastante en el citado medio.
 

Luis Argüello, Secretario General de la Conferencia Episcopal.

En las declaraciones en Religión Digital de Luis Argüello, Secretario General de la Conferencia Episcopal, ya se aventuraban por dónde podrían ir los tiros: “Podemos hablar de esos casos (de inmatriculaciones irregulares), pero no de una enmienda a la totalidad del proceso, salvo que se quiera una nueva desamortización”. 

Movilizaciones de norte a sur

Mientras el Gobierno no se da por enterado, asociaciones y administraciones locales y autonómicas se han puesto manos a la obra para intentar recuperar los bienes inmatriculados. 

En Navarra, la Plataforma de Defensa del Patrimonio estima que puede haber “más de 80.000 bienes inmatriculados” en virtud de una Ley de 1946. Desde EH Bildu y Geroa Bai piden al Gobierno central que se haga pública la lista de bienes, para poder contrastar informaciones y que instituciones y particulares reclamen lo que consideren. 

En Bilbao, el Ayuntamiento anunció hace unos días que pediría al Ministerio de la Presidencia la polémica lista de bienes para poder tomar una decisión. Por su parte,  el Grupo Con Huesca Podemos Equo anunció a finales de marzo que pediría al Consistorio que solicite y recabe la información disponible en los Registros de la Propiedad de la ciudad. 

Expolio a los payeses catalanes

En Cataluña las cosas están más complicadas de cara al acercamiento entre Juan José Omella, actual presidente de la Conferencia Episcopal Española y Pedro Sánchez. Hace sólo unos meses, el que fuera Arzobispo de Barcelona, tachado por muchos de cercano al nacionalismo, fue elegido como cabeza de la Iglesia española en medio de tramas y juegos sucios como ya relató en su día Elcierredigital.com. La elección de Omella, considerado un hombre fiel a los cambios del Papa Francisco facilitaba además las relaciones con PSOE, ya que este prelado era el favorito de Pedro Sánchez para dirigir los designios de la Iglesia Católica española.

Pedro Sánchez. 

Sin embargo, en Cataluña, una plaza que Omella conoce bien, el asunto de las inmatriculaciones de bienes está siendo más polémico aún que en otros lugares del país. El sindicato Unión de Payeses lleva años estudiando estas inmatriculaciones y protagonizando litigios judiciales con los distintos Obispados catalanes. Según las investigaciones de este sindicato se han producido más de 800 inmatriculaciones de iglesias y casas rectorales que los payeses construían dentro de sus fincas. Algunas datan incluso del siglo X. Según el diario Público, sólo en tres comarcas catalanas el número de bienes inmatriculados suma “un total de 203 ermitas, iglesias y capillas; 52 casas rectorales; 95 terrenos; y 50 cementerios, además de huertos y otro tipo de propiedades”.

La Unión de Payeses asegura que quiere enviar un informe exhaustivo a la Generalitat catalana sobre los más de 800 bienes que la Iglesia ha inmatriculado en territorio de esta Comunidad Autónoma. Muchos temen que esta actitud unilateral pueda enturbiar el diálogo entre Omella y Sánchez para llegar a algún acuerdo sobre este asunto y el pago del IBI. 

COMPARTIR: