El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 organiza la actividad para jóvenes de entre 18 y 30 años, y ha levantado todo tipo de polémicas
La ministra Ione Belarra subvenciona el primer campamento para transexuales
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar en el foco de la polémica. Si hace unos días las críticas iban destinadas al gasto de más de un millón de euros en la renovación de los teléfonos móviles de los diputados, ahora lo es por una de las nuevas actividades del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra: un campamento para jóvenes transexuales.
Denominado Campamento Juventud Trans 2022, está coorganizado por el Instituto de la Juventud (Injuve) y la Federación Plataforma Trans. En su presentación el pasado martes se informó que tendrá lugar desde el próximo 6 al 9 de octubre en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud de Mollina, Málaga, y podrán inscribirse gratuitamente jóvenes trans de entre 18 y 30 años.
Para certificar la asistencia de personas relacionadas con el colectivo, el formulario de inscripción contará con tres opciones: mujer trans, hombre trans y persona no binaria. Con esto, garantizarían la intención del proyecto, que según confirmó la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambollé, es “crear un espacio seguro para las personas trans”.
Cartel del campamento trans.
Campamento trans: necesidad contra gasto
Sin embargo, pese a las declaraciones oficiales de los organizadores, en redes ya ha surgido el debate. Frente a aquellos que están de acuerdo, algunos aseguran a través de sus redes sociales que el campamento “excluirá más a los trans” y otros se preguntan cuánto dinero público irá destinado a la actividad que acogerá a 50 personas sin ningún coste.
Una de estas personas es el diputado del Grupo Mixto Pablo Cambronero, que ha preguntado a la Mesa del Congreso de los Diputados “cuál es el gasto que supondrá la creación de dicho campamento”, “qué estudios avalan que aislar a un determinado número o sector de población es conveniente” y “qué medidas va a tomar el Gobierno para evitar violencia hacia otros grupos”, entre otras.
🔴 ¿Cuánto nos cuesta el “campamento Trans” del Gobierno?
— Pablo Cambronero 🇪🇦🇪🇸 (@PabloCamPiq) September 8, 2022
¿En qué estudios o informes se basan para considerar bueno aislar en cursos o campamentos a personas transexuales?
¿Cómo explica el Gobierno que bajo su mandato haya aumentado la violencia contra estas personas? pic.twitter.com/Nqd7kYq8mo
Las portavoces de Podemos y el resto de organizadores del campamento, por el contrario, afirman que el campamento es un paso más para “poner fin a la discriminación social”. Por ello, en el programa de actividades se incluye “fomentar la autoestima de la juventud trans, combatir la introversión, la timidez y la inseguridad y fomentar el desarrollo de habilidades sociales mediante la comunicación, la interacción y el empoderamiento”.
Según la coportavoz de Podemos María Teresa Pérez, la presentación de la actividad se da por tres motivos: “porque trata de demostrar que la diversidad enriquece a nuestra sociedad; porque la diferencia es parte natural del ser humano y merecen respeto y reconocimiento; y porque tenemos que erradicar de una vez por todas la transfobia”.
La polémica ley trans
Esta disparidad de opiniones con respecto al colectivo trans no surge de la nueva actividad propuesta por el Gobierno. El pasado junio el Consejo de Ministros remitía a las Cortes Generales el Proyecto de Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la Garantía de los derechos de las personas LGTBI. Un proyecto que, desde su primer planteamiento, despertó la lucha entre los sectores más conservadores de la sociedad, los más liberales y también las feministas.
Irene Montero.
Uno de sus puntos más controvertidos (que, a su vez, es el que causa la polémica en la mayoría de los casos) es el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Según palabras de Irene Montero, ministra de Igualdad, “el Estado reconoce a las personas trans su derecho a ser quienes son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante dos años y sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas”.
Para que una persona trans pueda cambiar su sexo en el DNI, con esta nueva ley no necesitaría la aprobación de un profesional de la salud pero sí pasar un sistema de doble comparecencia al que podrían acceder, sin consentimiento de un adulto, desde los 16 años. También pone el foco en los menores trans, que necesitarían del permiso paterno pero podrían cambiar su nombre en el DNI desde los 12 años.
