22 de junio de 2024
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FIN DE SEMANA

Elcierredigital destapó la venta del clero a la Junta de CyL para tapar presuntamente sus pérdidas incumpliendo los deseos de herencia de una marquesa

Inquietud en la Conferencia Episcopal: Arranca el juicio del presunto pelotazo de 19 millones del Obispado de Ávila con una dehesa

El Cierre Digital en
/ El presidente de la Conferencia Episcopal Luis Argüello en un montaje con la Catedral de Ávila y la dehesa vendida por el Obispado.
En breve arrancará el juicio del locutor José Antonio Abellán contra un letrado de la Conferencia Episcopal Española que, según el periodista, le realizó más de 30 llamadas para que dejase de investigar asuntos derivados de la recalificación de la dehesa abulense de La Aldehuela, como desveló elcierredigital.com. Esta finca fue legada por la marquesa de Muñoz al Obispado de Ávila, que logró su recalificación y venta a la Junta CyL, e incumplió las exigencias de la herencia para tapar agujeros.

Crece el nerviosismo en determinados ámbitos de la Conferencia Episcopal trsa la la elección de su nuevo presidente, el arzobispo de Valladolid monseñor Luis Argüello. Pero el clero también está inquieto al conocer que en las próximas fechas arrancará el juicio contra uno de los letrados del organismo eclesial, José Ramón Gortázar, uno de los más utilizados por el clero español, por ejemplo, en labores como secretario de la Junta de Accionistas de COPE. 

Ha sido precisamente el exlocutor de la cadena radiofónica de la Iglesia, José Antonio Abellán, quien, tal y como consta en la denuncia a la que ha tenido acceso elcierredigital.com, ha llevado a los tribunales al abogado. La causa, según Abellán: "porque el día 22 de agosto 2022, sobre las 12:50 h, desde su número de teléfono, le llamó sucesivamente en más de 30 ocasiones". 

Según consta en la denuncia cuya vista oral se producirá en breve: "[Gortázar] llamó al teléfono del Sr. José Antonio Abellán y le conminó a que no presentara, ante el Juzgado de Instrucción nº 6 de Majadahonda (Madrid), una serie de documentos susceptibles de incriminar a la Fundación Marquesa de Muñoz perteneciente a la Conferencia Episcopal (donde el acusado actúa como su  abogado), llegando a manifestarle durante la citada conversación al Sr. Abellán, que si presentaba dicha documentación sería malo para él y para su familia". 

"Una vez terminada la llamada y ante la negativa del Sr. Abellán de actuar según lo solicitado por el acusado, éste le realizó más de 30 llamadas (incluidas videollamadas), con la misma finalidad de advertirle que si presentaba la documentación él y su familia sufrirían consecuencias negativas", se añade en la denuncia. 

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José Antonio Abellán.

Cabe recordar que elcierredigital.com, en febrero de 2023, destapó este escándalo relacionado con la dehesa La Aldehuela, con la que el Obispado de Ávila ganó 19 millones de euros tras presutamente desoír las exigencias de su legataria y conseguir la recalificación de los terrenos

Con esta operación, señala el locutor Abellán, "el clero abulense –actualmente bajo el mando del obispo Jesús Rico García diluyó las millonarias pérdidas derivadas de la Universidad Católica de Ávila"

Anatomía de una finca 

Para conocer la singular historia en Ávila de la 'parcela registral 56.298', que dispone de un millón de metros cuadrados, hay que bucear hasta finales del siglo XIX, una época dominada por notables locales como Alberto Muñoz Morera, un toresano recriado en Ávila y perteneciente a una familia que hizo fortuna con los bienes desamortizados por el Estado durante la citada centuria. 

Muñoz Morera recibió de manos del rey Alfonso XIII el título de marqués de Muñoz, guinda para un currículum plagado de premios (la Cruz de Isabel la Católica) y, sobre todo, de cargos públicos: presidente del Consejo de Agricultura de Ávila en 1970, alcalde de Ávila entre julio de 1885 y febrero de 1886, diputado a Cortes en 1891, presidente del Partido Conservador abulense en 1898, senador desde 1899, el Gremio de Labradores locales desde 1904, presidente de una de las dos matrices de Caja Ávila, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila en 1915, y miembro del Consejo Provincial de Fomento en 1920. 

El político conservador dejó su fortuna en manos de su única hija, la pía María Francisca Muñoz Frías, que heredó título y fortuna al fallecimiento de su progenitor, el 9 de agosto de 1927, y murió el 1 de abril de 1965 sin dejar descendencia.

Fines y obligaciones de la Fundación Marquesa de Muñoz. 

Antes de fallecer, en un testamento fechado el 7 de octubre de 1942, al que ha tenido acceso elcierredigital.com, la marquesa cedió al Obispado de Ávila su fortuna, que constaba de tres grandes fincas y un palacete ubicado en su ciudad natal, a cambio de que este pusiera en pie una fundación con su nombre, Fundación Marquesa de Muñoz, adquiriendo también varias obligaciones.

Entre ellas, la prohibición de desprenderse de los bienes ni venderlos, ya que los cedió para su arrendamiento con el ánimo de lograr unos fondos que pagasen vocaciones en la ciudad abulense o misas en su recuerdo. En él, la marquesa de Muñoz se declara "ser católica, apostólica y romana, en cuya religión viviré siempre" y pide "un entierro de primera clase" y la celebración de varias misas en distintos edificios religiosos de Ávila. 

En la cuarta cláusula se establece la obligación de celebrar "tres misas rezadas diarias y perpetuas" en su recuerdo, que tal y como reconocen fuentes eclesiales no se realizan, "atender a las necesidades de iglesias pobres de esta diócesis" (cláusula modificada posteriormente en 1989), pagar distintas novenas en honor a la Virgen del Carmen o San Antonio, o atender las vocaciones de personas pobres que, a cambio, tendrían que realizar misas en su memoria, que tampoco se llevan a cabo. 

El Código Civil de España en su artículo 797 refleja que "lo dejado de esta manera puede pedirse desde luego, y es transmisible a los herederos que afiancen el cumplimiento de lo mandado por el testador, y la devolución de lo percibido con sus frutos e intereses, si faltaren a esta obligación"

Por eso, dicen sus allegados, que nunca podría esperar la marquesa que el Obispado de Ávila, haciendo oídos sordos de su herencia y a los estatutos de la Fundación, iba a contravenir las normas éticas y legales al desprenderse de un millón de metros de la dehesa La Aldehuela, entonces cercanos al polígono industrial abulense de Vicolozano y hoy pertenecientes al citado complejo industrial tras una polémica recalificación. 

Según el ahora denunciante, "este bien sirvió para compensar las sangrantes pérdidas, superiores a los 10 millones de euros, que arrojó la ruinosa Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila", impulsada en 1996 por el que era alcalde y luego ministro 'popular' Ángel Acebes y todo bajo el mandato del entonces obispo de Ávila, Antonio Cañizares, posteriormente arzobispo de Granada y Toledo (y también vicepresidente de la Conferencia Episcopal durante dos etapas).

Pero sería años después, cuando el consistorio abulense estaba liderado por el 'popular' Miguel Ángel García Nieto, y a instancias del Obispado de Ávila entonces liderado por el obispo Jesús García Burillo, cuando se recalificaron los terrenos. Fue en el año 2005, con la justificación de que "la ciudad necesitaba más terreno industrial", a pesar de que del polígono se había ejecutado apenas el 60 por ciento de su capacidad. 

Fuentes de la operación sitúan también como impulsor de la misma al exministro del PP Jorge Fernández Díaz, gran canciller de la Universidad Católica de Ávila entre 2003 y 2018, y miembro de su patronato desde 2019. 

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La Aldehuela, Ávila.

Cabe recordar que Fernández Díaz fue duramente criticado porque el Ministerio del Interior, cuando el regía en funciones, adjudicó en 2016 a esta institución académica abulense la formación de la Policía Nacional, a cambio de 100.000 euros, tras arrebatársela a la Universidad de Salamanca, que la recuperó tras la caída política del dirigente 'popular' hoy señalado por Anticorrupción que le pide 15 años de cárcel por varios y presuntos graves delitos.

El Obispado de Ávila vio revalorizarse estos terrenos y, según fuentes del denunciante, "saltándose los estatutos de la Fundación Marquesa de Muñoz, alumbrada en 1969, firmó un pelotazo", impulsado por el entonces obispo abulense García Burillo, que en una grabación de 2009 a la que ha tenido acceso elcierredigital.com, reconoce las sombras del negocio: "Había unos solares, nosotros inflamos el tema con el Ayuntamiento (de Ávila)". 

Esos "solares", en realidad una dehesa, tras la recalificación alcanzaron un precio que rondaba los 3 millones de euros, según la oferta de la empresa pública Gesturcal, que gestionaba el polígono industrial Vicolozano. Y más tarde se dispararon hasta un precio de 18 millones de euros, que en 2008 abonó una empresa en supuesta quiebra técnica, la vallisoletana El Habit S.A

"El Ayuntamiento puede hacer lo que le dé la gana... Entonces lo vendimos a una empresa de Valladolid, El Habit, que es una empresa de un señor que es de confianza", señalaba el obispo García Burillo en la citada grabación. Lo cierto es que por 'ascendencia divina', las 300 pesetas (1,8 euros) por metro cuadrado que ofrecía Gesturcal se multiplicaron por 18 al convertirse en 5.650 (33,96 euros), que fue el precio pagado por la citada compañía privada. 

Los terrenos fueron finalemnte adquiridos, como se ha indicado, por Iniciativas Empresariales El Habit S.A. que estaba en fase de extinción antes de ser digerida por Beto Estudios Inmobiliarios, una empresa supuestamente incapacitada por la Ley concursal y quebrada en 2013.

Foto de la herencia de la marquesa. 

Así, la empresa El Habit S.A. se hizo con la dehesa gracias al apoyo hipotecario de Caja de Ávila, hoy La Caixa, que desembolsó 8,5 millones de euros, que ya nunca recuperó. Nunca se llegó a cubrir siquiera el primer pago de la citada hipoteca, fechada seis meses antes de la recalificación y del Plan Parcial del polígono, el 23 de mayo de 2007.

Ante los impagos por parte de la empresa vallisoletana, Caja de Ávila se hizo con estos polémicos terrenos que, tras la crisis inmobiliaria nacida en 2008, acabaron en manos de la Sareb, el llamado 'Banco malo' estatal, que se los vendió en 2022, por menos de un millón de euros, a la empresa pública autonómica SOMACYL, a pesar de que por entonces la Junta de Castilla y León se encontraba en funciones

Según el denunciante, las pérdidas de la Universidad Católica de Ávila, desde hace unos meses en manos del Instituto Secular de las Cruzadas de Santa María tras ser vendida por la diócesis abulense, "fueron compensadas a través de maniobras políticas y de especulación inmobiliaria con el dinero de los accionistas de la extinta entidad pública Caja de Ávila".

 

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