16 de agosto de 2022
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FIN DE SEMANA

Según las asociaciones denunciantes, varios centros educativos de las islas no cuentan con los ajustes necesarios en materia de accesibilidad

Se investiga el incumplimiento de la normativa de menores con movilidad reducida en Canarias

El Cierre Digital en
Según denuncian varias asociaciones defensoras de las personas con moviliad reducida, la Consejería de Educación del Gobierno canario de Ángel Víctor Torres "incumple la normativa que afecta a estas y su inclusión social, pues algunos centros educativos para menores no cuentan con los ajustes necesarios en materia de accesibilidad". La madre de uno de los menores afectados ha acudido al Defensor del Pueblo de España al "no ser recibida por el presidente Torres".

Durante este curso escolar desarrollado en el archipiélago canario, la madre  de un menor que sufre atrofia muscular, Macarena Amador –también vocal de la ‘Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias’ y secretaria de la Asociación ‘CanariasAme’ (Atrofia Muscular Espinal)–, ha emprendido "una ardua lucha administrativa para que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias reconozca los derechos de igualdad en el ámbito educativo de personas con discapacidad". 

Esto se debe, según comenta Macarena en declaraciones a elcierredigital.com, a que su hijo escolarizado "lleva batallando con esta enfermedad desde su nacimiento, pero le ha sido denegado el acceso a un centro educativo en Gran Canaria al carecer de las condiciones necesarias de adaptabilidad que marca la normativa, por lo que se ha quedado sin la plaza solicitada. Es más, en Canarias se incumple sistemáticamente con la legislación que exige las infraestructuras adecuadas en los colegios para niños con discapacidad", asegura.

"No cesaré de luchar por mi hijo menor hasta que me reciba el presidente del ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, al que le he pedido cita a través de su gabinete –sin éxito hasta la fecha–. He tenido que acudir a pedir auxilio al Diputado del Común de Canarias y al Defensor del Pueblo de España, porque mi hijo, el tiempo que tenga de vida, se merece las mejores condiciones para estudiar, al igual que el resto de menores afectados por este tipo de patologías degenerativas", relata a elcierredigital.com. Mientras relata su historia, exhibe los documentos acreditativos de todas las peticiones efectuadas a las administraciones públicas canarias en este proceso.

Queja a la Consejería de Educación.

Macarena alega, que en esta situación "se encuentran otras tantas familias en el archipiélago canario", y su caso en concreto, "comenzó unos meses atrás, antes de que finalizara el curso escolar 2021-2022". A través de su petición como madre del menor y con el apoyo de estas plataformas sociales, Macarena solicita "el traslado de su hijo con problemas de movilidad al Instituto Vecindario, el centro educativo donde acudirán todos los compañeros de clase del niño el próximo curso, procedentes del ‘CEIP Las Tederas', por el bienestar físico y psicológico del menor", amparándose bajo la Convención de la ONU sobre Personas con Discapacidad.

Deniegan al menor afectado estudiar con sus compañeros

Sin embargo, la sorpresa de Macarena fue "mayúscula", expresa, cuando recibió "la primera negativa a la inscripción escolar del menor afectado en el ‘IES Vecindario’, pues según los técnicos que habían examinado este instituto, no reunía las condiciones de movilidad necesarias, según la respuesta del Director General de Ordenación, Innovación y Calidad del Gobierno de Canarias, Gregorio José Cabrera".  

Denegación de la petición por la Consejería de Educación.

"Ante esa respuesta negativa –documento al que ha tenido acceso elcierredigital.com–", sostiene Macarena, "comenzó también, la lucha ante la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, sin ceder tampoco en el expediente administrativo ante las necesidades de mi hijo. Esto lo justificó por  una simple obra de adaptación en este nuevo instituto, que el propio centro estaría dispuesto a acometer con tal de facilitar la escolarización del niño, para que pudiera continuar estudiando con sus compañeros, con los que realmente se siente incluido".

Según argumenta Macarena, "el interés por esta concreta inscripción escolar de mi hijo con sus amigos, es de índole humano, después de otras malas experiencias de discriminación en el centro Claudio de la Torre en Carrizal de Ingenio, un centro en el que se vulneraron los derechos, los cuales puse en conocimiento de la Consejería de Educación" –denuncia que obra en poder de este medio–.

I.E.S. Vecindario en Gran Canaria.

Por otra parte, la madre del menor afectado expresa ante elcierredigital.com que "me gustaría agradecer a la directora del ‘CEIP Las Tederas’, el centro posterior al que acudió mi hijo –tras el desastre en el colegio público motórico Claudio de la Torre, donde nunca se le facilitó la inclusión al niño– la magnífica labor profesional que han realizado con el menor, quien recuperó la ilusión por estudiar y volver de nuevo al colegio".

'Incumplimiento' del Gobierno de Canarias

Uno de los argumentarios que esgrimen la ‘Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida de Canarias’ y la Asociación ‘CanariasAme’ (Atrofia Muscular Espinal), para que se permita la escolarización del niño afectado en el instituto solicitado es que "se reconozcan las prerrogativas para la accesibilidad en relación a lo  dispuesto en el Real Decreto Legislativo, -de 29 de noviembre de 2011-, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que establece: "Los edificios construidos antes del 4 de diciembre de 2010 tienen el plazo hasta el 4 de diciembre de 2017, a partir del cual son exigibles los ajustes razonables en materia de accesibilidad".

En este sentido, Macarena ha "dejado claro" mediante su propios escritos y las solicitudes de amparo –a través estos colectivos sociales– a la Consejería de Educación –que se adhiere a la respuesta del director general de Ordenación– que "con buena voluntad por parte de la administración todo es posible, que a pesar de poder optar a una indemnización para su hijo, su interés es de que haya igualdad. "Creo que es posible adaptar  una obra menor ante el nuevo centro solicitado, en lugar de tener que acudir a otro instituto propuesto por el gobierno, donde estudian menores que discriminaron a mi hijo en episodios anteriores, un hecho que no estamos dispuestos a que se repita otra vez".

Ante la negativa recibida sobre su caso en varias ocasiones "por parte de las instituciones canarias, incluso de la Oficina de la Diputación del Común –que archivó su queja contra la Consejería de Educación–", Macarena relata que no ha perdido la esperanza de brindar la mejor calidad educativa a su hijo, por lo que se dirigió al Defensor del Pueblo de España, quien ha abierto un expediente –en un documento fechado 18 de mayo de 2022–,  a la espera de resolución.

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