09 de julio de 2020
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FIN DE SEMANA

Jusapol entre otros sindicatos reclama que se flexibilicen los requisitos para acceder a ese dinero y no tener que reincorporarse al servicio activo

Pedro Sánchez intenta ahorrarse 300 millones de euros de la equiparación salarial policial

Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Fernando Grande-Marlaska pretender ahorrar al Estado 300 millones de euros que había comprometido el Gobierno mediante BOE en marzo de 2018. Los requisitos para acceder a este dinero son casi imposibles de cumplir por los 13.500 funcionarios que han pasado a segunda actividad o situación de reserva, pero los sindicatos,entre ellos Jusapol, no renuncian a que se cobre este dinero.

Hace apenas unos dias, el pasado martes, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska sorprendía, en mitad del huracán mediático de destituciones y dimisiones de mandos de la Guardia Civil, anunciando el pago del tercer y último tramo del proceso de equiparación salarial. El anuncio no era gratuito, tratando de acallar las críticas disparadas en los últimos días por su gestión.

Más de 30 años llevan luchando policías nacionales y guardias civiles por alcanzar la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos. Tres décadas repletas de reclamaciones, promesas y protestas, huelgas y concentraciones en las que llegaron a firmarse acuerdos con los sucesivos Gobiernos que nunca se llevaron a la práctica.

Marlaska anunciaba ese martes que el Consejo de Ministros había dado luz verde a que se liberasen 247 millones de euros que debían a los agentes. "Muy bien, pero esto llega con cinco meses de retraso, ya que se debía haber producido en enero", explica Miguel Ángel Gómez, presidente de Jusapol, que aglutina a Jupol de Policía Nacional y Jucil, de la Guardia Civil.

El BOE de 2018 recogía ya el acuerdo de pagar 500 millones de euros ese año en concepto de equiparación salarial, otros 450 millones y 247 millones en el año 2020.  En total, 807 millones. Así, los miembros de estos Cuerpos verán finalmente incrementadas sus nóminas aproximadamente un 20 por ciento respecto a los salarios que percibían antes del pacto. 

Miguel Ángel Gómez, presidente de Jusapol.

Lo que no se ha contado es que dentro de esos acuerdos había 100 millones de euros más reservados para "los 13.500 compañeros que están en segunda actividad, prejubilados y veteranos", dice Gómez. Ese dinero ascendería a 300 millones de euros y no se ha gastado porque una de las condiciones para cobrar era volver a darse de alta en la primera actividad. Desde Jusapol también critican que "no lo hayan hecho mediante Real Decreto, porque el 2018 lo hicieron con los presupuestos de Montoro, la de 2019 con un R.D. y ahora estaban dando largas hasta el martes, han perdido cinco meses".

Históricamente la equiparación salarial es una lucha de casi treinta años de antiguedad. El primero que inició el proceso en 1992 fue el Ministro del InteriorJosé Luis Corcuera al firmar un acuerdo con aquellos sindicatos. En 2005 el entonces ministro del Interior, el también socialista José Antonio Alonso, firmó otro acuerdo con los cinco sindicatos de la Policía Nacional que avanzaba en la "progresiva" equiparación salarial con los cuerpos autonómicos y destinado a aplicarse también a la Guardia Civil. Tampoco se hizo efectivo nunca.

Habría que esperar hasta marzo de 2018 para que el ministro del Interior de Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, firmase con asociaciones y sindicatos el acuerdo que se ha terminado de cumplir este año. Con los 807 millones pactados se estima que las nóminas de estos funcionarios se elevan de media un 20% (un policía cobrará unos 529 euros más al mes y un guardia civil, 620).

El sindicato Jusapol presentó dos iniciativas legislativas populares (ILP) en el Congreso de los Diputados para reclamar esta equiparación salarial. Una de ellas en 2018, que llegó a ser tomada en consideración en el Pleno, y otra en 2020, cuya tramitación parlamentaria fue vetada por el Gobierno socialista al considerar "insostenible" igualar las nóminas con el conjunto de autonomías y municipios, ya que cada administración tiene sus competencias en esta materia.

Pero varios sindicatos coinciden en reclamar estos trescientos millones de euros de los que no habla Marlaska, como el SUP, la AUGC y Jusapol. Y piden que los requisitos para acceder a ese dinero no sea tener que volver a retomar la Policía o la Guardia Civil como actividad principal, "porque muchos están prejubilados, son víctimas del terrorismo y un largo etcétera de cuestiones muy personales en cada caso, pero ese dinero también es suyo", añade Gómez.

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