El ministro Grande-Marlaska aún no ha asumido el control de las prisiones catalanas en manos de la Generalitat

Francesc López, coordinador autonómico en Cataluña de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) presentó el pasado 15 de marzo una petición al Ministerio del Interior para que los centros penitenciarios catalanes pasen a manos de la Administración estatal tras la declaración del Estado de Alarma. Hasta ahora no ha obtenido respuesta del ministerio.

El sindicato de funcionarios argumenta su petición en el artículo 9 de la Ley Orgánica 4/81 de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio: "(...) los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza".

Por este artículo, desde Acaip entienden que "la implementación de las medidas que dicte la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias también deberían ser de aplicación a dichos centros", en referencia a los centros dependientes de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

El centro penitenciario de Can Brians.

Por todo esto solicitan que "se atienda a las peticiones de este escrito y proceda a darse las órdenes oportunas a este respecto, de tal forma que los internos y los tabajadores penitenciarios en Cataluña tengan la misma protección y seguridad jurídica que el resto del Estado Español".

El 10 de marzo López ya solicitó a la Consellería de Justicia la adopción de medidas urgentes en los 11 centros penitenciarios de la comunidad autónoma catalana, cuando todavía no había positivos en Cataluña.

Entre otras medidas se exigía la "dotación de medios de carácter preventivo" como dispensadores de gel en todos los lugares de trabajo, pañuelos desechables y contenedores de residuos con tapas de apertura con pedal, mascarillas quirúrgicas para los funcionarios que atiendan a internos y familiares y "mascarillas de filtración para los trabajadores que deban relacionarse con internos sospechosos o positivos, así como guantes de protección que cumplan la norma UNE".

Los funcionarios pedían también entonces termómetros sin contacto y "anular temporalmente el control horario de sistema dactilar. También solicitaban ya en aquel escrito la suspensión de visitas y comunicaciones que supongan un contacto directo entre internos y familiares. Por eso piden ahora depender del Ministerio del Interior, para que incluso los trabajadores penitenciarios tengan mayor seguridad jurídica y laboral durante el tiempo que dure el estado de Alarma. En Cataluña nadie les hizo caso, queda por ver si Grande-Marlaska sí atiende sus peticiones.