Plus Ultra: "El Gobierno nos permitió el aplazamiento de la deuda con la S.S, algo habitual en tiempos de crisis"

A raíz de la noticia publicada por elcierredigital.com el pasado 20 de septiembre, titulada 'Pedro Sánchez aplazó la deuda de Plus Ultra con la Seguridad Social para que pudiera cobrar los 53 millones' , la aerolínea española, a través de la agencia de comunicación Grayling, ha estimado oportuno pronunciarse al respecto de la información contenida en dicha publicación. 

ElCierreDigital.com, fiel a su línea de independencia, reconoce el derecho de los responsables de Plus Ultra a manifestarse y expresarse, por lo que reproduce literalmente sus palabras. 

"El artículo afirma que 'el Gobierno de Sánchez premió con 53 millones a Plus Ultra aunque debía 457.000 euros desde 2017 a la Seguridad Social'. Más allá de la obviedad de que las ayudas de la SEPI no son un "premio" sino un préstamo que hay que devolver, el Gobierno no forzó la ley sino que actuó de una forma habitual en un momento de crisis, permitiendo un aplazamiento de la deuda, una medida que se concedió con todas las garantías necesarias, y que permitió que la compañía se encontrara al corriente de sus obligaciones ante la Seguridad Social y por tanto plenamente apta para la financiación de la SEPI.

Respecto a los datos que proporciona el artículo sobre el número de contratos fijos y temporales, Plus Ultra quiere recordar que utiliza los contratos temporales de forma excepcional y sólo para un determinado colectivo (tripulantes de cabina) y para el supuesto de lanzamiento de nuevas rutas, o en momentos de pico de actividad. Su utilización respeta plenamente el objeto y requisitos que deben cumplir.  La reducción de empleados con contrato temporal, que en realidad no se produjeron en el número que indica en el artículo, se debió a los efectos de la pandemia y a la parada de actividad. Todas las extinciones de estos contratos se han hecho correctamente sin que haya surgido ninguna incidencia. En cuanto al número de trabajadores que se encuentran en ERTE, el artículo afirma que son 125, con 28 trabajando de forma parcial. En realidad, a 20 de octubre sólo se encuentran 18 trabajadores con suspensión de empleo por ERTE y 2 con reducción de jornada, unas cifras que se prevé se reduzcan el 1 de octubre a 12 y 1 respectivamente. Por otra parte, a día de hoy en la plantilla hay un 98% de trabajos fijos y un 2% temporales, un hecho que ha valorado el sindicato de tripulantes de cabina de pasajeros, Sitcpla, calificándolo como algo que "por desgracia es poco común en este sector".

El artículo también afirma que no existe un plan de igualdad en la empresa. Esto también es falso. El plan, de hecho, se había empezado a implantar antes de la pandemia y en estos momentos está en plena fase de diseño e implementación, con la colaboración de los sindicatos. Y en cuanto a la reducción salarial, se trató esta de una medida colectiva acordada con el personal, cuyos efectos se han visto moderados a partir del mes de septiembre y que en la práctica se ha demostrado totalmente conveniente y útil, tanto para mantener la capacidad económica de la compañía hasta la concesión de la financiación como para evitar la aplicación de medidas más drásticas.

Una aeronave de Plus Ultra. 

Son algunos ejemplos de datos incluidos en el artículo que no son correctos y que claramente no han sido contrastados con ninguna fuente de la compañía. Pero hay otros, como los referentes a la retribución de Rodolfo Reyes Rojas con los que se suman los datos de retribución con los de la indemnización en el momento de la salida de Reyes del consejo de administración de la compañía, por tanto, los datos en realidad no entrañan el riesgo fiscal que el artículo intenta insinuar.

En resumen, el artículo mezcla datos no veraces e inconexos para intentar transmitir la falsa idea de que se ha cometido un delito, cuando lo único que ha hecho Plus Ultra es tomar todas las medidas posibles dentro de la ley para permitir que la empresa saliera adelante en un momento de grave crisis económica y sanitaria, protegiendo así la actividad de la empresa y el empleo. Con todo ello, esperamos que tengan en cuenta esta petición y rectifiquen la información publicada para que refleje fielmente los hechos acontecidos, sin perjuicio de las actuaciones legales que podamos acometer para proteger el honor de la empresa".

Nota de redacción

ElCierreDigital.com, a través de su colaborador habitual Francisco Mercado, aclara que este medio sólo publicó los datos de la información oficial disponible y que obra tanto en poder del Gobierno como de Plus Ultra.

El artículo está basado en la información oficial disponible en relación con el expediente de concesión de los 53 millones. Cada una de las informaciones del artículo está sustentada por tanto en la información que tenía el Gobierno, por ejemplo, que no tenía plan de Igualdad o que abundaban los contratos fraudulentos temporales o que el señor Rojas había cobrado más de lo que le correspondía mercantilmente como consejero y directivo, sin incluir en ello la indemnización, pero cuya legalidad también cuestionaba, tal y como se recoge en el artículo.

La ley establece que hay que estar al corriente de pagos para obtener una ayuda. Plus Ultra la solicita sin estarlo, y le aplaza la deuda el Gobierno. Plus Ultra señala que es "una medida que se concedió con todas las garantías necesarias, y que permitió que la compañía se encontrara al corriente de sus obligaciones ante la Seguridad Social y por tanto plenamente apta para la financiación de la SEPI". Por lo tanto, el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez les ayudó a estar al corriente, porque no lo estaban. En todo caso, será el Gobierno quien deba rectificar la acusación de forzar la ley, ya que no es una acusación contra la empresa.