El exjuez Fernando Presencia afirma que la sentencia contra el magistrado Salvador Alba puede ser nula

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó el pasado 10 de septiembre a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación al juez Salvador Alba tras considerar probado que cometió prevaricación judicial con concurso medial de cohecho y falsedad documental al manipular una instrucción penal para perjudicar a la diputada Victoria Rosell. Asimismo, lo condena a indemnizar a la denunciante con 60.000 euros.

La sentencia declara acreditado que Alba ofreció a un encausado por graves delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública, en concreto al empresario Miguel Ángel Ramírez, archivar esos procedimientos si se prestaba a declarar una serie de cuestiones que podían dañar la reputación de la jueza Rosell, recién elegida entonces diputada en el Congreso por Podemos, en el año 2016.

El exjuez Fernando Presencia, de Acodap.

Los hechos por los que el magistrado de la Audiencia de Las Palmas va a perder su condición de juez, salvo resolución resulta en casación en el Tribunal Supremo, sucedieron después de que solicitara sustituir a Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se investigaba si una empresa de Ramírez había defraudado varios millones de euros al erario público.

El juez Alba ya ha declarado que “considero que el fallo es tremendamente injusto y discrepo con él con el más absoluto de los respetos hacia el tribunal y, además, mi total confianza en la Justicia. Tengo la absoluta seguridad de que esa sentencia tiene los días contados”. De esta forma se expresó el magistrado Salvador Alba, que cree firmemente haber sido condenado injustamente y ya ha anunciado que interpondrá recurso de casación antes el Tribunal Supremo.

El exjuez Fernando Presencia, de ACODAP, la Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, ha declarado que "el juicio por el que al final se ha condenado al magistrado Salvador Alba a más de 6 años de prisión, podría ser declarado nulo", ya que, según explica Presencia,  la indemnización a cargo del condenado, por importe de 60.000 euros podría provocar la nulidad de todo el juicio, incluso de las diligencias practicadas durante la fase de instrucción, al no haber sido emplazado como responsable civil subsidiario el Ministerio de Justicia".

 Según ACODAP, al magistrado Salvador Alba, no se le aplicó durante la tramitación del procedimiento el artículo 121 del Código Penal, que establece que "si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario".

En un comunicado el exjuez Fernando Presencia ha explicado que "se da la circunstancia además de que en fecha 21 de abril de 2015, se suprimió el artículo 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que era el que establecía entonces la responsabilidad civil directa de los jueces y magistrados por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de sus funciones, que al día de hoy ha desaparecido tal y como recuerda la actual redacción del artículo 296, que de los dos es el único vigente".

Este artículo 296 es el que precisamente invocó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para conceder la inmunidad al juez Pablo Llarena, ante la demanda presentada en Bruselas por Carles Puigdemont y que ahora podría motivar la nulidad de la sentencia contra Alba.