22 de mayo de 2022
|
Buscar
FIN DE SEMANA

Sigue en prisión tras denegar la Audiencia Nacional su libertad como presunto cerebro de una de las mayores estafas de bitcoins en España

Javier Biosca, llamado a declarar por presunta estafa de 280 millones en criptomonedas

Javier Biosca
Javier Biosca
La Audiencia Nacional ha ordenado en un auto la declaración presencial de Javier Biosca el próximo 9 de febrero así como las dedos testigos de forma telemática. Uno de ellos había declarado anteriormente con carácter secreto.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar el próximo 9 de febrero de manera presencial a Javier Biosca, el detenido por estafar 280 millones de euros en criptomonedas con su empresa Algoritmhmics Group, según se informa en un auto al que ha podido acceder Elcierredigital.com.

El documento, además, llama a declarar de forma telemática a dos testigos. Uno de ellos habría declarado con anterioridad en una pieza que se guardó bajo secreto y que el magistrado Alejandro Abascal Junquera ha alzado “para publicidad y acceso a todas las partes personadas”. Además, también acuerda que este testigo declare por videoconferencia el 10 de febrero. De este modo, según indica el magistrado, acusación y defensa estarían en “igualdad de armas”.

Javier Biosca y su esposa, Paloma Gallardo Leal

Javier Biosca, su esposa, Paloma Gallardo Leal, y su hijo mayor, Sergio Biosca Gallardo, recibieron en abril de 2021 una querella por parte de 300 afectados por la presunta estafa de, entonces, 210 millones de euros en criptomonedas. Además de eso, la familia fue acusada de delitos de apropiación indebida, recepción y blanqueo de capitales, asociación ilícita, delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, delitos societarios, encubrimiento y falsedad en documento público. 

Los afectados de la estafa, según confirmaba la abogada defensora Emilia Zaballos a Elcierredigital.com, “son desde notarios, abogados, policías nacionales, empresarios, hasta inspectores de Hacienda, jueces o empleadas domésticas, jubilados y parados”. Con su negocio, que comenzó en 2019, Biosca compraba y vendía criptomonedas analizando el mercado financiero con la ayuda de un programa. Aunque al principio el negocio iba bien y devolvía cierta rentabilidad a sus clientes, en noviembre de 2020 dejó de pagarles.

Actualmente, y según cifras de la Asociación de Afectados por Criptomonedas, los perjudicados por Biosca y otros brokers fraudulentos ascenderían a más de 3.500 con más de 900 millones de euros estafados en más de quince países.

Búsqueda de la libertad

La estrategia de Javier Biosca para salir en libertad no obtuvo el visto bueno de la Justicia. El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional no modificó la medida cautelar personal de prisión provisional en que se encuentra ni tampoco aprobó su solicitud para abrir una cuenta en una entidad bancaria donde depositar todo el dinero estafado con el objetivo de devolver dichas cantidades a los inversores que confiaron en su empresa.

El magistrado instructor de la causa, Alejandro Abascal, argumentaba su decisión en que el juzgado ya dispone de cuenta de consignaciones y depósitos "controlada judicialmente bajo la gestión de la letrada de este juzgado" en la que el investigado por liderar una de las mayores estafas de criptomonedas en España "puede hacer esos ingresos sin necesidad de externalizar con otra entidad bancaria distinta".

Para el juez de la Audiencia Nacional, el argumento esgrimido por Javier Biosca sobre su necesaria puesta en libertad para la apertura de esa cuenta y gestión de los ingresos o transferencias decaía en este momento procesal, "pues bien puede otorgar poder o mandato de representación" para que otras personas en su nombre realicen esa labor resarcitoria a la que alude en su escrito. De este modo, el magistrado rechazaba el razonamiento empleado por la defensa del 'bróker', que alegaba la "notable dificultad, por no decir imposibilidad", de llevar a cabo la devolución de las cantidades estafadas desde el centro penitenciario.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional hacía suyos los argumentos del Ministerio Fiscal, que consideraba que no procedía acceder a lo solicitado por "la razón de que a día de hoy no está constatada la cooperación del investigado con la Administración de Justicia". Consecuentemente, manifiesta que "al no darse ninguna garantía, el peligro que se corre es que se dé la fuga y aprovecharse de los efectos del delito".

COMPARTIR: