21 de noviembre de 2019
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FIN DE SEMANA

Vive actualmente con un pensión de jubilación que no llega a los 400 euros y por eso ha iniciado una nueva actividad tras pasar 32 años en la cárcel

Presentan una Plataforma de Apoyo al extraficante gallego Laureno Oubiña en defensa de su reinserción social

Laureano Oubiña con su libro.
Laureano Oubiña con su libro.
Un grupo de ciudadanos españoles, en su mayoría gallegos, han constituido la Plataforma en Apoyo a Laureano Oubiña, el conocido excontrabandista gallego, que está teniendo problemas en su tierra para presentar el libro de memorias que escribió y defienden la reinserción social. Oubiña pasó 32 años en la cárcel.

La Plataforma en Apoyo a Laureano Oubiña dice en nota de prensa que Oubiña "está siendo sometido a graves injusticias, una vez que esté ha pagado 33 años de cárcel y ha cumplido con todas las condenas, justas e injustas, quieren poner de manifiesto las injusticias que se están cometiendo con su persona, especialmente las vulneraciones de sus derechos fundamentales, constitucionalmente reconocidos, entre ellos la libertad de movimiento y la libertad para ejercer el derecho a la iniciativa privada empresarial".

Laureano Oubiña vive actualmente con un pensión de jubilación, que no llega a los 400 euros, y por eso ha iniciado una nueva actividad, consistente en vender libros en los que cuenta la verdadera historia de su vida y dar conferencias por toda España, labores que a menudo están siendo prohibidas por algunos ayuntamientos gallegos.

Laureano Oubiña.

La Plataforma ha recomendado que se visualice en el famoso portal de vídeos de internet, “Youtube”, los dos reportajes de una hora sobre la vida de Laureano Oubiña realizados por Discovery Channel, donde el extraficante dice que "todo lo que hice, nunca lo pude hacer sin el apoyo del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

En los últimos meses a Laureano Oubiña le prohibieron vender su libro en distintas localidades de Galicia, fundamentalmente del PSOE, "coartaban su libertad y sus derechos fundamentales, como si quien ha cumplido con la sociedad en forma de pena de cárcel, y sin ninguna cuenta pendiente con la Justicia, no tuviera la plenitud de derechos".

 

La Plataforma ciudadana, en esencia, quiere denunciar la hipocresía de Estado español en cuanto a la reinserción social, que siguiendo el mandato constitucional en el artículo 25.2 dispone que: “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Así, y en teoría, el sistema penitenciario español concibe el tratamiento penitenciario como el conjunto de actuaciones directamente dirigidas a la consecución de este fin, partiendo de que sistema penitenciario se fundamenta en una concepción de intervención en sentido amplio, que no sólo incluye las actividades terapéutico-asistenciales, sino también las actividades formativas, educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas, lo que a todas luces es una falacia, ya que los centros penitenciarios son, en realidad, no sólo una escuela de delincuentes, si no un mundo aparte en la que no existen los derechos fundamentales.

En este sentido, la Administración Penitenciaria debería orientar su intervención y tratamiento, hacia la promoción y crecimiento personal, la mejora de las capacidades y habilidades sociales y laborales, así como la superación de los factores conductuales o de exclusión, que motivaron las conductas criminales de cada persona condenada, pero lo cierto es que nada de ello es verdad. Baste señalar que Laureano Oubiña llegó a estar en 22 centros penitenciarios, impidiéndole terminar la carrera de derecho, ya que cada vez que tenía que hacer un examen le cambiaban de centro, por no mencionar la torturas, vejaciones y humillaciones a las que fue sometido.

 Por todo ello, la Plataforma de apoyo a Laureano Oubiña y en Defensa de la Reinserción Social, nace con una clara vocación de denunciar la corrupción del sistema judicial y penitenciario, dirigida por los servicios secretos y por el Ministerio del Interior, en un claro intento de quebrantar el Estado de Derecho y los principios constitucionales.

 

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