El negocio de empadronamientos ficticios: Salta la alerta ante 89 casos registrados en una sola casa

Todas las personas tienen la obligación y el derecho a empadronarse, y con ello convertirse en vecinos con los derechos y deberes cívicos que ello supone. Este registro acredita el domicilio y sirve para saber cuántos y quiénes son las personas que conviven en el mismo.

Por ley, cada ciudadano debe empadronarse en un municipio y no podrá hacerlo en más de un sitio a la vez. Aquellas personas que por circunstancias personales residan en más de un municipio, deben empadronarse allí donde pasen más tiempo a lo largo del año.

Sin embargo, en estos últimos años se está produciendo un aumento de 'empadronamientos ficticios', que se realizan con fines fraudulentos. Hasta ahora ya era habitual pedir a amigos, abuelos o conocidos su permiso para inscribirse en sus domicilios con el fin de obtener más puntos para conseguir, por ejemplo, plaza en un colegio determinado, empadronar a un extranjero para temas de residencia, así como empadronamientos de amigos para residencias temporales.

Sin embargo, ahora los casos de empadronamiento ficticio de extranjeros se está llegando a convertir en un negocio. Un negocio que enriquece a quienes ofrecen su casa para este fin. La mayoría de los extranjeros que recurren a este falso empadronamiento se encuentran en situación irregular en España, llegando a valerse de esta inscripción para solicitar prestaciones económicas en los servicios de empleo.

Los dueños de la vivienda cobran por estos empadronamientos unas cantidades que oscilan entre los 50 y los 780 euros, haciendo de esta práctica un sustento de vida.

El cuerpo de Policía ya ha realizado varias operaciones con éxito que se centran en la detección de empadronamientos ficticios de ciudadanos extranjeros en viviendas que no son el domicilio real, sino el que se utiliza para obtener un certificado de empadronamiento que será posteriormente utilizado con fines fraudulentos.

Caso más reciente de 'empadronamiento ficticio'

La Policía Nacional identificó en una localidad de Gipuzkoa a un hombre de 70 años que tenía a 89 personas empadronadas de manera ficticia en su domicilio. Esta persona cobraba entre 50 y 300 euros por el trámite realizado.  

La Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental descubrió a este vecino de Arrasate (Gipuzkoa) al constatar que había empadronado a 89 personas en su domicilio. La Policía le acusa de facilitar el empadronamiento a inmigrantes en su domicilio a cambio de dinero, empadronamiento que luego era utilizado por los falsos residentes para acceder al cobro de ayudas, a la sanidad pública o incluso a la solicitud de permisos de residencia en España. Por estos delitos, se solicita una multa contra él por un importe de 150.000 euros.

Casos relacionados

La Brigada de extranjería y Fronteras de San Sebastián abrió en noviembre del año pasado dos investigaciones que se centraban en esta práctica ilegal.

La primera de ellas en Éibar y la segunda en Irún. En ambos casos se ofertaba el empadronamiento fraudulento de personas en las respectivas viviendas a través de publicaciones en un portal de anuncios, a cambio de una compensación económica.

En el caso de la vivienda de Irún, la investigación policial pudo determinar que la propietaria de la vivienda, una española de 47 años, llegó a empadronar a 13 personas, en su mayoría ciudadanos extranjeros, tras la publicación del anuncio. Algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España y ninguno de ellos había residido de manera efectiva en la vivienda. La dueña de la vivienda habría cobrado por su empadronamiento cantidades económicas que oscilan entre los 150 y los 780 euros. La propietaria se enfrenta ahora a sanciones que superan los 35.000 euros.

Además, se logró averiguar que dos de estos ciudadanos extranjeros residían en realidad en Francia, habiendo pagado a esta propietaria por su empadronamiento con el fin de acreditar una residencia efectiva en España y de esta manera no perder el permiso de residencia del que son titulares. Lo mismo hicieron otros dos de los empadronados, que en este caso se encontraban residiendo en Reino Unido más o menos desde hacía tres años.

En el caso de la vivienda ubicada en Éibar, también se trataba de ciudadanos extranjeros en su mayoría y varios de ellos en situación irregular en España. Un ciudadano extranjero de origen marroquí había empadronado en la vivienda a siete personas. Los agentes se toparon con indicios que hacían sospechar de la elaboración de una serie de documentos que tendrían como destino el Departamento de Empleo del Gobierno Vasco.

La investigación también pudo determinar el motivo que llevó a los investigados a realizar estas falsedades documentales: evitar la pérdida, total o parcial, de las prestaciones económicas que recibe por parte del Servicio Vasco de Empleo.