Pablo Iglesias no dimitió como Vicepresidente sino que fue cesado y tiene derecho a una indemnización de 76.819 euros

A mediados del mes de marzo Pablo Iglesias anunciaba su dimisión, sin embargo, en el BOE del pasado día 30 de marzo se recogía el cese del mismo por parte de Pedro Sánchez. Este matiz no es baladí, ya que el vicepresidente cesado tiene derecho a una indemnización.

Es importante para poder analizar dicha situación diferenciar entre lo que es el cese y la dimisión por parte de nuestros políticos. El cese según la RAE es la acción y efecto de cesar, tanto en el sentido de dejar de desempeñar un cargo como en el de dejar de producir o producirse algo.

Dimitir sin embargo supone renunciar a algo, especialmente a un cargo. Esta diferencia reviste especial importancia si se tienen en cuenta también los efectos que se producen dependiendo si una persona cesa o si es destituido.

El cese de Pablo Iglesias Turrión como Vicepresidente Segundo del Gobierno por parte de Pedro Sánchez le da derecho a ser indemnizado. En concreto, le permite percibir la cantidad que deja de recibir por el mismo tiempo que estuvo ejerciendo como vicepresidente Segundo hasta un máximo de 24 mensualidades, lo que se eso se traduciría en cifras redondas en unos cien mil euros, aunque como solo estuvo ejerciendo unos quince meses esta cantidad se reduciría  a 76.819 euros. 

Así, el Real Decreto 230/2021, de 30 de marzo, por el que se dispone el cese de Pablo Iglesias Turrión como Vicepresidente Segundo del Gobierno establece que ¨de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución, y a propuesta del Presidente del Gobierno, vengo a disponer el cese de Don Pablo Iglesias Turrión como Vicepresidente Segundo del Gobierno, agradeciéndole los servicios prestados¨, siendo este firmado por el Rey Felipe VI en Madrid el 30 de marzo de 2021.

Pablo Iglesias podría haber salido beneficiado de este modo por el hecho de haber sido despedido, en vez de haber abandonado voluntariamente su cargo. El exvicepresidente segundo del Gobierno y exministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, habría declarado un patrimonio de más de 530.000 euros según el Boletín Oficial del Estado que recoge las Declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado.

La aprobación de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio del año 1981 supuso que a partir de ese año los Ministros cesados tendrán derecho a percibir una pensión indemnizatoria durante un plazo igual al que hubieran desempeñado el cargo y hasta un máximo de 24 mensualidades, una doceava parte del ochenta por ciento del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el Presupuesto en vigor durante el plazo indicado. A cambio, la incompatibilidad se limitaba solo para el caso de nueva designación como Ministro.

Ello supondría que todos los Ministros cesados a partir del uno de enero de 1981 tendrían derecho a cobrar un 80% del total de las retribuciones asignadas al cargo, por un plazo igual al que hubiese desempeñado su cargo y siempre con el límite máximo de 24 mensualidades.

Pablo Iglesias podría ser indemnizado

Los Presupuestos Generales del Estado vigentes desde el 2018, que seguían prorrogados cuando Iglesias ocupó el puesto de Vicepresidente segundo, indicaban que el sueldo de un vicepresidente del Gobierno era de 76.088,04 euros anuales, que se percibirán en doce pagas y sin derecho a pagas extra.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En los presupuestos del año 2021 el sueldo del Vicepresidente ascendía a 79.746, 24 euros. Teniendo en cuenta que Pablo Iglesias fue nombrado como Vicepresidente del Gobierno el 12 de enero de 2020, le corresponde 60.870, 43 euros del año 2020 más 15.949 euros, el 80% correspondiente a los meses de enero a marzo de 2021. Por tanto, cobraría 76.819 euros que, divididos en 15 meses, le corresponderían unos 5.121 euros mensuales, de acuerdo con lo establecido en la ley.

El sueldo indemnizatorio incompatible con otro sueldo

El artículo 7.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, establece que "las pensiones indemnizatorias, prestaciones compensatorias y cualquier otra prestación económica prevista ocasión del cese en cualquier cargo, puesto o actividad en el sector público son incompatibles con cualquier retribución con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales o que resulte de la aplicación de arancel, así como con cualquier retribución que provenga de una actividad privada, entre las que se encuentran las desarrolladas por los miembros electivos de las Cortes Generales, de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y de las entidades locales".

Sin embargo, Iglesias puede solicitar ingresar en el Consejo de Estado como consejero, donde percibiría un sueldo anual de 120 mil euros, donde ya es presidenta María Teresa Fernández de la Vega, exvicepresidenta del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

De salir elegido Pablo Iglesias como parlamentario de la Comunidad Autónoma de Madrid y portavoz de Podemos no podría cobrar dicha indemnización pues la misma resultaría incompatible desde que Cristobal Montoro, siendo ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy, impuso por Ley esta imposibilidad, ya que Iglesias podría cobrar por dicho cargo un salario aproximado de 74.592 euros brutos incluidas las dos pagas extras.