20 de mayo de 2019
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FIN DE SEMANA

El inspector Antonio Bonilla fue imputado por trabajar para Cenyt en la elaboración de informes que supuestamente se usaron para extorsionar a un juez

Nuevas revelaciones contra las prácticas de extorsión del excomisario Villarejo en la pieza Pintor

El excomisario José Manuel Villarejo.
El excomisario José Manuel Villarejo.
El inspector retirado de la Policía Nacional Antonio Bonilla afirmó el miércoles en la Audiencia Nacional qué él solo trataba con Rafael Redondo, abogado y socio del comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo, a quien apenas había visto un par de veces, según la versión de este investigado en la pieza Pintor.

Antonio Bonilla está acusado de realizar informes para la consultoría Cenyt, propiedad de Villarejo, documentos que presuntamente habrían sido usados para extorsionar a un juez. Por este caso se abrió una pieza separada del sumario, denominada pieza Pintor.

Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional.

El exinspector Bonilla fue acusado por un agente de Policía ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Bonilla, que fue detenido en Julio de 2018 y puesto en libertad con medidas cautelares, respondió como investigado en las piezas Iron y Pintor, extraidas del "caso Villarejo" ante el juez García Castellón, pero sólo contestó a preguntas de su abogado, negando cualquier actividad delictiva. Bonilla afirmó que si su nombre aparece en la documentación intervenida a Villarejo es por un negocio crediticio para su hijo y no por los hechos que se le imputan.

Asimismo, su letrado le ha interrogado sobre los informes para un bufete de abogados que quería información sobre otro de la competencia (Iron), asunto del que también ha negado cualquier implicación delictiva.

Sobre ese proyecto declaró a continuación Antonio Serrano, un informático con el que Bonilla comparte asistencia letrada y a quien el juez imputa un presunto delito de revelación de secretos. Serrano señaló igualmente a Redondo, quien según su declaración, le habría insinuado realizar un ataque informático contra el bufete de abogados objeto de la investigación, cosa a la que él habría acabado negándose.

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