Antonio Martín, gitano y cabo de la Guardia Civil: "Es la primera vez en la historia que nuestro pueblo lidera una causa para toda la sociedad"

El cabo de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, Antonio Martín, de etnia gitana, está acostumbrado a enfrentarse a los tópicos y acercarse a las distintas realidades de la vida diaria de manera objetiva y concentrada. Así, ha ocurrido ahora con el tema de los menores tutelados. Él, como muchos, creía que era un asunto pequeño y que afectaba principalmente a familias desestructuradas. Ahora, desde el conocimientos de los datos se suma a la lucha iniciada por Juan Cortés, el abuelo de la pequeña Mari Luz asesinada cruelmente en enero de 2008 en Huelva. 

¿Cuáles son las cifras reales de los menores tutelados en nuestro país?

En la actualidad hay 47.450 menores tutelados en España. Las cifras son escandalosas. Muchos de los niños deben de estar en centros de acogida porque no disponen de familia próxima. Pero lo que no es de recibo es que los niños les sean retirados a sus padres y en lugar de entregarlos a sus familiares, sean dados en adopción. Lo triste de todo es que podríamos estar hablando solo de dinero. Cada niño tutelado por la administración es derivado a un centro tutelado privado con un convenio establecido con la administración autonómica de turno y por cada niño se está pagando supuestamente entre 5.000 y 9.000 euros al mes. La horquilla existe porque la cantidad depende de cada Comunidad Autónoma y del grado de minusvalía del menor. Las familias de acogida también reciben dinero. No lo hacen de manera altruista. Estamos hablando de entre 700 y 1.000 euros mensuales.

Da la sensación de que lo que menos importa es el menor...

Lo peor es que cuando cumplen 18 años ya no generan dinero y ahí sí que los dejan sólos, por la triste realidad de que ya no generan dinero.

Antonio Martín pertenece a la 'Plataforma para la Asamblea Democrática del Pueblo Gitano'.

Los datos dicen que el 40 por ciento de esos niños pertenecen a la etnia gitana.

Es el pueblo más vulnerable. Es pobre a nivel económico pero lo es también en conocimientos legales y, sobre todo, respecto al funcionamiento de la Administración del Estado  y juegan con eso. Entre que se han llevado al crío y que puedan reaccionar han pasado uno o dos meses y ya la situación es prácticamente irreversible.

Por lo que hemos podido conocer en las últimas semanas en El Cierre Digital es que no hay perfiles concretos. Es un asunto transversal.

Todo el mundo está expuesto. Podemos ser víctimas de esto cualquiera. Los trabajadores sociales actúan de forma discrecional. Tienen el poder para ser juez y parte, sin órgano fiscalizador que determine si las gestiones realizadas son acertadas o no. Hasta que pasan dos años, las madres ya están totalmente debilitadas. Si lo que se quiere es el buen fin del menor, lo que se debería hacer es destinar todo ese dinero que se invierten en centros privados a solucionar de verdad el problema que ha originado esa intervención por parte de Asuntos Sociales.

¿Existen los famosos informes falsos?

Yo no me atrevería a decir falsos, pero sí tergiversados y carentes de fortaleza jurídica. Son muy subjetivos. Imposibles de rebatir. Si a una madre le dicen que es alcohólica, por mucho que presente un análisis que lo contradiga no le sirve para nada. Los indicios son rebatibles, siempre, por principio. Menos aquí. Lo que digan ellos va a misa. La impotencia que te genera es brutal y no puedes acudir a nadie porque no es una causa judicializada.

Antonio Martín está orgulloso de ser gitano y guardia civil. 

La parte positiva de todo este asunto es que por primera vez gitanos y payos se han unido por una causa común.

Gitanos y payos van de la mano. Es la primera vez en la historia que el pueblo gitano lidera una casusa para la sociedad en general. Tenemos la fama de vivir a parte de la sociedad, pero en este caso la lucha de mi etnia es en favor de todos los niños sean payos o gitanos. Desde la 'Plataforma para la Asamblea Democrática del Pueblo Gitano', a la que pertenezco, vamos a luchar por la derogación de la Ley Orgánica 8/2015 y de todas las disposiciones comunes a esta Ley para que vuelvan a ser las autoridades judiciales y la Fiscalía de menores quien determine a quién se le quita un hijo y a quien se le entrega. Y no funcionarios administrativos que carecen de la formación suficiente para hacer ley.

Para muchos todo este terrible caso ha supuesto una sorpresa.

Yo desconocía todo esto hasta hace tres meses. Me empecé a documentar. En esta causa hay abogados, hay jueces, hay psicólogos… aunque algunos no se atreven a hablar, pero lo hacen desde la retaguardia. Hay un número inmenso de padres y madres que han tenido que emigrar por temor que les quinten sus niños. Han tenido que dejar nuestra patria. Hay unas 500 o 600 madres huidas. Como si fueran terroristas. Yo al principio pensaba que esto solo pasaba a familias desestructuradas ,luego vi que no era así. Nos puede pasar a todos. Ese es el grave problema.