Las denuncias y los vecinos acorralan a la proveedora de jamones de Mercadona, la empresa de Juan Roig

La Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) denunció hace unos días vía administrativa ante el Ayuntamiento de la localidad toledana de Corral de Almaguer las obras de ampliación de una empresa cárnica, Incarlopsa, proveedora principal de carne de cerdo del emporio Mercadona y valorada en 1.000 millones de euros. El desarrollo de esta denuncia podría obligar a la famosa cadena de supermercados a buscar alternativas para no desabastecerse de este principal género.

No es el único problema que ha tenido esta empresa es esa comunidad autónoma, ya que numerosos vecinos de Cuenca se han manifestado en algunas ocasiones contra la instalación de macrogranjas de cerdos en sus municipios.

El problema denunciado ahora puede acabar con la demolición de las naves de esta empresa, con el consiguiente perjuicio a los puestos de trabajo, además de acusar a varios arquitectos municipales y políticos de la localidad de haber aprobado provisionalmente la licencia de ampliación de manera irregular. Está por evaluarse la capacidad de reacción de esta empresa ante esos posibles acontecimientos y de qué modo afectaría al abastecimiento que hace a Mercadona, además el impacto económico y laboral que tendría sobre la zona.

Pero además, en Villalba de la Sierra, Zarzuela y Portilla, tres municipios de la Serranía de Cuenca, también se oponen a la construcción de una macrogranja porcina. Los pueblos se encuentran situados a unos 20 minutos de Cuenca y sus habitantes se oponen a lo que puede suponer graves perjuicios económicos para sus vidas. Y es que IPCOR, empresa participada al 50% por Incarlopsa pretende construir una instalación ganadera en el pueblo de Zarzuela.

Ante esta situación, fuentes de la plataforma Serranía Limpia y Viva aseguraron a este periódico que estos pueblos se sustentan principalmente del turismo de naturaleza, sector que se vería damnificado de manera considerable. “Hemos pasado de ‘pobrecitos que estamos deshabitados’ a ‘pobrecitos que nos echan’”, comentaron. Los olores de los cerdos y la contaminación de los acuíferos por los purines que genera la actividad ganadera de estos animales son algunos de los principales problemas que conllevan las macrogranjas.

“Son pueblos que viven del turismo, los vecinos han invertido en casas rurales, hoteles, restaurantes y otros negocios para atraer a la gente que viene de vacaciones”, aseguraron desde la asociación y añaden que “es pan para hoy y hambre para mañana”.

Asimismo, explicaron que “el gobierno regional quiere salvar las cifras con estos proyectos que prometen empleos, pero no es verdad. Nos han prometido hasta sesenta puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto, pero en realidad serán entre tres y cinco. Además, tenemos 100 familias viviendo del turismo, que son más de lo que ellos aportan”.

Daniel González, representante de la plataforma Pueblos Vivos, afirmó que la construcción de estas granjas porcinas supone un gran impacto a nivel económico. “La gente está muy mosqueada en gran parte por el tema del agua. Se contaminan los acuíferos por los purines y además los cerdos consumen grandes cantidades de agua a lo largo del año”, comenta.

Denuncia en Corral de Almaguer

Todos estos problemas pueden dar al traste con la empresa constituida por Incarlopsa en Corral de Almaguer que comenzó en el año 2013 cuando la Comisión Provincial de Urbanismo concedió a Secaderos De Almaguer, SA (SECALSA) una autorización “provisional” para la licencia de obras para la ampliación de la fábrica de jamones curados, que se condicionaba a la finalización de la “ejecución y recepción de las obras de urbanización, momento en el cual se podría conceder licencia para su puesta en funcionamiento.”

Según Adocap, “las obras del PAU nunca se iniciaron, y en ese suelo no urbanizado del Polígono se encuentran parte de las instalaciones de SECALSA, que actualmente está en completa actividad y que por las razones ya dichas podría ser tachada sin embargo de “ilegal”, quedando afectas al posible cierre de la actividad y a la demolición de lo edificado nada menos que el próximo 8 de junio de este mismo año”.

La denuncia de la asociación presidida por el juez Fernando Presencia, recoge que “las obras del PAU y las realizadas por SECALSA las autorizó el Ayuntamiento con informes técnicos y jurídicos de personas con contrato laboral, lo que está absolutamente prohibido toda vez que la competencia es exclusiva de los técnicos habilitados de la Diputación de Toledo”.

El ayuntamiento toledano de Corral de Almaguer está gobernado desde hace tres legislaturas por la alcaldesa Juliana Fernández de la Cueva Lominchar y no ha respondido a las preguntas de elcierredigital.com sobre este asunto.

Acodap, asociación liderada por el juez Fernando Presencia, también argumenta en su denuncia que “no se puede entender que ante la previsión razonable de la no realización de las obras del PAU se otorgaran las licencias en un suelo no urbanizado del Polígono” aunque fuera con carácter provisional, tampoco queda aclarado que la licenciataria “no se percatara de las escasas posibilidades de que las obras de urbanización del Polígono, nunca iniciadas, se acabaran en plazo”, todo lo cual según los denunciantes, “deja en el aire parte de la actividad de SECALSA y compromete el futuro de cientos de vecinos”.

Este mismo escrito añade que si “el Secretario del Ayuntamiento no advirtiera de la inexistencia del informe preceptivo o de la ausencia de inspección obligatoria sería presunto sujeto responsable de infracción urbanística, como los miembros de la corporación, que por aprobar la plantilla anualmente, con el presupuesto, conocieran la inexistencia de funcionario competente para informar e inspeccionar en la tramitación de las licencias”.

Empresa valorada en 1.000 millones de euros

Según explicó Fernando Presencia a elcierredigital.com, "el problema de los falsos arquitectos es bastante recurrente en los ayuntamientos, que usan arquitectos de fuera cuando la ley obliga a usar arquitectos de la Diputación, el problema es que en este caso el consistorio ha mantenido y defendido la validez de estas firmas y eso es un delito evidente".

Por esa razón, la asociación presentó esta denuncia ante el propio Ayuntamiento de Corral de Almaguer, solicitando la incoación e instrucción de expedientes para “la restauración de la legalidad urbanística y también el simultáneo sancionador por la comisión presunta de infracciones urbanísticas, a los citados secretario o secretarios y a los miembros de la corporación que votaran a favor del otorgamiento de la licencia o licencias y a cualquier otra persona física o jurídica que pudiera ser identificados como autores, inductores o cooperadores de infracciones urbanísticas, según el curso de la instrucción de dichos expedientes”.

Industrias Cárnicas Loriente Piqueras (Incarlopsa) es una empresa cárnica valorada en unos 1.000 millones de euros, según la agencia Reuters. Incarlopsa es uno de los principales proveedores de corte y envasado de cerdo en Mercadona, cuenta con una fábrica especializada en jamón serrano en Tarancón (Cuenca) y opera dos secaderos en Olías del Rey y Corral de Almaguer (Toledo).

Manifestación contra las granjas porcinas.

Incarlopsa facturó 678 millones de euros en 2017 y ganó 38 millones de euros con jamones, ibérico y porcino, como principales líneas de negocio. Contaba con más de 1.700 empleados a cierre del año pasado, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. En esta planta Incarlopsa produce 4.250.000 jamones al año, fue construida en 1999 y ampliada en 2012, según los datos de la propia empresa.

En diversos pueblos de Cuenca existen hasta 35 proyectos para implantar macrogranjas porcinas. Las granjas de cría de cerdos, aquellas que almacenan a partir de 2.000 cerdos, necesitan un informe medioambiental favorable para su construcción.

Pero no solo es Cuenca, sino que son muchos los pueblos son los que sufren los efectos de la despoblación por culpa de las macrogranjas en Castilla La-Mancha. Es el caso Balsa de Ves, situado en Albacete, donde se construyó en 2006 una de estas instalaciones. Su alcaldesa Natividad Pérez se ha mostrado contraria en muchas ocasiones a la implantación de la macrogranja.