María Sevilla, asesora de Podemos para la infancia, acusó falsamente de abuso sexual al padre de su hijo

El 1 de abril saltaba la noticia, era detenida María Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre y asesora de Podemos para temas de infancia y menores. La mujer estaba acusada de un delito de sustracción de menores, por incumplir una sentencia de 2017 que otorgaba la custodia al padre de su hijo. La Policia actuaba con autorización de un juzgado, que ordenó la detención de la mujer en septiembre de 2018 por haber incumplido el régimen de visitas paternas. La mujer se había mudado en marzo de 2017 hasta Granada con el pequeño sin habérselo comunicado al padre del menor, de 11 años, aunque fue detenida en un pequeño pueblo de Cuenca.

Cuando la Policía los encontró estaba  junto a su actual pareja y una niña que tienen en común, en una finca de 6.000 metros cuadrados en el municipio conquense de Villar de Cañas. El niño estaba sin escolarizar. Él y su hermana se encontraban en condiciones “lamentables”, según informaron fuentes policiales. El niño solo salía unas pocas horas al día por este recinto. La mujer quedó en libertad con cargos tras declarar en el juzgado. Ahora hay una pelea judicial para ver quien de la pareja se queda con la custodia del niño que actualmente tiene 11 años.

No era la primera vez que María Sevilla quiso evitar que padre e hijo estuvieran juntos. Según el programa Cuatro al Día, la pelea judicial viene de lejos, llegando incluso María a acusar de abusos sexuales al padre del niño para alejarlo del menor. Esta acusación fue sobreseida, pero antes fueron necesarios muchos informes y pelas judiciales para tratar de desenmarañar las disputas entre María y el padre del niño Rafael M.

En el informe, realizado en 2014, al que ha tenido acceso elcierredigital.com, fue firmado por una psicóloga y una trabajadora social, tuteladas por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valdemoro. En él se detallaba que "el juzgado de Primera Instancia número 6 de Valdemoro acordó Medidas Provisionales 372/2012 mediante un auto emitido el 28 de noviembre de 2012 acordando que “Rafael M. I. no tenga contacto alguno con su hijo en tanto el menor no sea explorado en el presente procedimiento civil y, en su caso, en el procedimiento penal que se incoe en virtud del testimonio deducidos de las actuaciones”.

María Sevilla durante una comparecencia en el Congreso en 2016.

Esta decisión fue tomada tras haberse producido, durante el acto de la vista oral para la custodia del menor, la declaración de María en el sentido de que sospechaba de la comisión de abusos sexuales por parte del padre y de familiares paternos, como explicación por no haber permitido el contacto entre padre e hijo desde finales de 2011.

A partir de entonces se abrió una nueva pieza y este asunto recayó en el juzgado de Instrucción número 7 de Majadahonda, en Madrid, que practicó las diligencias oportunas y resolvió en un auto de 11 de octubre de 2013 el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por presuntos abusos. Pero fue entonces, el 20 de noviembre de 2013, cuando al juzgado de Valdemoro acordó como medida provisional que la guarda y custodia del niño recayese en la madre, con un régimen de visitas paterno, todos los sábados de 5 a 8 de la tarde y contribuir a la manutención de su hijo con 275 euros mensuales, régimen que después incumpliría la madre y por ello sería detenida.

Se conocieron en el entorno laboral en 2006

El documento explica que la pareja se conoció en el entorno laboral en 2006, conviviendo la pareja en la localidad sevillana de Carmona, con el proyecto de trabajar en hostelería. En julio de 2007 nació el niño, de "manera no planificada". Un año después la pareja volvió a Madrid. Desde el principio "Rafael refiere continuas discusiones de pareja desde el inicio de la relación, que fueron en aumento en frecuencia e intensidad, sobre temas relacionados con la forma de educar al menor (alimentación, hábitos de sueño, normas), así como a la hora de pedir responsabilidad por las tareas encomendadas a doña María que al parecer no realizaba".

Según las declaraciones tomadas al padre, "Rafael afirma que inicialmente su estilo relacional con ella era tendente a la sumisión, cediendo y aceptando sus propuestas sin cuestionarlas, y a medida en que él comenzó a exponer más su opinión y decisiones, la relación entre ambos se resintió, al entrar en conflicto con doña María".

La mujer reconoció en este estudio parte de lo vivido por su pareja, tal y como consta en el informe: "Doña María coincide en la descripción de su historia de pareja respecto a las discusiones entre ellos, situando como focos de conflicto los problemas económicos que atravesaban y la precipitación de los acontecimientos en su vida, detallando miedos durante el embarazo ante el temor de perder el bebé, al haber sufrido anteriormente en otra relación una experiencia de aborto espontánea traumática. Las discusiones se incrementan tras la llegada del bebé, suscitadas por aspectos relativos a la forma de afrontar sus cuidados".

Tras la ruptura definitiva en enero de 2010 la conflictiva "se incrementa aún más cuando en junio de 2011 le comunica a doña María su intención de solicitar judicialmente la custodia compartida del menor, no estando la madre de su hijo de acuerdo en este aspecto", según diría Rafael.

A partir de entonces comienza la pelea judicial y María Sevilla menciona que en octubre de 2011 se produjo la última visita del padre al menor, "como decisión unilaterla suya, a consecuencia de las verbalizaciones que el hijo hace donde menciona tener mala relación con el padre y que éste le pegaba. Doña María ofrece como alternativa que los encuentros padre-hijo se produzcan en su casa bajo su supervisión, condición que el padre no acepta. Se inicia la judicialización de las relaciones, prolongándose la situación de ausencia de relación entre el padre y el hijo hasta la actualidad, siendo el período comprendido entre noviembre de 2012-2013 el único en el que existe auto judicial que las restringe".

Este informe, de 17 folios, está fechado en la localidad madrileña de Valdemoro el 24 de junio de 2014 y firmado por una psicóloga (número de puesto 66000) y una trabajadora social (número de puesto 66001).