El Ejecutivo de Pedro Sánchez debería haber cambiado los tapones del polémico almacén de gas desde hace más de dos años
El Gobierno pone en riesgo a la costa del Mediterráneo por su dejadez sobre el proyecto Castor
El almacén gasístico subterráneo Castor sigue generando problemas al Gobierno de España cuatro años después de cerrar. El bloque socialista del Ejecutivo central, que se niega todavía a desmantelarlo, ha visto que el polémico asunto no se debate en el Congreso por los votos contrarios de PP y Vox.
El almacén sigue estando en el centro de la atención pública porque la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto esta semana a los dos directivos de Escal UGS, acusados de supuestas responsabilidades de los más de 500 terremotos que se produjeron frente a las costas de Castellón por las inyecciones de gas en la plataforma Castor.
El tribunal ha absuelto a los acusados Recaredo del Potro Gómez, José Luis Martínez Dalmau y a la mercantil Escal UGS SL del delito contra el medioambiente y los recursos naturales del que habían sido acusados.
El proyecto de Florentino Pérez
El Gobierno de España tuvo de indemnizar con 1.350 millones de euros a los impulsores del Castor por cerrarlo. El presidente del Consejo de Administración de ACS, Florentino Pérez, y sus socios ganaron en los tribunales y ahora se desentienden de algunas exigencias de activistas medioambientales.
Una de ellas la ha realizado el geólogo navarro Antonio Aretxabala, que recuerda que este almacén gasístico sumergido frente a Tarragona provocó centenares de seísmos y "sigue pendiente de su desmantelamiento definitivo sin un plan concreto del Gobierno de Pedro Sánchez".
Florentino Pérez.
El geólogo navarro Aretxabala también ha denunciado que "los tapones que deben sellar de forma segura el almacén de gas Castor llevan ya casi dos años caducados y el Gobierno español sigue sin cambiarlos" y asegura que esta dejadez estatal puede provocar nuevos problemas medioambientales.
Aretxabala, profesor de la Universidad de Navarra, recuerda que varios grupos políticos del Congreso registraron el mes pasado una solicitud para que la Cámara Baja depurara responsabilidades por el fallido proyecto de gas Castor, que finalmente podría costar a la ciudadanía más de 4.700 millones de euros vía factura de la luz y el gas.
Antonio Aretxabala.
Puertas giratorias
Según el geólogo, "el declive energético mundial y por tanto, de España, ya ha comenzado y el desenlace final de sectores económicos clave en colapso por desmembración del tejido energético y social es inevitable si no se acompaña de una verdadera cohesión (el pegamento) en una transición justa".
