23 de enero de 2022
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FIN DE SEMANA

El Ejecutivo de Pedro Sánchez debería haber cambiado los tapones del polémico almacén de gas desde hace más de dos años

El Gobierno pone en riesgo a la costa del Mediterráneo por su dejadez sobre el proyecto Castor

Exclusiva
/ Proyecto Castor
El proyecto Castor sigue generando problemas al Gobierno de España a pesar del acuerdo entre el PSOE, PP y Vox para que el asunto no se debata en el Congreso. La dejadez del Ejecutivo central puede poner en riesgo las localidades de la costa del Mediterráneo, según los ecologistas, "por no haber cambiado los tapones del polémico almacén de gas" desde hace dos años.

El almacén gasístico subterráneo Castor sigue generando problemas al Gobierno de España cuatro años después de cerrar. El bloque socialista del Ejecutivo central, que se niega todavía a desmantelarlo, ha visto que el polémico asunto no se debate en el Congreso por los votos contrarios de PP y Vox. 

El almacén sigue estando en el centro de la atención pública porque la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto esta semana a los dos directivos de Escal UGS, acusados de supuestas responsabilidades de los más de 500 terremotos que se produjeron frente a las costas de Castellón por las inyecciones de gas en la plataforma Castor. 

El tribunal ha absuelto a los acusados Recaredo del Potro Gómez, José Luis Martínez Dalmau y a la mercantil Escal UGS SL del delito contra el medioambiente y los recursos naturales del que habían sido acusados.

El proyecto de Florentino Pérez

El Gobierno de España tuvo de indemnizar con 1.350 millones de euros a los impulsores del Castor por cerrarlo. El presidente del Consejo de Administración de ACS, Florentino Pérez, y sus socios ganaron en los tribunales y ahora se desentienden de algunas exigencias de activistas medioambientales. 

Una de ellas la ha realizado el geólogo navarro Antonio Aretxabala, que recuerda que este almacén gasístico sumergido frente a Tarragona provocó centenares de seísmos y "sigue pendiente de su desmantelamiento definitivo sin un plan concreto del Gobierno de Pedro Sánchez".

Florentino Pérez. 

El geólogo navarro Aretxabala también ha denunciado que "los tapones que deben sellar de forma segura el almacén de gas Castor llevan ya casi dos años caducados y el Gobierno español sigue sin cambiarlos" y asegura que esta dejadez estatal puede provocar nuevos problemas medioambientales.

Aretxabala, profesor de la Universidad de Navarra, recuerda que varios grupos políticos del Congreso registraron el mes pasado una solicitud para que la Cámara Baja depurara responsabilidades por el fallido proyecto de gas Castor, que finalmente podría costar a la ciudadanía más de 4.700 millones de euros vía factura de la luz y el gas. 

Sobre la postura de PSOE o PP, se pregunta: "¿Qué tendrían que ocultar estas organizaciones políticas? Mucho. Pero no es el objeto de este análisis denunciar los maletines que vienen y van, ni los pagos de favores a quienes propician el avance de la corrupción en lo más íntimo de la columna vertebral (la energía) que sostiene un Estado que se desmorona".
 

Antonio Aretxabala. 

"Y lo hace a causa de, precisamente, este tipo de actitudes que están a la orden del día. Aquí nos interesan más las consecuencias sociales y a la larga, posiblemente territoriales, de semejantes actuaciones en un medio inestable y en declive energético irreversible e innegociable", añade. 

Puertas giratorias 

El geólogo navarro Antonio Aretxabala cree que este bloqueo se debe "al poder de las puertas giratorias" y recuerda que "la empresa que gestiona la red gasista, cuyo máximo accionista (5%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), nombró durante la última fase del confinamiento por la pandemia de Covid-19, en mayo de 2020, al expresidente de la Generalitat de Catalunya y exministro de Industria, José Montilla, y al exministro de Fomento y exvicesecretario general del PSOE, José Blanco, consejeros de Enagás".
 
Según el geólogo, "el declive energético mundial y por tanto, de España, ya ha comenzado y el desenlace final de sectores económicos clave en colapso por desmembración del tejido energético y social es inevitable si no se acompaña de una verdadera cohesión (el pegamento) en una transición justa".
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