24 de octubre de 2020
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FIN DE SEMANA

La urbanización cacereña cuenta ya con un hotel de 150 plazas y 185 villas de las 500 previstas, que no se continuarán construyendo

La Marbella extremeña: Ordenan demoler las obras del complejo Marina Isla de Valdecañas

Una vista aérea de la Urbanización.
Una vista aérea de la Urbanización.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha acordado la demolición parcial del complejo Marina Isla de Valdecañas (Cáceres), es decir, se ordena la demolición de todo lo que esté en obras, así como la revegetación de las plataformas que no han sido edificadas. Sin embargo, se mantiene todo lo construido (hotel, viviendas, campo de golf e instalaciones en funcionamiento) “por no afectar al medio ambiente”, afirma el auto fechado el 30 de junio, según adelantó Confilegal.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura admite la “imposibilidad material parcial” de ejecutar las sentencias que anularon la actuación administrativa relativas a la urbanización Marina Isla de Valdecañas. Por tanto, el Tribunal ordena destruir “todo lo que se encuentra en fase de estructura o no está terminado y en funcionamiento”. Es decir, que “el segundo hotel planificado y el resto de viviendas que se iban a construir deben ser demolidas y/o no construidas”.

De igual modo, “las viviendas terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto serán también demolidas, salvo por razones de colindancia que pudieran afectar a la seguridad de otras viviendas”. El auto especifica que las demoliciones “deberán realizarse de manera ordenada y programada con el menor perjuicio para el medio ambiente y dará lugar a la reposición del terreno a un estado que permite un proceso de regeneración de bosque mediterráneo y suponga un claro beneficio para la flora y la fauna de la ZEPA (Zona de Especial Protección para Aves)”.

El auto también recoge una indemnización de 250.000 euros a favor de cada una de las dos asociaciones ecológicas que pusieron la denuncia, ADENEX y Ecologistas en Acción-CODA, por la declaración de imposibilidad material parcial. La mitad del importe de esa multa es de libre disposición para las dos asociaciones y la otra mitad tendrá que ser destinada a fines medioambientales en la comunidad autónoma de Extremadura.

El abono de esta indemnización corresponde a la Junta de Extremadura que fue la Administración que aprobó el Proyecto e Interés Regional (PIR) y dio lugar a los sucesivos denuncias y procedimientos administrativos.

Una imagen de la conocida urbanización.

En el auto se concluye que la isla no era un espacio aislado que dispusiera de una evolución ambiental ajena a la acción humana diferenciada del entorno inmediato sino un espacio altamente tomado por la actividad humana y que la verdadera razón para calificar la zona como ZEPA (Zona especial protección ambiental) no era por las características del terreno sino por la lámina de agua formada por el embalse de Valdecañas.

En relación a los hoteles, el tribunal recuerda que de los dos hoteles de 150 habitaciones solo está construido y en funcionamiento uno, el otro se encuentra con parte de la estructura ejecutada, pero la construcción está paralizada y ahora será derribado.

Casas para VIPS conocidos

En cuanto a las viviendas, se han terminado 185 villas frente al total de 565 residencias que se pensaban construir en Marina Isla de Valdecañas. Por tanto, en relación a las viviendas, subraya, solamente se mantiene el 32,74% de las proyectadas. Entre los propietarios de las villas hay algunos conocidos como Beltrán Gómez Acebo, hijo de Luis Gómez Acebo y de la infanta Pilar de Borbón que fue quien comercializó gran parte de la urbanización. Pero también los Aznar tienen casa, alguno de los López-Ibor, los Vega-Penichet​, e incluso el cantante Carlos Baute adquirió una de estas villas. Otros propietarios tienen apellidos menos conocidos pero se sientan en los consejos de administracioón del Banco Santander, Banca Rothschild, Telefónica, Bank of América o Credit Suisse, por ejemplo.

Sobre los perjuicios económicos, la demolición de todo lo edificado supondría, según recoge el auto, un coste de 33.982.889,85 euros. El posible perjuicio económico a los propietarios de las viviendas podría alcanzar la cantidad de 111.000.000 euros.

Por ello, inicialmente la indemnización a la que tendría que hacer frente la Junta de Extremadura alcanzaría, al menos, el importe de 144.982.889,85 euros por los gastos de demolición y de indemnización a terceros de buena fe. Todo ello, concluye, supondría un grave perjuicio para la hacienda pública extremeña. El auto no es firme y contra él cabe recurso de reposición.

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