En toda España hay más de un millón de pozos ilegales similares al que cayó Julen en la localidad malagueña de Totalán

El accidente que le costó la vida al pequeño Julen en Totalán (Málaga) no ha sido el único relacionado con la caída de una persona a un pozo. Este hecho tiene un precedente similar en Pozomajano, una finca agrícola a las afueras de Albacete, donde en septiembre de 2015 un hombre de 66 años también cayó a un pozo sin tapar ni señalizar, de unos 60 metros de profundidad.

Esto supuso, en teoría, un antes y un después.  Así, en Castilla-La Mancha cuando hay un pozo abierto ‘’la Guardia Fluvial (Confederación Hidrográfica del Júcar) manda precintarlo si no se puede regularizar’’, explicó en su día Francisco Gutiérrez, asesor jurídico de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRM).

La desgracia de Pozomajano fue golpe duro para este colectivo que lleva desde 1994 tratando de regular el estrés hídrico de su cauce, cada vez más seco por la explotación descontrolada. ‘’Con los regantes nadie se atrevía. Nos dimos cuenta de que, o poníamos una ley de punto final y nosotros mismos nos organizábamos, o esto se iba al traste’’, concreta Gutiérrez.

Lo cierto es que en España hay más de un millón de pozos ilegales repartidos por todo el país, correspondientes a prospecciones para buscar agua. Se trata de agujeros similares al que cayó Julen en Totalán, y podrían resultar igual de peligrosos para los paseantes. De hecho, en nuestro país se perforan cada mes, sin licencia, entre veinte y treinta pozos como el de Totalán.

La buena noticia es que después de la desgracia del pequeño Julen, la ONG Greenpeace ha recuperado su plataforma Fíltrala, para que los ciudadanos puedan denunciar la ubicación de pozos ilegales. De hecho, Greenpeace, remitió el pasado martes una carta a la ministra Teresa Ribera, para que intente acabar con el "furtivismo acuático", ya que "sabemos que hay miles de expedientes abiertos archivados en los cajones de toda España", explica al periódico Ideal el responsable de Aguas de la organización ambientalista, Julio Barea.

Cerca de un millón de pozos similares al que cayó Julen están repartidos por toda España.

Tras realizar una encuesta en 2017, el Ministerio de Medio Ambiente obtuvo el dato de que en España hay más de un millón de agujeros que se hicieron en busca de agua, la mayoría sin precintar, una cifra que sigue aumentando a medida que pasan los años.

Desde la sede central en Madrid del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil calculan que en cada provincia se cavan entre veinte y treinta pozos cada mes. "Con suerte, a la tercera parte les llegará una denuncia", admiten en la 'policía verde' del Instituto Armado. Pero es un dato demasiado optimista. En el periodo 2013-2017, apenas llegaron a los agentes rurales 1.146 denuncias, y solo se cerraron diez. "Una cifra irrisoria si se compara con las estimaciones disponibles", destacan sus portavoces.

Solo en el entorno de Doñana, en Huelva, hay localizados 77 pozos ilegales, cuyo coste de perforación asciende a 65.000 euros.

Daños ambientales

‘"No es un problema de normas, ya que tenemos una magnífica Ley de Aguas que nos copian en Europa. Pero es políticamente incorrecto ir a cerrar pozos en la España que se deseca’", explica Barea. No sólo incorrecto, sino peligroso, algo de lo que pueden dar cuenta agentes fluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (junto con la del Guadiana, la más afectada), los cuales aún recuerdan a los 200 agricultores del entorno de Doñana que les retuvieron y amenazaron de muerte durante dos horas en noviembre de 2014.

Los accidentes personales no son las únicas víctimas del pirateo de acuíferos. España, el país con más riesgo de sequía en Europa y, según los especialistas consultados, se juega su futuro hídrico. La Fundación Fomento y Gestión del Agua calcula que bajo el subsuelo español hay unos 400.000 hectómetros cúbicos de agua. Siete veces más que los que acumulan los 120 pantanos al aire libre si están al 100 por ciento de su capacidad.

Esta estadística ha provocado que se abuse del agua y se construyan miles de pozos ilegales, los cuales roban unos 3.600 hectómetros cúbicos. Además, por si fuera poco, este abuso provoca que "el 44 por ciento de las meses de aguas subterráneas estén en mal estado cuantitativo o químico", como así detallan los informes oficiales del Instituto Geológico y Minero de España.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que, más allá de los compromisos verbales presionados por desgracias como la de Julen, la lucha contra los pozos ilegales necesitaría "un verdadero compromiso colectivo de todas las administraciones. 

Ambigua Ley de Aguas

El problema se agrava por lo que en el campo llaman "el pozo de los 7.000". Una Ley de Aguas que sólo permite a un propietario excavar en su terreno y sacar agua sin licencia siempre que no supere los 7.000 metros cúbicos. No hace falta ni expediente ni un proyecto, sólo hay que comunicarlo.

Luego está el "pozo lunero".  Se llaman así porque ‘’se hacen de noche. Viene un pocero con una rotopercutora y profundiza en busca de agua. ¿Quién vigila la ejecución? ¿Y las características del ancho? Nadie’’. afirman los técnicos consultados.

Si la excavación tiene éxito y mana agua de manera abundante, se piden papeles a posteriori. Si no, la mayoría de los huecos se dejan abandonados o abiertos para intentar sacar algo más en días sucesisvos.

A pesar de esta realidad, Xavi Durán, portavoz de la Agencia Catalana del Agua, concreta que ‘’Se deberían buscar métodos para legalizar captaciones que no pusieran en riesgo un acuífero y cuyas extracciones fueran sostenibles, Sería el camino más directo para que el propio campo ponga coto a esta situación".

Otro nuevo pozo ilegal en Girona

La Guardia Civil descubrió también este miércoles otro pozo ilegal sin medida de seguridad en una parcela en el paraje La Serra, en el municipio de Masarac (Girona), y ha denunciado a su propietario. Agentes del Seprona hallaron el pozo antiguo de captación de aguas subterráneas que estaba descubierto, y sospecharon que podía ser un agujero no controlado.

El pozo encontrado en Girona | Europa Press

El pozo, que no tenía ninguna medida de seguridad, fue precintado por los agentes y después se localizó al dueño de la finca, un vecino de Figueras (Girona). Las agentes denunciaron al propietario que desconocía si el pozo estaba autorizado, por una supuesta infracción hacia la Ley de Aguas. 

Esto es lo que supuestamente ha pasado en Totalán, donde el propietario de la finca donde murió el pequeño Julen, David Serrano, anunció en rueda de prensa que desconocía si su pozo o "prospección" tenía licencia autorizada, "porque nadie le había dicho nada". El caso Julen esta ahora en instrucción en el Juzgado nº 9 de Málaga y habrá que esperar que determina su titular.