Los delitos medioambientales son los más rentables por detrás de la droga, la trata de mujeres y las falsificaciones

Los delitos medioambientales son una de las actividades criminales más lucrativas a nivel internacional. En el año 2016 su valor alcanzó entre 91.000 millones y 259.000 millones de dólares, posicionándose de esta manera en el cuarto crimen más rentable del mundo por detrás de las drogas, las falsificaciones y la trata de personas. Este crecimiento representa un incremento del 26% si lo comparamos con cifras de 2014, y se espera que siga aumentando de manera anual entre un 5% y 7%.

Estos datos se recogen en un informe elaborado por la Interpol y ONU Medio Ambiente en el año 2016, según el cual las actividades ilegales que involucran tanto al medio ambiente como la biodiversidad o los recursos naturales son muy lucrativas, además de implicar un riesgo bajo para los criminales. Los delitos ambientales no han sido considerados una prioridad para la mayoría de los países.

Hace poco un estudio de la  ONU Medio Ambiente titulado “The State of Knowledge of Crimes that have Serious Impacts on the Environment” (El estado del conocimiento de los crímenes con graves impactos en el medio ambiente) ha hecho una lista de las cinco áreas de delincuencia ambiental más frecuentes a nivel mundial. Uno de estos apartados se refiere al tráfico y la gestión ilegal de residuos que representa pérdidas de este tipo de recursos que oscilan entre los 10.000 y 12.000 millones de dólares anuales.

Tanto los vertederos ilegales como el comercio de residuos han intensificado la contaminación global de los sistemas de aire, tierra y agua amenazando los ecosistemas locales, afectando a los animales plantas y la salud humana. Lo que resulta preocupante es el tráfico ilegal de residuos electrónicos, ya sea por el valor de alguno de sus componentes, como por la peligrosidad de las sustancias que podemos encontrar en muchos de ellos.

La gran mayoría de residuos se originan en los países desarrollados. Los mayores exportadores de desechos ilícitos son la Unión Europea, EEUU, Japón y Australia. Por su parte, los principales destinos del tráfico ilegal de residuos son África y Asia.

Tanto la producción como el consumo ilegal de clorofluorocarbonos (CFC) o los hidroclorofluorocarbonos (HCFC) además de otras sustancias que agotan la capa de ozono, entrarían en esta categoría. Además de afectar al medioambiente, también repercute en el sistema inmune de los animales creando vulnerabilidades en enfermedades de tipo infeccioso además de reducir la productividad tanto en las plantas como en el fitoplancton.

Otros delitos medioambientales

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conversación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), los delitos contra la vida silvestre son más comunes en África, Asia y América Latina, donde viven toda clase de especies que en estos momentos se encuentran afectadas.

Con respecto a la tala ilegal, la Unión Internacional de Organizadores de Investigación Forestal reportó en el año 2016 ha afectado a todos los continente y se ha extendido a todas las regiones tropicales como lo son China, India y Vietnam, los tres mayores importadores de productos madereros tropicales legales e ilegales.

Otro de estos delitos ambientales es la pesca ilegal. Un informe de PEW Charitable Trust en 2013 indica que la pesca ilegal se da en todo el mundo, tanto en las zonas económicas exclusivas de cada país como en aguas internacionales.

Por último, la minería ilegal es muy frecuente en África, América Latina y en ciertas partes de Asia, donde se ha convertido en un problema de preocupación pública. Esta acción tiene graves impactos ambientales, concretamente por la contaminación por mercurio que proviene de la extracción de oro de manera artesana, de la destrucción de la flora y fauna natural, la contaminación con la consecuente degradación del paisaje además de los propios riesgos de radiación.

Existen vacíos legales

En el estudio mencionado anteriormente elaborado por ONU Medio Ambiente se identifican varias brechas o vacíos legales con respecto a la respuesta a estos crímenes medioambientales. La falta de datos, conocimientos y concienciación, así como el uso limitado de la legislación, la prácticamente nula cooperación ya sea nacional o internacional, añadido al escaso intercambio de información entre las autoridades y la falta de un compromiso por parte de los actores privados además de las comunidades locales debilitan en gran medida la aplicación justa de la ley.

Para ello, ONU Medio Ambiente está ayudando a los países a establecer marcos jurídico sólidos en materia de crímenes ambientales al desarrollar directrices de aplicación para contribuir a que las autoridades nacionales cumplan las leyes ambientales. Además participa de la mejora de las capacidades de todos los actores involucrados en la aplicación de la legislación ambiental, así como la policía, los fiscales y las aduanas.