23 de enero de 2022
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FIN DE SEMANA

La propuesta de ERC para la Ley Audiovisual ha calado en el reparto de los fondos estatales del Ejecutivo, que pagará los doblajes en Netflix y HBO

El Gobierno cede y destina 15 millones a la producción de películas y series en catalán

Gabriel Rufián y Pedro Sánchez.
Gabriel Rufián y Pedro Sánchez.
El Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, con Gabriel Rufián como portavoz, sellan un acuerdo para la futura Ley Audiovisual, aprobando la inversión con fondos estatales de 15 millones de euros anuales para la producción de películas y series en catalán y demás lenguas cooficiales. Con este pacto, el Ejecutivo tendrá el camino allanado para la ratificación de los Presupuestos Generales del Estado 2022, que se debaten en pleno del Senado el próximo 21 de diciembre.

Después de varias jornadas de 'tira y afloja', el Gobierno y ERC llegan a un doble acuerdo –un primero cerrado y un segundo implícito en este– por el que se reservará un mínimo anual de 15 millones de euros para la producción de películas y series en catalán y demás lenguas cooficiales, de acuerdo a la futura Ley Audiovisual. La cesión de Pedro Sánchez se produce después de que el portavoz del partido republicano catalán, Gabriel Rufián, insinuara que si no lograba obtener esa cuota los Presupuestos del Estado 2022 no se aprobarían con facilidad.

El próximo martes 21 de diciembre el pleno del Senado decidirá si el proyecto para los Presupuestos es ratificado finalmente. Mientras tanto, ERC tendrá la futura Ley Audiovisual que reserva estos 15 millones de euros anuales de los fondos estatales para la producción de películas y series en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales.

En un principio, la negativa del Gobierno al pago de esta cuota anual era que las cuentas públicas de la "recuperación” tras la pandemia fueran aprobadas con un amplio margen en la Cámara alta sin necesidad de volver al Congreso para una nueva votación antes de que terminase el año. 

ERC y el Ejecutivo están de acuerdo en la idea de que es inviable obligar a las plataformas internacionales como Netflix, HBO, Amazon Prime o Disney+ a que garanticen una cuota del 6% de producción en lenguas cooficiales. Eso es algo que la norma elaborada por Economía, con la vicepresidenta Nadia Calviño al frente, obliga a hacer solo a las plataformas nacionales.

En la negociación, el Ministerio de Economía recalcó la imposibilidad de esta acción, que va en contra de la directiva europea y que podría ahuyentar inversiones de plataformas internacionales que son un objetivo estratégico para el Gobierno, que quiere convertir a España en un eje internacional de producción audiovisual.

El propósito de esta iniciativa es el fomento máximo de las lenguas cooficiales que el Gobierno y Calviño están dispuestos a promover. En este acuerdo solo resta que ERC y el Ejecutivo decidan cómo se plasman otros tipos de ayudas, incentivos y subvenciones, tanto para la elaboración de nuevos productos audiovisuales en catalán como para la traducción de material ya existente.

Rufián lamentó, sin embargo, que otros partidos independentistas, sobre todo a Junts, no se hubiesen sumado más a su palanca de presión sobre su defensa del catalán para haber conseguido mejor rédito.

El catalán en Netflix y en las aulas

En pleno jaleo con la ley audiovisual, la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña —ratificada por el Supremo— sobre la obligación de los colegios catalanes de impartir el 25% de las clases en castellano añade pasión a la cuestión lingüística. 

Tras los insultos y amenazas recibidas por la familia del niño discriminado en Canet de Mar por pedir cursar el 25% de las clases en castellano, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le daba la razón e imponía a la escuela ese porcentaje en lengua castellana.

Tras la sentencia, como contaba elcierredigital.com, la familia empezó a recibir amenazas y surgió una campaña de acoso que llegó a sugerir dejar al niño solo en clase o pasar a la acción apedreando la casa donde vive la familia. Varios de estos mensajes, algunos publicados en redes sociales, fueron denunciados.

El anuncio de fomentar la presencia del catalán en las plataformas de contenidos digitales llega escasos días después de estos sucesos, levantando una importante polémica la decisión del Gobierno de invertir 15 millones de euros en un pago que no asumirán las empresas de reproducción en streaming.

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