27 de mayo de 2020
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FIN DE SEMANA

La información de Elcierredigital sobre dos magistrados de la Audiencia de Madrid que investiga Anticorrupción es usada por la familia de Dimas Gimeno

Guerra por la herencia de El Corte Inglés: Denuncian irregularidades en el reparto de la fortuna de Isidoro Álvarez

Dimas Gimeno, Marta y Cristina Álvarez y Florencio Lasaga, presidente de la Fundación Ramón Areces.
Dimas Gimeno, Marta y Cristina Álvarez y Florencio Lasaga, presidente de la Fundación Ramón Areces.
La defensa de la madre de Dimas Gimeno -expresidente de los grandes almacenes y primo de la actual presidenta Marta Álvarez-, ha presentado hace diez días una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades durante el juicio sobre la herencia del patriarca Isidoro Álvarez y la supuesta desaparición de cinco millones de euros de parte de la herencia que deberían haber recaido en favor de María Antonia Álvarez, madre de Dimas Gimeno.

El fallecimiento en 2014 del gran jefe Isidoro Álvarez provocó el inicio de las hostilidades entre las dos facciones de la familia, la del anterior presidente de El Corte Inglés y sobrino de Isidoro Álvarez Álvarez, Dimas Gimeno, y las de las hijas adoptivas de Isidoro, Cristina y Marta Álvarez, nacidas en una relación anterior de María José Guil, la que fue compañera sentimental durante muchos años de este último patriarca de El Corte Inglés.

Ahora la hermana de Isidoro Álvarez ha emprendido acciones legales contra el reparto de su herencia, tras haber sido defenestrado del poder su hijo, Dimas Gimeno, aparentemente señalado como sucesor del fallecido y que había trabajado codo con codo con su tío. Dimas presidió este millonario grupo de distrubución entre los años 2014 y 2018, hasta la llegada de Cristina y Marta Álvarez, hijas adoptivas de Isidoro, que irrumpieron en el Consejo de Administración de El Corte Inglés.

Pero el camino no ha sido fácil para las hijas de María José Guil, adoptadas por Isidoro Álvarez en 2004. Muchos han sido los enfrentamientos judiciales con su primo Dimas al que al final lograron desbancar del sillón de poder de El Corte Inglés. En concreto, en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid por la demanda del primero contra las segundas por la herencia del empresario.

Éste fue el punto principal de enfrentamiento en la batalla familiar, que se saldó con la inicial victoria de Marta Álvarez Guil y su hermana Cristina. Rápidamente, Marta se convirtió en la primera mujer CEO de El Corte Inglés. Y Dimas Gimeno fue indemnizado con dos años de sueldo equivalente a más de ocho millones de euros.

Marta Álvarez, actual CEO de El Corte Inglés.

Sin embargo, el guión parece haber dado un giro inesperado. Este pasado 3 de febrero, la Fiscalía Anticorrupción recibió una denuncia en la que se le solicita que se investigue el cambio de ponente del caso en la sala donde será visto el recurso de apelación presentado contra la sentencia inicial.

Todo por un hecho excepcional que ocurrió en la sección 10 de la Audiencia Provincial de Madrid. Una mano sin determinar puso al magistrado José Manuel Arias Rodríguez como ponente del caso, una decisión cuya idoneidad se pone en duda el escrito de denuncia interpuesto por la abogada de la madre de Dimas Gimeno. En esta ocasión se argumentó que había recaído en este juez por la excesiva carga de trabajo del otros magistrados.

Además, para agravar el asunto la defensa de María Antonia Álvarez indica en su denuncia ante Anticorrupción la "supuesta" relación que existe "entre el magistrado Arias Rodríguez y el abogado Ramón Hermosilla, casualmente el letrado recurrente de la apelación objeto de las supuestas irregularidades en la herencia de el Corte Inglés y, además, albacea del testamento de Isidoro Álvarez.

Así, se señala que ha sido "contador partidor" de la herencia de Isidoro Álvarez, en la que presuntamente se "usurparon cinco millones de euros a doña María Antonia Álvarez". Precisamente, en la denuncia sobre la ilegalidad del cambio de ponente en este millonario y mediático caso, elcierredigital.com ya publicó en su día que el magistrado José Manuel Arias Rodríguez fue señalado por el empresario Jesús Gómez Castaño, que le denunció a él y al magistrado Ángel Sánchez Franco por pedir supuestamente dinero para influir favorablemente en un pleito que este empresario mantenía contra el Deutsche Bank, según publicamos y que este miércoles ha recogido Elindependiente.com.

La defensa de María Antonia Álvarez, hermana de Isidoro Álvarez, menciona así la serie de reportajes publicados por Elcierredigital sobre los magistrados José Manuel Arias Rodríguez y Ángel Sánchez Franco, ambos adscritos a la Audiencia Provincial de Madrid. 

La abogada de María Antonia Álvarez pide ahora a la Fiscalía Anticorrupción que  se “ha de investigar causas relacionadas  con resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid y defendidas por el despacho de abogados Ontier –del que Ramón Hermosilla es presidente de honor- y relacionadas con divorcios y temas familiares de personalidades relevantes de este país, que han tenido en estos jueces un claro cambio de rumbo en sus recursos de apelación”.

Nuevo frente judicial

Este conflicto judicial familiar por el poder en el Corte Inglés, que parecía ya cerrado, se enquista con este nuevo frente. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción debe decidir que hace con la denuncia interpuesta. Si abre diligencias informativas o la archiva. Si debe aclarar por qué se cambió al ponente original y trasladar todo el asunto a una nueva sección de la Audiencia Provincial de Madrid.

Son varios ya los casos que se agolpan en Anticorrupción sobre los cambios de ponentes en casos muy particulares. "Y siempre recaen en los mismos", señala a elcierredigital.com el empresario Jesús Gómez Castaño que interpuso la primera denuncia ante la Fiscalía  por su caso contra el Deustch Bank.

María Antonia Álvarez, hermana de Isidoro Álvarez y madre de Dimas Gimeno.

Toda la investigación de Anticorrupción debe descifrar ahora por qué alguien puso como nuevo ponente del caso de El Corte Inglés al señalado magistrado José Manuel Arias Rodríguez, cuya idoneidad se pone muy en duda por la denuncia de la abogada.

Textualmente, se expone lo siguiente: "Esta letrada ha tenido conocimiento por parte de los medios de comunicación (…) de una denuncia que se está investigando (…) contra la misma persona (José Manuel Arias), así como el hilo conductor a través de otro magistrado, don Ángel Sánchez Franco”.

Se refiere la abogada en su escrito a los varios casos ya publicados a lo largo de 2019 por Elcierredigital.com que recogían la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por el empresario Jesús Gómez Castaño, en las que acusaba al juez Sánchez Franco de pedir dinero para influir favorablemente en un pleito que tenía contra el Deutsche Bank. El denunciante solicitó investigar precisamente ese cambio de ponente que hubo en su juicio y que también recayó causualmente en José Manuel Arias Rodríguez.

El abogado Ramón Hermosilla, en entredicho

Con este precedente la defensa de María Antonia Álvarez solicita a la Fiscalía Anticorrupción que investigue estos hechos, así como la relación del abogado Ramón Hermosilla –albacea de Isidoro Álvarez- con los citados magistrados.

“También con causas relacionadas igualmente con resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid y llevadas por el despacho (de abogados) Ontier –del que Hermosilla es presidente de honor- y relacionadas con divorcios y temas familiares de personalidades relevantes de este país, que han tenido en estos jueces un claro cambio de rumbo en sus recursos de apelación”, añade.

En concreto, se refiere a varios casos de divorcios mediáticos contados por elcierredigital.com. En concreto, a los divorcios de Rafael del Pino y Miguel Blesa. Como también el caso de las hermanas Susana y Yolanda Garcia-Cereceda, dueñas del prestigioso restaurante Zalacaín y de la urbanización madrileña de lujo La Finca,  de la que también informó ampliamente en su día este periódico.

Además, Elcierredigital ya difundió el pasado mes de mayo de 2019 la versión del juez Sánchez Franco sobre los hechos denunciados por el empresario: "Yo creo que este señor (el denunciante), que era muy amigo mío, piensa que hay una trama orquestada en su contra y se quedó afectado por un pleito que al parecer perdió contra un banco y en el que yo no intervine en absoluto porque yo pertenezco a una sección  de Familia y su tema era Civil. Qué más quisiera yo que le hubiese salido bien el pleito porque cuando éramos amigos todos queremos que les vaya bien a nuestros amigos, pero la Justicia falló en su contra y yo no puedo hacer nada.  Su denuncia no es real, es cierto que nos vimos en diciembre y otro día en febrero. Yo le recomendé que interpusiera recurso de casación contra una sentencia que le había sido desfavorable, pero desconozco a día de hoy si lo hizo o no".

El juez Sánchez Franco explicó entonces en conversación telefónica con este periódico que el denunciante "se inventa estas acusaciones ahora, con una nueva persona de por medio, para sustentar toda su denuncia. No puede pretender que yo hable con un compañero para influir sobre un pleito, además es contradictorio en su denuncia porque después de aquella fiesta seguimos hablando por WhatsApp en tono afable, pero claro después de su denuncia perdimos la amistad. Si yo hubiera hecho todo eso lo lógico es que él me hubiese retirado la palabra de inmediato".

El precedente de la Sala 10

La denuncia de Jesús Gómez Castaño fue presentada el 4 de marzo de 2019 ante la Fiscalía Anticorrupción al entender el denunciante que el proceso de su demanda contra el banco Deutsche Bank, a quien le reclama ocho millones de euros, que había sufrido irregularidades por la presunta intervención de un conocido y controvertido juez, a quien identificó como Ángel Sánchez Franco y de quien dice que "conozco a don Ángel desde hace muchos años y tengo una relación aparentemente cordial con él".

En otro párrafo de la denuncia dice que "a lo largo de la comida me preguntó por un juicio que tengo con el Banco Deutsche Bank que para su resolución ahora mismo está en la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Madrid, recurso de apelación 985/2018".

Se queja el denunciante de que tras negarse a seguir hablando de ciertas insinuaciones que le habría hecho Ángel Sánchez en el sentido de que podía cambiar el ponente de su sentencia: "Me indicó que había visto quién componía el Tribunal y que él era muy amigo del presidente, el señor don José Manuel Arias Rodríguez y que podía provocar que el ponente cambiara".

Sede de la Audiencia Provincial de Madrid, hoy en proceso de ser investigada.

El denunciante se extrañó del cambio de ponente, ya que la anterior ponente había sido hasta entonces la jueza María Begoña Pérez Sanz, también de la sección 10ª de la Audiencia Provincial de Madrid.

"Ante esa afirmación yo le dije que creía que eso era imposible y él me dijo que confiara, que él lo había hecho en  multitud de ocasiones en la Audiencia en la que trabaja. Sin darme más detalles me dijo que así era (...). Yo me negué a seguir hablando del asunto, pensando que todo se trataba de una fanfarronería propia del ambiente en que estábamos".

Copia de la denuncia presentada en Anticorrupción.

El denunciante sigue con el relato de los hechos diciendo que "en el mes de enero siguiente, el abogado que me asiste en el juicio me dijo que se había cambiado el ponente, siendo el actual don José Manuel Arias Rodríguez".

Así ocurrió en una diligencia de ordenación dictada el 8 de enero de 2019: "Por motivos de agenda se designa nuevo Magistrado Ponente, en sustitución del Ilmo/a. Doña María Begoña Pérez Sanz, que venía designada originalmente, al Ilmo/a. Sr. Don José Manuel Arias Rodríguez, de lo que paso a dar cuenta a la Sala".

El demandante se extrañó de esta práctica, más cuando "sin razón aparente y de forma sorpresiva" el 25 de febrero de 2019 se señala para el día 26 de febrero de 2019 una providencia para reunir al Tribunal, deliberar y emitir un fallo. "El 26 de febrero de 2019 (...) D. Ángel me confirma que iba a perder el juicio y me da ciertas explicaciones, como que el asunto estaba mal planteado, que el peritaje que había hecho el banco era mucho mejor que el mío o que los bonos que se reclamaban cotizaban en Luxemburgo". La sorpresa para el denunciante es que "la sentencia todavía a día de hoy no ha sido redactada oficialmente, ni facilitada a las partes, ni publicada".

La denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción fue ampliada con nueva documentación aportada por el empresario Jesús Gómez Castaño y continúa su curso un año después de interpuesta. Y ahora afecta también, y mucho, a la guerra de poder por la herencia de El Corte Inglés.

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