18 de septiembre de 2021
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FIN DE SEMANA

Geroa Bai destapa que el PSOE aprobó que La Caixa asuma a Bankia y ejecute 8.000 despidos a pesar de rescatarla con 20.000 millones de dinero público

Pedro Sánchez controlará Caixabank tras un pacto entre Isidro Fainé y Salvador Illa

/ Isidro Fainé
Los más de 8.000 despidos que prepara La Caixa tras digerir Bankia, que fue rescatada por más de 20.000 millones de euros por el Estado, han molestado a algunos socios del PSOE tanto a nivel estatal como autonómico. Y es que Unidas Podemos y Geroa Bai ya han dejado constar su enfado.

La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace unos días recabó simpatías, incluso entre algunos sectores ajenos al progresismo, tras enviar una carta a La Caixa, que prepara más de 8.000 despidos tras digerir una entidad rescatada por el Estado con un gasto de más de 20.000 millones de euros, Bankia.

Este escándalo llega en un mal momento para La Caixa. Y es que el presidente de CriteriaCaixa y de la Fundación de la entidad de origen catalán, Isidro Fainé, acaba de ser imputado por el 'caso Villarejo' tras ser acusado de un presunto delito de cohecho activo.

Enfado de Geroa Bai

El senador navarro Koldo Martínez, que pertenece a Geroa Bai (socia del PSOE en la Comunidad Foral), denunció hace unos días que "tras la fusión de Caixabank y Bankia puede haber una operación política, con el objeto de controlar el primer banco español".

Martínez preguntó a Nadia Calviño sobre los beneficios para la sociedad de esta fusión "cuando las ventajas para la consolidación del sistema financiero no son evidentes, pero sí las consecuencias negativas con más de 8.000 despidos, cierre de cientos de sucursales y pérdida de ingresos para la Hacienda española y la Hacienda Foral navarra".

El senador fue rotundo: "Ministra, los ciudadanos hemos rescatado a la Banca española con miles de millones de euros en ayudas y hasta con un 'Banco malo'. Y mientras, la banca y sus directivos aumentan sus ganancias de manera escandalosa, desde 2014 se han perdido 27.000 empleos en banca -más de 100.000 desde 2008- y se han cerrado 10.000 sucursales, con lo que han empeorado el paro y la atención al ciudadano, y disminuido la recaudación fiscal".

Salvador Illa y Pedro Sánchez. Foto: Flickr PSOE. 

El miembro de Geroa Bai recordó que "Caixabank ha reconocido unos beneficios extraordinarios de 4.300 millones de euros, ya que el valor contable de Bankia es claramente superior a lo que ha pagado la entidad catalana.

Y añade: "Esta es una operación fundamentalmente política en la que el PSOE, a través de su sucursal catalana, quiere hacerse con el poder de Caixabank. Las conversaciones entre el antiguo ministro, Salvador Illa, y el presidente de la entidad, Fainé, pueden llevarnos a pensar en eso".

En esta operación, señalan fuentes gubernamentales a elcierredigital.com, también se encuadraría el fulminante relevo de Fernando Abril-Martorell al frente de otra compañía participada por el Estado, Indra, cuya presidencia ha asumido Marc Murtra, que ejerce como patrono de la Fundación La Caixa.

Cerrarán más de 1.500 oficinas en todo el Estado español

Geroa Bai ha desenfundado la espada contra el PSOE también en Navarra. El parlamentario Mikel Asiain recordó que "en los años posteriores al colapso de Lehman Brothers, y con el argumento de la estructuración del sector de la banca para lograr una mayor productividad y competitividad, se establecieron las modificaciones legales pertinentes para obligar a las Cajas de Ahorros a convertirse en bancos; y de ahí las fusiones y absorciones hasta llegar a la situación actual con tan sólo unas pocas entidades, bancos todas ellas, a excepción de las cooperativas de crédito".

"Ello -añadió- ha supuesto el cierre de numerosas oficinas, dejando a un creciente número de poblaciones sin servicio alguno, incluso sin cajeros. Ha conllevado, además, un incremento de comisiones por todo tipo de cuestiones, la reducción de horarios de atención al público, con menos personal por oficinas, potenciando el autoservicio sin tener en cuenta la importante brecha digital existente en nuestra sociedad".

Y recordó que "para todo ese desarrollo de fusiones y absorciones a nivel estatal, el erario público aportó más de 60.000 millones de euros, de los que apenas se han recuperado 4.000". Cabe recordar que la 'fusión' provocará el cierre de 1.534 oficinas.

Las indemnizaciones del Banco de España

El Tribunal de Cuentas desveló que el Banco de España ha estado despidiendo a su cúpula en los últimos ocho años con indemnizaciones superiores a las que contempla la ley. 

Y este hecho ha provocado que el senador Koldo Martínez también haya preguntado al Gobierno de España "si tiene previsto reclamar a los directivos cesados del Banco de España las cantidades cobradas indebidamente, tras comprobar que el organismo regulador ha incumplido su propio reglamento en materia de indemnizaciones a sus ejecutivos y la normativa que afecta a todo el sector público".

"Hemos asistido estas semanas a un espectáculo lamentable. Directivos de banca aumentándose sus astronómicos sueldos mientras despiden a miles de empleados, algo que denuncié en el Senado la semana pasada. Y ahora, gracias a una investigación periodística, nos enteramos de que el Banco de España ha optado, a la hora de indemnizar a sus ejecutivos cesados, por pagarles lo que regulaba el Estatuto de los Trabajadores, en lugar de las indemnizaciones que recogió la reforma laboral de Mariano Rajoy y que reducen notablemente las indemnizaciones por despido", señala el navarro.

Martínez tilda de "fraude de ley" la decisión del comité ejecutivo del Banco de España de elevar las indemnizaciones de sus directivos por encima del marco legal y de su propia normativa. Y recordó que el Gobernador del Banco de España fue muy crítico con la derogación de la reforma laboral.

"Consejos vendo que para mí no tengo, parece ser la máxima de los responsables del Banco de España que a la hora de aplicarse indemnizaciones para gratificar a sus directivos se han saltado la reforma laboral de Rajoy y las leyes que regulan este tema para el sector público. Es decir, que la reducción en las indemnizaciones para los trabajadores en general les parece adecuada, pero cuando se trata de su gente prefieren volver a lo que regulaba el Estatuto de los Trabajadores".

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