12 de diciembre de 2019
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FIN DE SEMANA

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional quiere inhibirse en favor de la fiscalía alemana que pidió el traslado de la causa

Nueve mil propietarios de Volkswagen intentan que sus reclamaciones por el "dieselgate" no se juzguen en Alemania

Un montaje de la web Xataka para reflejar el dieselgate.
Un montaje de la web Xataka para reflejar el dieselgate.
El juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional quiere mandar el llamado "dieselgate español" a un tribunal alemán, para evitar pronunciarse en España contra a multinacional alemana, a pesar de que la causa afecta al menos a 9.000 usuarios españoles de Volswagen, Audi y Skoda. El Tribunal español Intenta así inhibirse en favor de un tribunal de la ciudad alemana de Dusseldorf que ya falló a favor de un comprador alemán, mientras los afectados españoles pelean por evitarlo.

Volkswagen se enfrenta en España a una demanda colectiva por estafa y publicidad engañosa de más de 9000 usuarios de vehículos de la marca Volkswagen, aunque en realidad en España hay unos 700.000 afectados por el “dieselgate” sólo han denunciado nueve mil hasta ahora. Pero esa causa puede ser juzgada en Alemania si prospera el auto del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno, que acumula todas las denuncias.

El escándalo comenzó en la multinacional alemana en septiembre de 2015 cuando se descubrió que los fabricantes habían instalado un software en 11 millones vehículos para alterar los controles técnicos de emisión de contaminantes de los vehículos diesel vendidos entre 2009 y 2015.

Con esta trampa los coches de la marca Volskwagen, Audi y Skoda superaban los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Sin embargo, los vehículos afectados emiten en condiciones reales hasta 40 veces el límite legal de óxidos de nitrógeno. Por este mismo asunto, en octubre de 2016, Volkswagen pactó con las autoridades de Estados Unidos pagar 17.500 millones de dólares como compensación a los propietarios de los vehículos afectados y a los concesionarios que los habían vendido.

En España, los usuarios agrupados en torno a una asociación de afectados que recoge las denuncias de unos dos mil usuarios se han puesto de acuerdo para intentar que las denuncias no salgan de España y por ello han planteado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El abogado que los representa en nombre de los doce bufetes implicados es José Antonio Tuero Sánchez, que ha presentado 39 alegaciones para que la causa sea sentenciada por un tribunal español y no alemán.

La multinacional alemana tomó, supuestamente, medidas para corregir este problema en Europa, instalando un nuevo software en los vehículos. Sin embargo, en febrero de 2016 un particular compró un Volkswagen Tiguan de segunda mano en Düsserldorf (Alemania) y, tras un exhaustivo análisis, abrió la caja de los truenos al descubrir que este software de actualización tenía dos modos de funcionamiento, uno que reflejaba una "alta tasa de recirculación de gases de escape" y una emisión baja de óxidos de nitrógeno y otro modo en el que reducía bastante la recirculación de los gases de escape. Según la investigación, el vehículo solo funcionaba en el primero de los modos y no en el segundo, así que demandó al fabricante.

Los usuarios españoles descubrieron entonces que Volkswagen, lejos de acabar con el problema lo había incrementado, ya que habían parcheado con otro software este último software, es  decir, que la emisión de gases contaminantes seguía siendo la misma y en la ITV española los descubrieron, aunque se activaba entre los 16 y los 32 grados de temperatura exterior, es decir, dentro de una nave de ITV donde se hacen las pruebas los coches no contaminaban.

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Luca de Meo, presidente de Volskwagen | El Periódico

En medio de toda esta pelea, la sentencia del tribunal alemán de Düsserldof fue favorable al propietario de vehículo y obligó a pagar a Volkswagen daños y perjuicios, pero sobre todo abrió una puerta a una investigación mucho mayor que plantea efectivamente que la actualización software de Volkswagen no se activa en todo tipo de condiciones, tampoco en los vehículos vendidos en España.

El 31 de julio de 2019 la Séptima Sala de lo Civil del Tribunal Regional de Düsseldorf, dictaba sentencia asegurando que “el nuevo software instalado por Volkswagen para acabar con la manipulación de las emisiones que se investiga en el presente procedimiento es, en realidad, otro método de manipulación de emisiones”. Es decir, que la empresa instaló otro programa que en realidad servía para detectar cuando el vehículo estaba en un banco de pruebas y reducía las emisiones, según la demanda interpuesta por varias asociaciones de afectados, que reúnen a nueve mil afectados, un parche sobre otro parche.

Aquí el caso lo ha llevado el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que ahora mediante un auto quiere inhibirse de las denuncias por estafa y publicidad engañosa a favor de la justicia alemana. Es decir, deshacerse de una patata caliente en toda regla, y además cuenta con la petición oficial de la Fiscalía alemana para hacerlo.

Los damnificados se agrupan en España

José Antonio Tuero Sánchez, abogado de la principal asociación de afectados, que representa a dos mil propietarios, de los nueve mil denunciantes, explica a elcierredigital.com que el objetivo de la querella es que la multinacional acabe “recomprando los coches defectuosos o indemnizando a los usuarios”.

Ahora la asociación tratará, mediante un recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo, que el caso español no se una a la causa en Alemania. El juzgado español remitió el caso a Alemania antendiendo a una petición de la fiscalía de Braunschweig que en julio de 2018 ofreció “la asunción de la persecución penal en España respecto al asunto de Volkswagen”, siguiendo el ejemplo del camino jurídico ya seguido por tribunales en Suiza, Austria y Suecia.

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Imagen del abogado José Antonio Tuero

De momento, en el Grupo Volkswagen de España, presidido desde hace un año por el italiano Luca de Meo, no se han pronunciado al respecto a las preguntas enviadas por elcierredigital.com, aunque respondieron a la web Xataka que recogió un comunicado de la compañía que aseguraba que la activación de este software no tiene nada que ver "con un dispositivo trucado e ilegal, y sus coches cumplen con la ley. De hecho, aseguran, el uso de rangos de temperatura en diversos dispositivos se usa en vehículos diésel producidos en la UE desde hace años".

El miedo ahora de los afectados españoles es que si las denuncias salen de nuestras fronteras pueden convertirse en una macrocausa sujeta a las influencias de los lobbys de poder económico y financieros europeos y que, por tanto, las reclamaciones de los españoles caigan en saco roto.

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