24 de agosto de 2019
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EDICIÓN VERANO

El hoy abogado de los trabajadores del banco asegura que se les recortan el 40 por ciento de la jubilación en los planes contratados

El exjuez Elpidio Silva revela que "La Caixa externalizó el sistema de pensiones de sus empleados bajo la cultura de la especulación y el pelotazo”

Una oficina de La Caixa.
Una oficina de La Caixa.
A pesar de que en sus inicios, hace más de 170 años, la futura Caixa se creaba como una institución privada que ofrecía a los trabajadores un mecanismo que les aseguraba ante la vejez y la invalidez, son ahora precisamente los propios trabajadores de la entidad quienes están llevando ante los tribunales de Justicia el fiasco de la gestión de sus planes de pensiones contratados con el mismo banco.

El origen del conflicto de empleados de La Caixa contra su propio banco está en la externalización del sistema de pensiones de los empleados que se promovió por la Caixa en el año 2000. Las desavenencias se centran en la prestación de jubilación que el plan de pensiones paga a los empleados que se están jubilando desde entonces, que consideran que se ve mermada en hasta un 40 por ciento frente a los derechos que adquirieron inicialmente frente a la caja, que garantizaba el 100 por ciento de la jubilación.

En un comunicado de prensa del abogado Elpidio Silva, cuyo despacho representa al colectivo más importante de empleados afectados por la externalización de las pensiones de la Caixa, se recalca que la gestión de los fondos por parte de su actual tenedora “ha sido un fiasco” y culpa al PP de José María Aznar y a la falta de escrúpulos de su entonces vicepresidente y ministro de economía, Rodrigo Rato, por reglamentar la externalización de los fondos de las empresas, en plena cultura de la “burbuja inmobiliaria”, como si fuera un “chiringuito” al margen de los trabajadores, que eran sin embargo los verdaderos titulares de esos fondos.

El exjuez y ahora abogado Elpidio Silva.

Este abogado especializado en la lucha contra la corrupción considera en su comunicado que “el error de aquella reglamentación con carácter general fue que no ofreció a los trabajadores la posibilidad de elegir si lo que querían era suscribir un plan de pensiones o un contrato de seguros, y con quien querían suscribirlo”, sigue diciendo el ex magistrado, para quien “el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores del año 1999 no preveía la responsabilidad de nadie si la transferencia de esos fondos se hacía mal, ni siquiera del Estado, a pesar de que la externalización se imponía como algo obligatorio sin alternativas posibles, sin que los empleados pudieran elegir la compañía de seguros o la entidad de crédito con la que pudieran contratar la externalización de sus pensiones, y sin que tampoco se les reconociera ningún tipo de acción para que al menos pudieran defender ante los tribunales de justicia sus derechos consolidados si la transferencia se hacía mal”.

Como señala el exjuez Silva, “el Reglamento que firmó Rato para instrumentalizar la externalización de esos fondos solo se fijaba en las ventajas fiscales de la operación, pero no reparaba en las posibles responsabilidades civiles si la participación del trabajador perdía poder adquisitivo durante la transferencia” como por ejemplo luego ocurrió con las pensiones de los empleados de la Caixa, que empezaron a perder entre el 10% y el 20% de sus ingresos, llegando a pérdidas de incluso el 40 % ,“mientras que antes cuando se jubilaban cobraban el 100% del importe del último sueldo”.

Para Elpidio Silva, la solución al problema de la externalización de los fondos de la Caixa pasa por comprender además “que las entidades de crédito en realidad no estaban obligadas a la externalización, y si al final cedieron los fondos de sus empleados es porque quisieron, ya que nadie les obligaba a ello, de manera que si luego les salió mal la jugada deberían de responder, solidariamente con los depositarios de esos fondos, frente a los empleados y familiares”.

Pero es que además “la Caixa no externalizó nada, porque seguía siendo la depositaria de los fondos, con lo que al final resulta que la operación fue un paripé, un fraude para modificar las rígidas garantías de la antigua previsión social de sus empleados y reducir la participación de la empresa, que a partir de entonces podía ya especular libremente con un dinero que paradójicamente no era suyo”, concluye el exmagistrado.

 

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