Los funcionarios son parte de los 3,2 millones de empleados del Estado y "exigen también teletrabajar"

Los trabajadores de las empresas públicas forman parte de los 3,2 millones de empleados del Estado que también tienen derecho al teletrabajo en los puestos en los que puede hacerse. Así lo exige la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que hasta ahora se ha encontrado con empresas públicas muy remisas a aplicar el teletrabajo. Justifican que su modelo de trabajo es presencial y se lo han denegado a sus empleados, que han hecho esta petición al vivir en zonas confinadas y tener que coger el transporte público en hora punta. Una situación que no sucede ni en las empresas privadas.

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige que todas las empresas públicas, sin excepción, deben aplicar el teletrabajo en los puestos en los que puede hacerse a sus empleados en las mismas condiciones que el resto del sector público (Administración General del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, etc).

En una época en la que desde el Gobierno se recomienda y se va a regularizar el trabajo  distancia, CSIF no concibe que se deniegue el derecho del teletrabajo a ningún empleado público en los puestos que sean compatibles con esta modalidad. Máxime porque en los momentos más críticos de la pandemia, cuando los empleados trabajaron desde sus casas, se llevó a cabo el trabajo a distancia con el mismo rendimiento.

De ahí esta contradicción, trasladada por empleados de empresas públicas, que denuncia CSIF y que debe corregirse con urgencia entre otras razones porque Función Pública va a regular el teletrabajo como un derecho básico para el personal funcionario y laboral del sector público.

El sindicato exige a todas las empresas públicas desarrollar su propia norma y determinar el porcentaje de servicio que se pueda realizar mediante el teletrabajo. Así, se combinará la presencialidad y el trabajo a distancia en el régimen que se establezca, garantizando siempre la calidad del servicio público y la atención presencial a la ciudadanía.